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EL PP sobre el nombramiento de Moreno en À Punt: «Demuestra sin disimulo la intención de tener una TV politizada»

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VALÈNCIA, 4 May. (EUROPA PRESS) –

El presidente del grupo ‘popular’ en Les Corts, Jorge Bellver, ha criticado este viernes el nombramiento de Josep Moreno como responsable de Comunicación de À Punt, una decisión que considera que «demuestra ya sin disimulo la intención de PSPV y Compromís de tener una televisión pública a su servicio y absolutamente politizada».

Bellver ha señalado en un comunicado que la elección de Moreno «no es casual» y ha indicado que, «de todas las personas que podían haber elegido para el puesto, sitúan a un exjefe de gabinete del PSPV, que más tarde pasó a ser diputado en Les Corts».

Asimismo, ha añadido que durante el tiempo en que estuvo en el Parlamento valenciano, Moreno «fue más conocido por los numeritos, las broncas y las intervenciones que rayaban la mala educación y los insultos al PPCV que por el contenido de las mismas».

Además, Bellver ha indicado que Moreno «carece de titulación». «Nos gustaría saber si se han barajado más nombres para ese puesto, porque cuesta creer que no se haya encontrado en toda la Comunitat Valenciana a un profesional con una titulación acorde con el desempeño de las funciones que va a desarrollar», ha indicado.

«Si lo que buscan desde À Punt es tener al frente de su comunicación a una persona incendiaria y con un claro sesgo político, lo han conseguido», ha indicado. «Con este nombramiento, que más parece un premio a un socialista que se quedó sin escaño que por méritos, la televisión pública se aleja cada vez más de la pretendida imparcialidad política que han intentado vender y que nunca ha existido, ha aseverado.

De hecho, ha asegurado que todas las decisiones que han tomado «desde el primer momento no hacen más ratificar esta idea». Bellver ha recordado que entre los nombramientos del ente público «hay una directora general exdelegada de TV3 en la Comunitat y una directiva exconsellera independentista de Baleares, a los que se suman ahora Moreno, así como la incorporación de un miembro del gabinete del conseller Climent en Economía».

«PSPV y Compromís quieren dejarlo todo atado antes de las elecciones de 2019. Un medio absolutamente a su medida, donde la imparcialidad está ya más que cuestionada, y donde puedan hacer y deshacer a su antojo».

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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