VALENCIA, 24 Abr.- Tan sólo habían transcurrido 24 horas desde el primer debate televisivo en el que participaban los 4 líderes políticos candidatos a la presidencia del Gobierno, cuando volvían a reunirse delante de las cámaras de Atresmedia Pedro Sánchez (PSOE), Pablo Casado (PP), Albert Ribera(CIUDADANOS) y Pablo Iglesias (UNIDAS PODEMOS), para ofrecer el que sería el ‘debate decisivo’ de estas elecciones generales.
En un ambiente mucho más distendido, sin tiempos fijados ni bloques temáticos encorsetados, los 4 representantes de las diferentes formaciones defendieron sus propuestas electorales en un ambiente mucho más acalorado que el protagonizado en el día anterior.
El primer debate emitido por RTVE fue mucho más estructurado, con intervenciones más pautadas y sin salirse de un guión. Por el contrario, el que se pudo ver en la noche de este martes, los candidatos dieron rienda suelta a un formato que les permitía contraponer sus ideas y rebatirse los discursos, llegando incluso a no dejarse hablar y provocar ciertos rifirafes propios de una sesión parlamentaria en el Congreso.
Cada protagonista tuvo su momento para explicar sus propuestas referidas a temas como las políticas territoriales, el indepentismo catalán, la sanidad pública, la financiación de las comunidades autónomas, pactos entre partidos, corrupción, empleo, aborto, educación, violencia de género, inmigración, impuestos, pensiones, reforma de la constitución,… aspectos que han marcado un ‘debate decisivo’ en la cuenta atrás para las elecciones del próximo 28 de abril que decidirá quién es el nuevo inquilino de la Moncloa.
Y ante este escenario, los lectores de Official Press han respondido a la encuesta lanzada y han dado por ganador del debate a Pablo Iglesias con una amplia ventaja sobre el resto de candidatos. Según las votaciones Pablo Iglesias (46,01%), seguido por Albert Ribera (22,7%), Pablo Casado (16,26%) y finalmente Pedro Sánchez (15,03%).
La jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE) entrará en vigor previsiblemente en marzo de 2026, una vez sea aprobada formalmente en la Mesa General de Negociación. Así lo ha confirmado el sindicato Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT), que considera esta medida una “punta de lanza” para extender la reducción de jornada al conjunto de trabajadores.
Fecha prevista de entrada en vigor
Según lo acordado en la Comisión Permanente de Negociación de la AGE, la propuesta será elevada a la Mesa General en las próximas semanas con el objetivo de que la resolución se publique antes de que termine febrero y pueda aplicarse a partir de marzo de 2026.
De este modo, los funcionarios y el personal laboral de la Administración General del Estado no tendrán que esperar demasiado para la aplicación oficial de la jornada de 35 horas semanales.
¿A quién se aplicará la jornada de 35 horas?
La medida afectará a:
Todo el personal de la Administración General del Estado (AGE).
El sector público estatal.
Quedan excluidos, por el momento:
Instituciones Penitenciarias, que requerirán una instrucción específica.
Docentes y personal sanitario de Ceuta y Melilla, que también necesitarán una regulación adicional.
UGT defiende la medida tras el rechazo del Congreso
La secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, ha lamentado que el Congreso de los Diputados rechazara hace menos de un año la reducción de la jornada máxima legal a 37,5 horas semanales. Según la dirigente sindical, aquello supuso “perder una oportunidad histórica” para mejorar la salud laboral, la calidad del trabajo y la estabilidad en el empleo.
Araque ha defendido que las 35 horas en la Administración del Estado no deben interpretarse como un agravio comparativo, sino como un paso adelante que podría impulsar cambios en el sector privado y en otras administraciones autonómicas.
Impacto en otras comunidades autónomas
Desde UGT señalan que esta decisión podría influir en comunidades como la Comunidad de Madrid, que había condicionado su aplicación a que el Gobierno central diera primero el paso. La entrada en vigor en la AGE podría, por tanto, acelerar decisiones similares en otros territorios.
Un paso hacia la reducción general de jornada
La aplicación de la jornada de 35 horas semanales en la Administración del Estado se interpreta como un movimiento estratégico que podría abrir la puerta a nuevas negociaciones en el ámbito laboral estatal y privado.
Si se cumplen los plazos previstos, marzo de 2026 marcará el inicio oficial de la nueva jornada laboral para miles de funcionarios en España.
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