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El PSPV, en «shock» tras la detención de Rodríguez, esperará a conocer más datos para actuar «con justicia»

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Jun. (EUROPA PRESS) – El secretario de Organización del PSPV, José Muñoz, ha asegurado este miércoles ante los medios que han conocido la detención del presidente de la Diputación de Valencia y portavoz de la Ejecutiva del partido, Jorge Rodríguez, por la prensa con «preocupación» y están en «shock», aunque ha indicado que para tomar decisiones necesitan tener «los elementos de juicio suficientes para poder ser justos a la hora de tomar las medidas». «Necesitamos actuar y tenemos que actuar con justicia», ha dicho.

Así se ha pronunciado Muñoz en Les Corts tras conocerse la detención de Jorge Rodríguez, entre otras personas, por presuntas irregularidades en contrataciones en la empresa pública Divalterra, la antigua Imelsa.

Ha señalado que en el partido no tenían «ningún tipo de conocimiento de que estas detenciones se iban a producir» porque la investigación era secreta, aunque ha recordado que se conoció hace tiempo que la causa estaba abierta a través de los medios de comunicación.

El dirigente socialista ha instado a esperar a conocer más información sobre la operación y ha apuntado que serán «prudentes» y estarán a la espera de ver cómo se desarrolla la investigación judicial para ir tomando «las medidas que sean necesarias».

Ha recordado que el PSPV ha establecido «unos estándares de ejemplaridad elevadísimos» y siempre ha sido «muy contundente» en este tipo de causas, con medidas «ejemplarizantes» incluso en casos no relacionados directamente con la corrupción, como con el exalcalde de Alicante Grabriel Echávarri.

Pero en primer lugar, ha incidido, esperarán para ver las noticias que se producen y seguirán «los cauces reglamentarios del partido», que tiene un Código Ético a aplicar en estos casos que se cumplirá: «Adoptaremos las medidas necesarias y aplicaremos nuestro Código Ético a medida que vayamos conociendo más información y tengamos elementos de juicio suficientes para tomar decisiones que sean justas».

Preguntado sobre si debería traducirse en una dimisión, Muñoz ha indicado que por ahora lo único que saben es que se están investigando unos contratos de alta dirección y cuando tengan más datos los socialistas saldrán «a dar las explicaciones oportunas» y tomarán las decisiones que sean justas y adecuadas» a ese código.

TIEMPO PARA TOMAR DECISIONES
«No queremos tomar decisiones de las que luego, sabiendo más información, nos pudiéramos arrepentir. En este momento la información que tenemos es insuficiente para tomar las medidas que están recogidas en nuestra normativa», ha reiterado, pidiendo «un poco más de tiempo para saber cuál es la amplitud de la operación y las cuestiones de las que se está acusando».

Si se produce la investigación de Rodríguez, ha explicado que el Código Ético contempla la apertura de un expediente informativo para ver cuál es la causa que se sigue. A partir de ahí, hasta que no se sucedan otros trámites judiciales «no se podrán tomar las medidas» que establece a partir de ahí el documento.

En todo caso, ha agregado, «de la manera en que se actúe en la institución se actuará también en el partido».

DEBATE SOBRE LAS EMPRESAS PÚBLICAS
Por otra parte, ha reconocido que una de las consecuencias de esta operación y de lo vivido anteriormente con Imelsa es «va a ser abrir ese debate» sobre las empresas públicas para «evitar que estas situaciones se vuelvan a producir a futuro».

A su juicio, las empresas públicas «pueden ayudar a gestionar las políticas de una manera más ágil pero evidentemente requieren unos controles para que no se produzcan casos en los que pueda verse salpicada la honorabilidad de las personas y de la institución».

«No hay que demonizarlas en ningún caso porque son instrumentos para poder ejecutar políticas públicas, pero es cierto que lo que hace falta son controles suficientes como para que estas cuestiones no ocurran», ha concluido.

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Querella contra el rey emérito Juan Carlos I por presuntos delitos fiscales

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querella rey Juan Carlos I

Un grupo de magistrados jubilados del Tribunal Supremo, fiscales anticorrupción retirados y varios intelectuales han presentado una querella criminal conjunta ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra el rey emérito, Juan Carlos I. La acción judicial se basa en la supuesta comisión de cinco delitos fiscales contra la Hacienda Pública entre los años 2014 y 2018, que, según los querellantes, no habrían prescrito.

Delitos fiscales imputados

La querella señala que el rey Juan Carlos I habría cometido irregularidades tributarias que, por su gravedad, podrían ser calificadas como delitos fiscales. Según los exmagistrados, estos hechos no habrían prescrito y, por tanto, pueden ser investigados y enjuiciados. En el texto presentado, se argumenta que la Fiscalía habría comunicado al rey emérito la apertura de una investigación por posibles infracciones tributarias relacionadas con estas actividades irregulares.

Irregularidades en el proceso de regularización fiscal

El texto de la querella, que ha sido difundido por medios como Europa Press, también apunta a presuntas irregularidades en el proceso de regularización fiscal del rey emérito. Los querellantes subrayan que:

«El Ministerio Fiscal, cuando comunica a un investigado la apertura de unas Diligencias de Investigación en la que existen datos de actividades irregulares con relevancia tributaria, nunca puede tener un conocimiento pormenorizado de los datos que avalan una posible infracción tributaria porque se trata de una información de la que solo puede tener conocimiento la Agencia Tributaria una vez concluido el expediente sancionador que cierra el paso a la posibilidad de una regularización».

Este argumento pone en duda la legitimidad de las regularizaciones fiscales realizadas por el rey emérito, que podrían haberse efectuado con conocimiento previo de la investigación, lo que constituiría un hecho irregular en sí mismo.

Contexto de las acusaciones

Las acusaciones contra el rey Juan Carlos I se enmarcan en una serie de investigaciones previas que han puesto en el punto de mira su patrimonio y presuntas actividades opacas. Aunque algunas de estas investigaciones fueron archivadas debido a la prescripción de los delitos o a la inviolabilidad que el monarca disfrutó hasta su abdicación en 2014, esta querella busca reabrir el debate sobre la posible responsabilidad penal del rey emérito en los años posteriores a su abdicación.

Un precedente legal controvertido

La presentación de una querella contra una figura como el rey emérito supone un hecho inusual en España y plantea cuestiones legales y políticas complejas. Si bien desde su abdicación Juan Carlos I dejó de gozar de inviolabilidad, el análisis de sus actos posteriores a 2014 sigue generando controversia tanto en el ámbito jurídico como en el público.

Reacciones y consecuencias

La querella ha generado un intenso debate en España sobre la transparencia y la rendición de cuentas de las altas instituciones del Estado. Algunos sectores consideran que estas acciones judiciales son fundamentales para reforzar la confianza en la justicia y demostrar que nadie está por encima de la ley, mientras que otros las critican por considerar que buscan dañar la imagen de la monarquía.

Por ahora, la Sala Segunda del Tribunal Supremo deberá decidir si admite a trámite esta querella y, en su caso, determinar los próximos pasos a seguir en la investigación de los presuntos delitos fiscales.

 

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