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El PP exigirá en Les Corts la paralización del proyecto de la CV-500

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VALÈNCIA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) –

El Grupo Parlamentario Popular en Les Corts ha anunciado que presentará una Proposición No de Ley para «exigir que se paralice el proyecto de la Generalitat en la CV-500» y ha pedido al PSPV y a la Generalitat «que se pronuncien de forma contundente y clara».

La diputada y portavoz del PP en el Ayuntamiento de València, María José Catalá, ha pedido al PSPV y a la Generalitat que «se pronuncien de forma contundente y clara para paralizar el proyecto de la CV-500, que tiene una fuerte contestación social por todos los vecinos de las pedanías del sur de València».

En este sentido, Catalá ha remarcado que el jueves en el Pleno del Ayuntamiento de València Compromís y el PSPV no apoyaron la paralización del proyecto pedida por el PP y apostaron por una «moción descafeinada» que «no cumple las expectativas de los vecinos».

«No valen las buenas palabras e intenciones del conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España. Deben mojarse en Les Corts y votar a favor de la paralización del proyecto», ha señalado.

Según la portavoz ‘popular’, «tal y como han denunciando los vecinos, el proyecto de la Generalitat en la CV-500 va a suponer pérdidas importantes para hosteleros y comerciantes, y va a dificultar la movilidad para todos los vecinos, ya que la CV-500 es el único acceso que tienen a València».

Además, Catalá ha anunciado que el grupo parlamentario ‘popular’ presentará enmiendas a la Generalitat «para que se invierta en la Albufera y se pueda iniciar su dragado integral». «Es lo que realmente preocupa a los vecinos, la situación crítica de la Albufera. El Consell debe invertir en la Albufera y paralizar el proyecto de la CV-500 hasta que no haya consenso», ha aseverado.

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Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz por llamarlo “abusador sexual”

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julio iglesias estado salud
Julio Iglesias-ARCHIVO

Julio Iglesias pasa al contraataque judicial contra Yolanda Díaz

El cantante Julio Iglesias ha presentado una demanda de conciliación contra la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, por las declaraciones en las que lo calificó de “abusador sexual” y habló de supuestas situaciones de “esclavitud” y “estructura de poder basada en la agresión permanente”.

La acción judicial, paso previo a una posible querella por calumnias o injurias, solicita que la ministra de Trabajo se retracte públicamente, reconozca el daño causado y abone una indemnización en función de la difusión de sus manifestaciones.


La demanda se produce tras el archivo de la denuncia en la Audiencia Nacional

El movimiento del artista llega después de que la denuncia presentada por dos extrabajadoras ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional fuera archivada en enero por falta de competencia.

Según el escrito de la defensa, Iglesias nunca ha tenido la condición de investigado ni de sospechoso en el procedimiento.


Las declaraciones de Yolanda Díaz en redes y televisión

Los abogados del cantante señalan especialmente un mensaje publicado por Díaz en redes sociales el 13 de enero, en el que aludía a testimonios de extrabajadoras y agradecía a periodistas por difundir el caso.

Además, citan una entrevista en televisión en la que la vicepresidenta se refirió al artista como “presunto agresor” y habló de vulneraciones graves de derechos en el entorno laboral.

Tras conocerse la demanda, Díaz reafirmó su postura señalando que seguirá defendiendo a las mujeres trabajadoras “con denuncias o sin denuncias”.


La defensa invoca la presunción de inocencia

El equipo jurídico del cantante, encabezado por el penalista José Antonio Choclán, sostiene que las declaraciones de la vicepresidenta vulneran el derecho a la presunción de inocencia y afectan al honor y la reputación del artista.

El escrito argumenta que atribuir la condición de víctimas a las denunciantes sin hechos acreditados supone emitir prejuicios de culpabilidad desde una posición institucional.


Posibles nuevas acciones legales

La demanda de conciliación es el primer paso dentro de una estrategia legal más amplia. La defensa también ha solicitado acceder al contenido íntegro de las actuaciones de la Fiscalía para valorar si procede emprender otras acciones, incluido el análisis de un posible delito de denuncia falsa.


Un conflicto con dimensión política y mediática

El caso añade tensión al debate público sobre las acusaciones, el papel de las instituciones y la protección de la reputación, situando el foco tanto en el ámbito judicial como en el político.

La evolución del procedimiento dependerá ahora de si se produce un acto de conciliación o si finalmente se formaliza una querella.


 

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