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El PP denuncia a À Punt por dos noticias «erróneas»

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VALÈNCIA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) –

El Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha interpuesto una denuncia contra À Punt tras la emisión de dos noticias erróneas que tienen relación con el PP y que «dañan gravemente su imagen», ante la ausencia de una rectificación «acorde a la noticia emitida» por parte del ente. En concreto, se refieren a una noticia sobre la petición de Les Corts para que la AP-7 fuera gratuita y otra sobre la votación de la ley de reapertura del ente en 2015.

Así, el GPP ha presentado una demanda de ejercicio de derecho de rectificación contra Societat Anónima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana (À Punt) para exigir responsabilidades, han informado los ‘populares’ en un comunicado.

En este sentido, el presidente del GPP y portavoz del Grupo Popular en la Comisión Parlamentaria de Radiotelevisió Valenciana i de l’ Espai Audiovisual, Jorge Bellver ha informado que À Punt «divulgó una información errónea» relativa a la gratuidad de la AP7″ en la que se afirmaba que «tots els partits a Les Corts excepte el PP han demanat que siga gratuita a partir de 2020», algo que, según su opinión, «no es cierto».

Así, ha denunciado que «cualquiera puede saber con un sencillo ejercicio de hemeroteca que el PP siempre se ha postulado a favor de la gratuidad de la AP7 a partir de 2020», y que se opuso «a la prórroga de la concesión de la citada autopista». «Tanto es así que el PP votó a favor de una proposición no de ley (PNL), apoyada unánimemente por todos los grupos, en la sesión de la Comisión de Obras Públicas, Infraestructuras y transportes celebrada el día 23 de febrero de 2016», han apuntado.

Además, otro de los «graves errores» que se recoge en la demanda tiene que ver con otra información «errónea» relativa a la Ley aprobada en 2015 para la recuperación del servicio público de radio y televisión autonómicas, al señalar que la misma se aprobó «amb el vot a favor del PSPV, Compromís i Podem, la abstenció de Ciutadans i el vot en contra del PP», lo cual «no es cierto», ya que el GPP «se abstuvo», algo «fácil de comprobar».

Bellver ha indicado que se remitió una carta a la directora del ente, Empar Marco, instándole a publicar una rectificación en el plazo de tres días tal y como marca la ley «sin que hasta la fecha se haya procedido a la lectura de la rectificación remitida por parte del citado medio de comunicación televisivo».

Según los ‘populares’, la divulgación por parte del medio de comunicación de estas noticias erróneas y la falta de divulgación de la rectificación remitida, «dañan gravemente la imagen del PP». Por ello, han instado a À Punt a «difundir íntegramente la rectificación en su propios términos, con relevancia semejante a la que se le dio a la noticia errónea, sin comentarios ni apostillas».

«UN DEBATE SESGADO Y EDITADO»
Bellver ha señalado que no es el único caso de «manipulación» que el PP «ha sufrido en los pocos días que lleva en marcha», y ha citado el primer debate que se emitió: «Asistimos sorprendidos a un debate editado y seccionado, donde el PP, el partido más votado por los ciudadanos que están viendo la tele, sospechosamente desaparecía en el bloque de conclusiones en favor de los grupos políticos que sustentan el Botànic».

«La objetividad ha quedado muy comprometida en À Punt, teníamos esperanzas en que comenzara con libertad e independencia pero el primer día ya la habían vendido», ha asegurado el diputado del PP.

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Cuándo entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios del Estado: fecha prevista y a quién afecta

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La jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE) entrará en vigor previsiblemente en marzo de 2026, una vez sea aprobada formalmente en la Mesa General de Negociación. Así lo ha confirmado el sindicato Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT), que considera esta medida una “punta de lanza” para extender la reducción de jornada al conjunto de trabajadores.

Fecha prevista de entrada en vigor

Según lo acordado en la Comisión Permanente de Negociación de la AGE, la propuesta será elevada a la Mesa General en las próximas semanas con el objetivo de que la resolución se publique antes de que termine febrero y pueda aplicarse a partir de marzo de 2026.

De este modo, los funcionarios y el personal laboral de la Administración General del Estado no tendrán que esperar demasiado para la aplicación oficial de la jornada de 35 horas semanales.

¿A quién se aplicará la jornada de 35 horas?

La medida afectará a:

  • Todo el personal de la Administración General del Estado (AGE).

  • El sector público estatal.

Quedan excluidos, por el momento:

  • Instituciones Penitenciarias, que requerirán una instrucción específica.

  • Docentes y personal sanitario de Ceuta y Melilla, que también necesitarán una regulación adicional.

UGT defiende la medida tras el rechazo del Congreso

La secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, ha lamentado que el Congreso de los Diputados rechazara hace menos de un año la reducción de la jornada máxima legal a 37,5 horas semanales. Según la dirigente sindical, aquello supuso “perder una oportunidad histórica” para mejorar la salud laboral, la calidad del trabajo y la estabilidad en el empleo.

Araque ha defendido que las 35 horas en la Administración del Estado no deben interpretarse como un agravio comparativo, sino como un paso adelante que podría impulsar cambios en el sector privado y en otras administraciones autonómicas.

Impacto en otras comunidades autónomas

Desde UGT señalan que esta decisión podría influir en comunidades como la Comunidad de Madrid, que había condicionado su aplicación a que el Gobierno central diera primero el paso. La entrada en vigor en la AGE podría, por tanto, acelerar decisiones similares en otros territorios.

Un paso hacia la reducción general de jornada

La aplicación de la jornada de 35 horas semanales en la Administración del Estado se interpreta como un movimiento estratégico que podría abrir la puerta a nuevas negociaciones en el ámbito laboral estatal y privado.

Si se cumplen los plazos previstos, marzo de 2026 marcará el inicio oficial de la nueva jornada laboral para miles de funcionarios en España.

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