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El PP denuncia a À Punt por dos noticias «erróneas»

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VALÈNCIA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) –

El Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha interpuesto una denuncia contra À Punt tras la emisión de dos noticias erróneas que tienen relación con el PP y que «dañan gravemente su imagen», ante la ausencia de una rectificación «acorde a la noticia emitida» por parte del ente. En concreto, se refieren a una noticia sobre la petición de Les Corts para que la AP-7 fuera gratuita y otra sobre la votación de la ley de reapertura del ente en 2015.

Así, el GPP ha presentado una demanda de ejercicio de derecho de rectificación contra Societat Anónima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana (À Punt) para exigir responsabilidades, han informado los ‘populares’ en un comunicado.

En este sentido, el presidente del GPP y portavoz del Grupo Popular en la Comisión Parlamentaria de Radiotelevisió Valenciana i de l’ Espai Audiovisual, Jorge Bellver ha informado que À Punt «divulgó una información errónea» relativa a la gratuidad de la AP7″ en la que se afirmaba que «tots els partits a Les Corts excepte el PP han demanat que siga gratuita a partir de 2020», algo que, según su opinión, «no es cierto».

Así, ha denunciado que «cualquiera puede saber con un sencillo ejercicio de hemeroteca que el PP siempre se ha postulado a favor de la gratuidad de la AP7 a partir de 2020», y que se opuso «a la prórroga de la concesión de la citada autopista». «Tanto es así que el PP votó a favor de una proposición no de ley (PNL), apoyada unánimemente por todos los grupos, en la sesión de la Comisión de Obras Públicas, Infraestructuras y transportes celebrada el día 23 de febrero de 2016», han apuntado.

Además, otro de los «graves errores» que se recoge en la demanda tiene que ver con otra información «errónea» relativa a la Ley aprobada en 2015 para la recuperación del servicio público de radio y televisión autonómicas, al señalar que la misma se aprobó «amb el vot a favor del PSPV, Compromís i Podem, la abstenció de Ciutadans i el vot en contra del PP», lo cual «no es cierto», ya que el GPP «se abstuvo», algo «fácil de comprobar».

Bellver ha indicado que se remitió una carta a la directora del ente, Empar Marco, instándole a publicar una rectificación en el plazo de tres días tal y como marca la ley «sin que hasta la fecha se haya procedido a la lectura de la rectificación remitida por parte del citado medio de comunicación televisivo».

Según los ‘populares’, la divulgación por parte del medio de comunicación de estas noticias erróneas y la falta de divulgación de la rectificación remitida, «dañan gravemente la imagen del PP». Por ello, han instado a À Punt a «difundir íntegramente la rectificación en su propios términos, con relevancia semejante a la que se le dio a la noticia errónea, sin comentarios ni apostillas».

«UN DEBATE SESGADO Y EDITADO»
Bellver ha señalado que no es el único caso de «manipulación» que el PP «ha sufrido en los pocos días que lleva en marcha», y ha citado el primer debate que se emitió: «Asistimos sorprendidos a un debate editado y seccionado, donde el PP, el partido más votado por los ciudadanos que están viendo la tele, sospechosamente desaparecía en el bloque de conclusiones en favor de los grupos políticos que sustentan el Botànic».

«La objetividad ha quedado muy comprometida en À Punt, teníamos esperanzas en que comenzara con libertad e independencia pero el primer día ya la habían vendido», ha asegurado el diputado del PP.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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