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El Valle de los Caídos pasará a llamarse Valle de Cuelgamuros

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El Valle de los Caídos de San Lorenzo de El Escorial (Madrid) cambiará de nombre y pasará a llamarse Valle de Cuelgamuros, según figura en una de las enmiendas pactadas por el PSOE y Unidas Podemos en la ley de memoria democrática, en la que además se insta a reubicar los restos enterrados allí de José Antonio Primo de Rivera.

Según señala la propia enmienda, la intención del cambio de nombre, es la de convertir este espacio en un «lugar de memoria democrática» para dar a «conocer, a través de planes y mecanismos de investigación y difusión, las circunstancias de su construcción, el periodo histórico en el que se inserta y su significado, con el fin de fortalecer los valores constitucionales y democráticos».

En este lugar se indica que «solo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la guerra, como lugar de reconocimiento, conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas allí inhumadas».

Esta enmienda contempla atender las reclamaciones y peticiones de los familiares «que tengan por objeto instar la exhumación y entrega de los restos de las víctimas inhumadas en el Valle de Cuelgamuros».

«Para el caso de imposibilidad técnica de exhumación, se acordarán medidas de reparación de carácter simbólico y moral», añade.

Los únicos cuerpos que se enterraron en tumbas individuales en el Valle de los Caídos fueron los de José Antonio Primo de Rivera y el del dictador Francisco Franco, cuando falleció en 1975, pero se calcula que allí están los restos de unas 33.000 personas, de los que más de 10.000 serían combatientes republicanos.

También se insta a reubicar «cualquier resto mortal que ocupe un lugar preeminente en el recinto», en referencia a José Antonio Primo de Rivera.

Según la enmienda, un real decreto establecerá el nuevo marco jurídico aplicable al Valle de Cuelgamuros «que determine la organización, funcionamiento y régimen patrimonial del enclave», dependiente de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, de monjes benedictinos, pero que administra de forma temporal Patrimonio Nacional.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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