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Valencia

El TSJCV ve procedente el despido de una directiva de la EMT tras el fraude de 4 millones

Publicado

hace 5 años

en

La exdirectora de Negociado de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València, Celia Zafra (izq). EFE/ Biel Aliño/Archivo

València, 23 jun (EFE).- La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha declarado procedente el despido disciplinario de la exdirectora de Negociado de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València, Celia Zafra, acordado por la empresa municipal en septiembre de 2019 tras sufrir una estafa informática de 4 millones de euros.

De esta forma, se estima el recurso de suplicación de la entidad pública municipal y se revoca la resolución de un juzgado que daba la razón en primera instancia a la extrabajadora y declaraba improcedente su cese, ha informado el TSJCV.

La Sala aprecia una «falta absoluta de criterio» y una «grave negligencia» en la actuación de la empleada al proporcionar a los presuntos delincuentes documentos firmados por sus superiores.

Según señala la sentencia, notificada este miércoles a las partes, esa acción «constituye una grave transgresión de la buena fe contractual que ha ocasionado además un perjuicio económico sustancial para la empresa».

La Sala considera que la conducta seguida por la trabajadora al facilitar a los presuntos estafadores sendos documentos firmados por dos superiores jerárquicos, que eran apoderados de la sociedad, «constituye una grave transgresión de la buena fe contractual que ha ocasionado además un perjuicio sustancial para la empresa demandada».

Igualmente «ha comprometido la reputación de otros trabajadores» –añaden las magistradas en referencia al entonces gerente y a la directora de Gestión de la EMT-, «que se vieron involucrados sin su conocimiento en la estafa sufrida por la empresa, a través de la utilización fraudulenta de sus firmas».

Para la Sala, el hecho de que la Zafra no confirmara con sus superiores el conocimiento que éstos tenían de la Oferta Pública de Acciones (OPA) de la EMT para adquirir una empresa china, que simularon en sus correos electrónicos los presuntos estafadores, «evidencia una falta absoluta de criterio y una grave negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones laborales, con la consiguiente pérdida de confianza de la empresa demandada».

«La actora, que es directora de Negociado de Administración de la empresa demandada y no una mera administrativa, no debió dar crédito a la OPA (…), sin realizar antes unas mínimas comprobaciones con sus superiores jerárquicos», establece la sentencia, que puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo para la unificación de doctrina.

Por otro lado, la entrega de los documentos firmados por los apoderados de la sociedad tampoco resultaba necesaria para «la supuesta OPA» y «carecía de toda justificación», abunda la resolución judicial.

Según el Tribunal, esa actuación implica una transgresión de la buena fe contractual y un abuso de confianza en el desempeño del trabajo tipificada en el artículo 54.2 del Estatuto de los Trabajadores y que está calificada como una falta muy grave por el Laudo de Obligado Cumplimiento que establece el régimen de faltas y sanciones en la EMT.

La Sala de lo Social del Alto Tribunal Valenciano concluye que la sanción de despido es por tanto «proporcionada» a la gravedad de este incumplimiento contractual.

No obstante, aprecia también un motivo justificado para declarar la procedencia del despido en el hecho de que la trabajadora ocultara a la empresa, en el marco de la investigación interna del fraude, que había enviado los documentos antes mencionados, que fueron «los que se utilizaron para falsificar las firmas e incorporarlas a la cartas de pago que se cursaron junto con las órdenes de transferencia».

