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El TSJCV desbloquea 271.000 euros de las cuentas de Correa en Suiza para resarcir el daño por Fitur

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MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) – La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha ordenado que se desbloquee de las cuentas que el líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, tiene en el banco suizo Crédit Suisse 271.000 euros para hacer frente a la responsabilidad civil a la que fue condenado en el juicio por el amaño de contratos públicos relacionados con la Feria Internacional de Turismo (Fitur).

En un auto con fecha de este lunes y al que ha tenido acceso Europa Press, la Sala atiende la «petición expresa» que hizo el empresario para poder acceder a dicha cantidad para satisfacer «con prontitud» la deuda generada a la Generalitat Valenciana. Esta solicitud la hizo después de conocer que el Tribunal Supremo ratificó el pasado 15 de mayo la sentencia del tribunal valenciano.

Por la resolución del TSJCV, Correa lleva en la prisión madrileña de Valdemoro desde el febrero de 2014 para cumplir 13 años por participar en la manipulación de los contratos públicos para el montaje del expositor de la Comunidad Valenciana en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en las ediciones entre 2005 y 2009.

Además, se le condenó a pagar una responsabilidad civil de 271.000 euros de forma solidaria con su ‘número dos’, Pablo Crespo; con el responsable, el contable y una trabajadora de Orange Market, Álvaro Pérez ‘El Bigotes, Cándido Herrero y Mónica Magariños, respectivamente; y con la administradora de alguna de sus empresas, Isabel Jordán.

También con la exconsellera ‘popular’ de Turismo y expresidenta de Les Corts Valencianas, Milagrosa Martínez; su ex jefe de gabinete, Rafael Betoret; el ex jefe del área de Mercados y Comunicación de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT) Isaac Vidal; y el exresponsable del servicio de Promoción de la Agencia de Turismo, Jorge Guarro.

EL RESTO DE DINERO CONTINUARÁ BLOQUEADO
El abogado de Correa, Juan Carlos Navarro, informó a los magistrados del Supremo en la vista pública celebrada para estudiar los recursos contra la sentencia dictada por el TSJCV que su defendido iba a resarcir los daños económicos causados a la Administración por parte de todos estos condenados.

Por todo ello, el Tribunal Superior deja sin efecto el bloqueo de las cuentas bajo la titularidad de Golden Chain Properties, propiedad del líder de la Gürtel, para que se transfiera 271.000 euros a la Cuenta de Consignaciones de la Sala. Añaden los magistrados en su auto que debe mantenerse «el resto del dinero que pudiera existir en dichas cuentas en la situación de trabado e indisponible por su titular».

Por otro lado, a mediados de este mes de mayo, Correa también anunció que pedirá a la entidad financiera Crédit Suisse el desbloqueo de otros 2,25 millones para afrontar la responsabilidad civil relacionada con la primera época de actividades de la trama corrupta (1999-2005), cuya condena de 51 años y 11 meses por estos hechos –por los que la Fiscalía Anticorrupción solicitó 125 años y un mes– se dio a conocer el pasado jueves.

COLABORACIÓN CON LA JUSTICIA
Esta cantidad servirá para indemnizar a entidades públicas de Estepona (Málaga); al Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid), así como un organismo dependiente de este consistorio; al Ayuntamiento madrileño de Pozuelo de Alarcón; al Ayuntamiento de Madrid, a la Comunidad de Madrid y a la Agencia Tributaria.

El abono de estas cantidades se enmarcan dentro de la colaboración con la Justicia que Correa mantiene desde el juicio por la primera época de la trama Gürtel y que continuó durante la última vista oral celebrada por la presunta caja ‘b’ del PP de la Comunidad Valenciana. En este último procedimiento, el líder de la Gürtel ha abonado 2,06 millones de euros para poder hacer efectiva la indemnización por la defraudación tributaria cometida por Orange Market, cifra que fue consignada en la cuenta de la Audiencia Nacional el 8 mayo, día que concluyó el mismo.

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El juez pide a la Policía una copia del DNI de Begoña Gómez «visto el estado de las actuaciones»

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Begoña Gómez última hora
Begoña Gómez

El juez que está investigando la denuncia presentada por Manos Limpias contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presunto tráfico de influencias, ha solicitado a la Policía Nacional una copia autenticada y legible del DNI de la señora Gómez, «dado el estado actual de las actuaciones».

En una providencia obtenida por Europa Press, el juez instructor Juan Carlos Peinado se dirige expresamente a Gómez como «investigada», aunque aún no ha sido formalmente citada como tal en el proceso.

Las visitas del fiscal

Por otro lado, el juez también ha pedido al Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid que evalúe «las visitas personales frecuentes e inusuales» realizadas en la sede judicial por parte del representante del Ministerio Fiscal. Esta solicitud se realiza debido a lo inusual de la actitud procesal de la Fiscalía, especialmente en relación con la interposición automática de recursos de apelación y la insistencia en ser informados de forma inmediata sobre las resoluciones dictadas y las que puedan ser emitidas en el futuro.

En respuesta a esta solicitud del juez, fuentes fiscales consultadas por Europa Press señalan que si la Fiscalía muestra interés en el caso, es porque el magistrado «no ha notificado nada a la Fiscalía». Afirman que el juez inició las diligencias sin notificarles, y solo lo hizo cuando el fiscal preguntó al respecto.

Además, estas fuentes destacan que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid emite comunicados de prensa sobre el caso, pero no informa a la Fiscalía, que es parte en el proceso. Esto ha llevado a situaciones en las que la Fiscalía tuvo que pedir información después de enterarse de los avances del caso a través de los medios de comunicación.

En resumen, la Fiscalía considera que es fundamental ser notificada oficialmente sobre los procedimientos judiciales en los que está involucrada, ya que esto le permite cumplir con su deber de representar los intereses del Estado en el proceso.

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