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El tripartito rechaza una propuesta para diferenciar el valenciano del catalán

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Les Corts Valencianes han rechazado este miércoles, con los votos del PSPV, Compromís y Podemos y la abstención de Ciudadanos, una iniciativa promovida por el PP en defensa del valenciano como idioma oficial de la Comunitat Valenciana, de manera que resulte «distinto y autónomo de cualquier otra lengua y, en concreto, del catalán».

El diputado del PP Jorge Bellver ha defendido que la propuesta busca «respetar el sentimiento del pueblo valenciano» y su primera seña de identidad, mientras que el resto de grupos han coincidido en acusar al PP de querer reabrir esta batalla para separar a los valencianos, generar conflictos innecesarios y «hacer sangre».

Bellver ha instado al Consell a cumplir la Constitución, l’Estatut  d’Autonomía y la Llei d’Ús i Ensenyament del valencià y a defender «de forma clara y contundente» ante cualquier administración e institución que el valenciano es un idioma «distinto y autónomo» del catalán.

Compromís y Ciudadanos habían propuesto dos enmiendas para, entre otras cuestiones, eliminar la distinción entre ambas lenguas, algo que no ha aceptado el PP al afirmar que esa reivindicación «está sustentada en la voluntad del pueblo» valenciano.

El diputado de Compromís Josep Nadal ha instado a los diputados populares a romper la disciplina de voto y votar en contra de una propuesta que, a su juicio, busca «poner las vísceras por encima de la razón» y crear «una cortina de humo» para no hablar de las cosas que realmente importan a los valencianos.

 

La diputada de Ciudadanos Mercedes Ventura ha afirmado que la iniciativa del PP solo busca «la confrontación entre valencianos», «hacer sangre» y «abrir batallas» para obtener «rédito político y electoral» y ha defendido que este debate corresponde a los filólogos.

Ha asegurado que el sentimiento «es un bien intangible que no se puede materializar», pero lo que sí sienten los valencianos, ha destacado, es que les han robado, que sus hijos estudian en barracones, que no pueden pagar la factura de la luz y «todas esas penurias que nos ha dejado el gobierno del PP».

La socialista Eva Alcón ha pedido al Consell que «nunca defienda que el valenciano y el catalán son lenguas diferentes» porque si lo hacen, ha dicho, «sentiremos mucha vergüenza y mostraría su ignorancia y cierta incultura».

Alcón ha pedido a los populares que retiren la iniciativa, en primer lugar, para «no ponerse en evidencia», y en segundo, porque Les Corts «no es lugar para tratar temas filológicos» y porque «el valenciano no es un problema» y no cree que deban ser los diputados los que creen los conflictos.

El portavoz socialista, Manuel Mata, también se ha referido a esta cuestión para afirmar que se trata de un debate «más propio de los años 70» y para defender que la lengua «no es conflicto, conflicto es quien da oxigeno a fuerzas políticas alejadas de la realidad y antihistóricas».

Sandra Minguez (Podemos) ha preguntado si los populares se atreverían a cuestionar estudios e investigaciones sobre matemáticas, y ha considerado que hacerlo con una cuestión filológica demuestra que «la lengua no les importa» y su objetivo es «dividir y, con un poco de suerte, sacar algún voto».

 

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Nueva Ley ‘Antiokupas’ en España: Adiós a la ocupación de viviendas, esta será su fecha de entrada en vigor

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nueva ley antiokupas

El Congreso aprueba una enmienda para agilizar los juicios por usurpación y allanamiento de morada

La ocupación ilegal de viviendas en España está cerca de un cambio significativo.

El Congreso de los Diputados ha aprobado una reforma en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) que establece que los delitos de usurpación y allanamiento de morada sean tramitados en juicios abreviados, permitiendo que se resuelvan en un máximo de 15 días desde que los ‘okupas’ son puestos a disposición judicial.

La iniciativa fue aprobada con el respaldo del PP, Junts, UPN, Coalición Canaria, ERC y Bildu, aunque este último reconoció su voto como un error y se disculpó públicamente. Vox se abstuvo, mientras que PSOE, Sumar, Podemos y BNG votaron en contra.

 

Siguientes pasos para la aprobación definitiva

La reforma forma parte de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia y ahora se encuentra en el Senado, que tiene hasta dos meses para debatir la propuesta. Sin embargo, al no ser un proyecto declarado urgente, los plazos pueden extenderse. En el Senado pueden suceder tres escenarios:

  1. Aprobación sin cambios: La ley pasa directamente al proceso de sanción, promulgación y publicación.
  2. Veto absoluto: La iniciativa vuelve al Congreso sin ser aprobada, aunque no se espera que ocurra debido a la mayoría del PP en la Cámara Alta.
  3. Enmiendas parciales: El texto es modificado y regresaría al Congreso para su debate final.

Si se aprueba sin modificaciones, el Rey procederá a sancionar y promulgar la ley, un acto formal que no puede ser revocado. Posteriormente, se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entrará en vigor en el plazo indicado por la ley o, en su defecto, en 20 días.

Impacto de la nueva ley en los plazos legales actuales
El cambio permitirá agilizar notablemente los procesos judiciales. En la actualidad, el 80% de los casos de desahucio en España tardan entre 4 y 9 meses en resolverse. Con la reforma, estos casos se resolverán en 15 días.

 

Comparativa con otros países europeos

En otros países de Europa, las medidas contra la ocupación ilegal son más inmediatas:

  • Francia: La Policía puede desalojar sin autorización judicial en 48 horas. Las penas llegan a tres años de prisión y multas de hasta 45.000 euros.
  • Alemania: El desalojo se produce en 24 horas y las penas alcanzan hasta dos años de cárcel si se utiliza violencia.
  • Reino Unido: La Policía puede actuar sin permiso judicial y la pena máxima es de 51 semanas de prisión y multas de hasta 5.700 euros, salvo si los ‘okupas’ abandonan la vivienda antes de las primeras 24 horas.

 

 

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