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Valencia

El jefe superior de Policía admite fallos de coordinación institucional durante la dana en la Comunitat Valenciana

Publicado

hace 29 mins

en

13 enero, 2026

De

Sigue las últimas noticias sobre la trágica DANA en Valencia:

Carlos Gajero reconoce en el Senado que el Cecopi del 29 de octubre de 2024 debió activarse antes y que la coordinación institucional fue “mejorable” durante la catástrofe que dejó 230 fallecidos

MADRID, 13 de enero de 2026 – El jefe superior de Policía de la Comunitat Valenciana, Carlos Gajero Grande, ha admitido este martes ante la Comisión de Investigación del Senado sobre la dana que la coordinación institucional durante la catástrofe del 29 de octubre de 2024 fue “mejorable”. Asimismo, ha señalado que el Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi) “probablemente” debería haberse reunido antes de las 17.00 horas, dado que ya al mediodía existían avisos de personas desaparecidas en municipios como Utiel.

Durante su comparecencia, Gajero defendió que no hubo abandono ni falta de mando por parte de la Policía Nacional en los primeros días de la emergencia. “En ningún caso la nave iba sin rumbo”, aseguró, subrayando que el dispositivo policial actuó desde el primer momento pese a la magnitud inédita de la tragedia, que causó 230 víctimas mortales.

Coordinación “mejorable”, pero contacto constante sobre el terreno

El máximo responsable policial en la Comunitat Valenciana explicó que, aunque la cooperación operativa con organismos como la Unidad Militar de Emergencias (UME), la Guardia Civil, la Delegación del Gobierno y la Dirección General de la Policía fue continua, echó en falta una mayor coordinación institucional global.

“A nivel personal funcionaba: hablabas directamente con Guardia Civil o UME. Pero una mejor coordinación institucional habría permitido una visión de conjunto, no tan parcelada, y poner todos los recursos en común”, afirmó en respuesta a una pregunta del senador de ERC, Jordi Gaseni.

Gajero niega haber visto a Mazón “especialmente noqueado”

Gajero relató que el día de la dana se desplazó a Madrid para asistir a una reunión de jefes superiores de Policía, una decisión conocida por la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, mientras que la operativa en Valencia quedó en manos del comisario provincial. Al día siguiente, el 30 de octubre, se incorporó directamente a la zona afectada, especialmente en municipios de l’Horta Sud como Torrent, Xirivella, Algemesí, Alzira o Paiporta.

Cuestionado por el senador de Compromís Enric Morera sobre si percibió al entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, “noqueado” durante aquellos días, Gajero respondió con contundencia: “No especialmente”.

“Nadie esperaba una tragedia de esa magnitud”

El jefe policial reconoció que no existía un protocolo capaz de prever una catástrofe de tal envergadura. “Fuimos improvisando muchas veces sobre el terreno y aplicando todas nuestras capacidades”, explicó, destacando que la prioridad fue atender las necesidades inmediatas de la ciudadanía, como la retirada de lodo en colegios, centros sanitarios, residencias y viviendas.

En materia de seguridad, recordó que la noche del 30 de octubre se detectaron saqueos en el centro comercial Bonaire, lo que llevó a la detención de 41 personas en menos de 24 horas y a la recuperación de numerosos objetos robados.

Más de 6.000 agentes desplegados tras las riadas

En los días posteriores a la dana, la Policía Nacional desplegó un amplio dispositivo compuesto por 6.000 agentes, 897 vehículos terrestres, 19 medios aéreos y 21 recursos tecnológicos, según detalló Gajero, quien agradeció públicamente la “entrega, el valor y el compromiso” de todos los efectivos.

Tensión con el PP por los alumnos de la Escuela de Ávila

La comparecencia también estuvo marcada por un rifirrafe con el senador del PP Luis Santamaría, quien insinuó que los alumnos de la Escuela Nacional de Policía de Ávila desplazados a la ‘zona cero’ acudieron “para hacerse la foto”. Gajero lo negó tajantemente: “No fueron a hacerse ninguna foto. Fueron a trabajar, y trabajaron muy bien. La gente nos trasladó muchos agradecimientos”.

“Hicimos todo lo que pudimos”, concluyó el jefe superior de Policía, poniendo fin a una comparecencia clave para esclarecer la gestión institucional de una de las mayores tragedias recientes en la Comunitat Valenciana.

 

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