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ENCUESTA| Compromís sería la primera fuerza en 2019 a solo un punto de Cs y ocho del PSPV

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VALÈNCIA, 2 May. (EUROPA PRESS) –

Compromís sería el partido más votado en la Comunitat Valenciana en las próximas elecciones autonómicas de 2019, al recibir entre un 27 y 25% de los votos, solo uno por encima de Ciudadanos (26-24%) y hasta ocho por delante del PSPV-PSOE (19-17%). El PP sería la cuarta fuerza con un 18-16% de los votos, según una encuesta del Bloc.

La formación mayoritaria de la coalición ha realizado este estudio durante la segunda quincena de marzo, a partir de una muestra de un total de 1.303 personas: 501 en la provincia de Valencia, 403 en Castellón y 399 en Alicante. Las encuestas las ha realizado de forma telefónica la empresa GFK, detalla el Bloc en un comunicado.

Si los comicios de 2019 se celebraran ahora, la encuesta recoge que Compromís recibiría un porcentaje de voto muy similar al de 2017, entre un 27 y 25%. Ciudadanos (Cs) conseguiría el mayor aumento en comparación al año pasado, al pasar de un 14-16% hasta un 24-26%, como segunda fuerza y solo a un punto de la coalición.

En tercer lugar, el PSPV obtendría en torno a un 19-17%, un punto por encima de la estimación del año pasado (18-16%). Le seguiría el Partido Popular con un 16-18% de los votos, nueve por debajo de los que le otorgaba la encuesta en 2017.

Las dos últimas posiciones son para Podem, que pasa de una estimación del 11-9% a 7-5% en 2018, y Esquerra Unida del País Valencià (EUPV), con un ligero aumento del 6-4% al 7-5%.

Por provincias, destaca el incremento de intención de voto a Compromís en Alicante, como segunda fuerza por detrás de Ciudadanos. En Castellón, la encuesta prevé un triple empate entre el PSPV, Cs y Compromís, mientras que en la coalición lidera holgadamente en Valencia.

LÍDERES MÁS VALORADOS
A la hora de escoger la Presidencia de la Generalitat Valenciana, el 34,2% de los encuestados prefiere a Mónica Oltra (Compromís), seguido del 21% que revalidaría a Ximo Puig (PSPV) como ‘president’. Un 13,1% apuesta por Toni Cantó (Ciudadanos) y un 7% por Isabel Bonig (PPCV).

Los liderazgos políticos más valorados por los participantes en el análisis son los del portavoz de Compromís en el Congreso de los Diputados, Joan Baldoví, con una nota de 6,18 sobre 10; la vicepresidenta y coportavoz de Compromís, Mónica Oltra, con un 5,89, y el jefe del Consell y secretario general del PSPV, Ximo Puig, con un 5,75.

De Podem, el secretario general, Antonio Estañ, roza el aprobado con un 4,97 sobre 10. En la oposición, suspenden tanto Toni Cantó (Cs) como Isabel Bonig (PPCV), con un 4,39 y un 3,99, respectivamente.

EL 39% CREE QUE LA POLÍTICA DEL BOTÀNIC ES REGULAR
A modo de balance, la encuesta del Bloc recoge que los valencianos aprueban las políticas del gobierno del Botànic: el 35,2% de los participantes en el estudio opina que la labor del Consell es buena o muy buena, un 38,9% cree que es regular y un 25,1% le otorga un suspenso al considerar que es mala o muy mala.

Por electores, el 75% de las personas que recuerdan haber votado a Compromís en las últimas elecciones de 2015 creen que la política del Botànic es buena o muy buena, cifra que supone un 48% en el caso de los votantes socialistas y un 43% a los de Podem.

¿QUIÉN DEFIENDE MEJOR A LOS VALENCIANOS?
Preguntados por cuál es la fuerza política que mejor defiende los intereses de los valencianos, el 37% de los encuestados ha escogido a Compromís como primera opción, seguido del 16% del PSPV-PSOE, el 15% de Ciudadanos y el 11% del PP.

La investigación también recoge que un 64% de los participantes piensa que el Gobierno de España «discrimina» a los ciudadanos de la Comunitat Valenciana, mientras que el 32% cree que no lo hace y un 3% no sabe o prefiere no contestar.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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