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El PP denuncia a À Punt por dos noticias «erróneas»

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VALÈNCIA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) –

El Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha interpuesto una denuncia contra À Punt tras la emisión de dos noticias erróneas que tienen relación con el PP y que «dañan gravemente su imagen», ante la ausencia de una rectificación «acorde a la noticia emitida» por parte del ente. En concreto, se refieren a una noticia sobre la petición de Les Corts para que la AP-7 fuera gratuita y otra sobre la votación de la ley de reapertura del ente en 2015.

Así, el GPP ha presentado una demanda de ejercicio de derecho de rectificación contra Societat Anónima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana (À Punt) para exigir responsabilidades, han informado los ‘populares’ en un comunicado.

En este sentido, el presidente del GPP y portavoz del Grupo Popular en la Comisión Parlamentaria de Radiotelevisió Valenciana i de l’ Espai Audiovisual, Jorge Bellver ha informado que À Punt «divulgó una información errónea» relativa a la gratuidad de la AP7″ en la que se afirmaba que «tots els partits a Les Corts excepte el PP han demanat que siga gratuita a partir de 2020», algo que, según su opinión, «no es cierto».

Así, ha denunciado que «cualquiera puede saber con un sencillo ejercicio de hemeroteca que el PP siempre se ha postulado a favor de la gratuidad de la AP7 a partir de 2020», y que se opuso «a la prórroga de la concesión de la citada autopista». «Tanto es así que el PP votó a favor de una proposición no de ley (PNL), apoyada unánimemente por todos los grupos, en la sesión de la Comisión de Obras Públicas, Infraestructuras y transportes celebrada el día 23 de febrero de 2016», han apuntado.

Además, otro de los «graves errores» que se recoge en la demanda tiene que ver con otra información «errónea» relativa a la Ley aprobada en 2015 para la recuperación del servicio público de radio y televisión autonómicas, al señalar que la misma se aprobó «amb el vot a favor del PSPV, Compromís i Podem, la abstenció de Ciutadans i el vot en contra del PP», lo cual «no es cierto», ya que el GPP «se abstuvo», algo «fácil de comprobar».

Bellver ha indicado que se remitió una carta a la directora del ente, Empar Marco, instándole a publicar una rectificación en el plazo de tres días tal y como marca la ley «sin que hasta la fecha se haya procedido a la lectura de la rectificación remitida por parte del citado medio de comunicación televisivo».

Según los ‘populares’, la divulgación por parte del medio de comunicación de estas noticias erróneas y la falta de divulgación de la rectificación remitida, «dañan gravemente la imagen del PP». Por ello, han instado a À Punt a «difundir íntegramente la rectificación en su propios términos, con relevancia semejante a la que se le dio a la noticia errónea, sin comentarios ni apostillas».

«UN DEBATE SESGADO Y EDITADO»
Bellver ha señalado que no es el único caso de «manipulación» que el PP «ha sufrido en los pocos días que lleva en marcha», y ha citado el primer debate que se emitió: «Asistimos sorprendidos a un debate editado y seccionado, donde el PP, el partido más votado por los ciudadanos que están viendo la tele, sospechosamente desaparecía en el bloque de conclusiones en favor de los grupos políticos que sustentan el Botànic».

«La objetividad ha quedado muy comprometida en À Punt, teníamos esperanzas en que comenzara con libertad e independencia pero el primer día ya la habían vendido», ha asegurado el diputado del PP.

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Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz por llamarlo “abusador sexual”

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julio iglesias estado salud
Julio Iglesias-ARCHIVO

Julio Iglesias pasa al contraataque judicial contra Yolanda Díaz

El cantante Julio Iglesias ha presentado una demanda de conciliación contra la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, por las declaraciones en las que lo calificó de “abusador sexual” y habló de supuestas situaciones de “esclavitud” y “estructura de poder basada en la agresión permanente”.

La acción judicial, paso previo a una posible querella por calumnias o injurias, solicita que la ministra de Trabajo se retracte públicamente, reconozca el daño causado y abone una indemnización en función de la difusión de sus manifestaciones.


La demanda se produce tras el archivo de la denuncia en la Audiencia Nacional

El movimiento del artista llega después de que la denuncia presentada por dos extrabajadoras ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional fuera archivada en enero por falta de competencia.

Según el escrito de la defensa, Iglesias nunca ha tenido la condición de investigado ni de sospechoso en el procedimiento.


Las declaraciones de Yolanda Díaz en redes y televisión

Los abogados del cantante señalan especialmente un mensaje publicado por Díaz en redes sociales el 13 de enero, en el que aludía a testimonios de extrabajadoras y agradecía a periodistas por difundir el caso.

Además, citan una entrevista en televisión en la que la vicepresidenta se refirió al artista como “presunto agresor” y habló de vulneraciones graves de derechos en el entorno laboral.

Tras conocerse la demanda, Díaz reafirmó su postura señalando que seguirá defendiendo a las mujeres trabajadoras “con denuncias o sin denuncias”.


La defensa invoca la presunción de inocencia

El equipo jurídico del cantante, encabezado por el penalista José Antonio Choclán, sostiene que las declaraciones de la vicepresidenta vulneran el derecho a la presunción de inocencia y afectan al honor y la reputación del artista.

El escrito argumenta que atribuir la condición de víctimas a las denunciantes sin hechos acreditados supone emitir prejuicios de culpabilidad desde una posición institucional.


Posibles nuevas acciones legales

La demanda de conciliación es el primer paso dentro de una estrategia legal más amplia. La defensa también ha solicitado acceder al contenido íntegro de las actuaciones de la Fiscalía para valorar si procede emprender otras acciones, incluido el análisis de un posible delito de denuncia falsa.


Un conflicto con dimensión política y mediática

El caso añade tensión al debate público sobre las acusaciones, el papel de las instituciones y la protección de la reputación, situando el foco tanto en el ámbito judicial como en el político.

La evolución del procedimiento dependerá ahora de si se produce un acto de conciliación o si finalmente se formaliza una querella.


 

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