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EL PP sobre el nombramiento de Moreno en À Punt: «Demuestra sin disimulo la intención de tener una TV politizada»

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VALÈNCIA, 4 May. (EUROPA PRESS) –

El presidente del grupo ‘popular’ en Les Corts, Jorge Bellver, ha criticado este viernes el nombramiento de Josep Moreno como responsable de Comunicación de À Punt, una decisión que considera que «demuestra ya sin disimulo la intención de PSPV y Compromís de tener una televisión pública a su servicio y absolutamente politizada».

Bellver ha señalado en un comunicado que la elección de Moreno «no es casual» y ha indicado que, «de todas las personas que podían haber elegido para el puesto, sitúan a un exjefe de gabinete del PSPV, que más tarde pasó a ser diputado en Les Corts».

Asimismo, ha añadido que durante el tiempo en que estuvo en el Parlamento valenciano, Moreno «fue más conocido por los numeritos, las broncas y las intervenciones que rayaban la mala educación y los insultos al PPCV que por el contenido de las mismas».

Además, Bellver ha indicado que Moreno «carece de titulación». «Nos gustaría saber si se han barajado más nombres para ese puesto, porque cuesta creer que no se haya encontrado en toda la Comunitat Valenciana a un profesional con una titulación acorde con el desempeño de las funciones que va a desarrollar», ha indicado.

«Si lo que buscan desde À Punt es tener al frente de su comunicación a una persona incendiaria y con un claro sesgo político, lo han conseguido», ha indicado. «Con este nombramiento, que más parece un premio a un socialista que se quedó sin escaño que por méritos, la televisión pública se aleja cada vez más de la pretendida imparcialidad política que han intentado vender y que nunca ha existido, ha aseverado.

De hecho, ha asegurado que todas las decisiones que han tomado «desde el primer momento no hacen más ratificar esta idea». Bellver ha recordado que entre los nombramientos del ente público «hay una directora general exdelegada de TV3 en la Comunitat y una directiva exconsellera independentista de Baleares, a los que se suman ahora Moreno, así como la incorporación de un miembro del gabinete del conseller Climent en Economía».

«PSPV y Compromís quieren dejarlo todo atado antes de las elecciones de 2019. Un medio absolutamente a su medida, donde la imparcialidad está ya más que cuestionada, y donde puedan hacer y deshacer a su antojo».

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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