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El zapatero estafador: 7 meses de cárcel por hacerse pasar por podólogo

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El zapatero estafador: 7 meses de cárcel por hacerse pasar por podólogo
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València, 23 mar (OFFICIAL PRESS-EFE).- El Juzgado de lo Penal número 7 de Valencia ha condenado al propietario de un centro de reparación de calzado a siete meses de prisión por intrusismo en la Podología por anunciar que realizaba diagnóstico de los pies y plantillas personalizadas sin disponer del título universitario en esta rama sanitaria.

La denuncia fue llevada a cabo por el Colegio Oficial de Podólogos de la Comunitat Valenciana, que desde hace años trabaja continuamente «para erradicar este problema que afecta a la profesión y pone en peligro la salud de la población«, según señala la entidad en un comunicado.

Según el Colegio, el zapatero ha sido condenado a la pena de 7 de meses de prisión y el pago de las costas procesales por regentar un negocio de reparación de calzado en el que anunciaba realizar, mediante pedigrafías, diagnóstico de las patologías de los pies y confección de plantillas personalizadas.

«Actuaba como si fuera podólogo careciendo del título universitario en esta rama sanitaria», afirman para añadir que la sentencia, que es firme por la conformidad del acusado, «reafirma nuevamente las competencias de los profesionales de la Podología cuando se trata del tratamiento de dolencias y deformidades de los pies de los pacientes«.

Desde el Colegio se ha insistido en la importancia de que sea «la propia Conselleria de Sanidad la que colabore y persiga estas prácticas fraudulentas que pueden suponer graves consecuencias para los pacientes y, por supuesto, supone un agravio para todos los profesionales de la Podología».

La entidad colegial indica que la forma «más sencilla de saber que estamos en manos de un profesional cualificado es comprobar que éste dispone de número de colegiado«.

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Indemnizan con 225.000 € a la familia de una paciente fallecida tras 36 horas en Urgencias del Hospital General de València

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indemnización hospital general pancreatitis

La Conselleria de Sanidad y el Consorcio Hospital General Universitario de València indemnizarán con 225.000 euros a la familia de una paciente de 69 años fallecida por pancreatitis aguda después de pasar 36 horas en Urgencias sin recibir atención médica adecuada.

El acuerdo se ha alcanzado tras la reclamación de la asociación El Defensor del Paciente, cuyos abogados Ica Aznar y Juan Carlos Montealegre presentaron la reclamación patrimonial contra la sanidad pública por negligencia médica.

Cronología de los hechos

Los hechos ocurrieron el 7 de mayo de 2025, cuando la paciente acudió a Urgencias del Hospital General de València por dolor abdominal intenso, vómitos y sensación de hinchazón. Tras una primera exploración y ecografía abdominal, se diagnosticó pancreatitis aguda biliar y se solicitó su ingreso en hospitalización.

Sin embargo, no había camas disponibles, por lo que la paciente permaneció en un box de Urgencias durante 36 horas, esperando atención médica. Durante ese tiempo, no se registraron constantes vitales ni se realizaron controles ni analíticas. Finalmente, la mujer falleció sin recibir tratamiento, según señalan los informes.

Pancreatitis aguda: un riesgo grave

La pancreatitis puede presentarse de forma leve, con evolución favorable, o grave, con inflamación extensa, necrosis pancreática y fallo orgánico múltiple, cuya mortalidad puede superar el 30%.

Los expertos subrayan que en los casos graves se requiere vigilancia intensiva y tratamiento inmediato. La ausencia de monitoreo y atención en Urgencias del Hospital General de València contribuyó directamente a la muerte de la paciente, según la asociación.

Declaraciones de la asociación

La asociación El Defensor del Paciente critica la inacción del personal sanitario, calificándola de «evitable» y de un incumplimiento del mínimo de atención esperado en cualquier hospital. La paciente quedó «privada de la posibilidad de un tratamiento que podría haber salvado su vida», añaden.

Indemnización y acuerdo

El seguro de la Conselleria de Sanidad y el Consorcio Hospital General Universitario cubrirán 225.000 euros en concepto de indemnización por negligencia médica, poniendo fin al procedimiento administrativo iniciado por los familiares de la fallecida.

 

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