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ENCUESTA| Los lectores eligen a Pablo Iglesias como ganador del debate

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VALENCIA, 24 Abr.- Tan sólo habían transcurrido 24 horas desde el primer debate televisivo en el que participaban los 4 líderes políticos candidatos a la presidencia del Gobierno, cuando volvían a reunirse delante de las cámaras de Atresmedia Pedro Sánchez (PSOE), Pablo Casado (PP), Albert Ribera(CIUDADANOS) y Pablo Iglesias (UNIDAS PODEMOS), para ofrecer el que sería el ‘debate decisivo’ de estas elecciones generales.

En un ambiente mucho más distendido, sin tiempos fijados ni bloques temáticos encorsetados, los 4 representantes de las diferentes formaciones defendieron sus propuestas electorales en un ambiente mucho más acalorado que el protagonizado en el día anterior.

El primer debate emitido por RTVE fue mucho más estructurado, con intervenciones más pautadas y sin salirse de un guión. Por el contrario, el que se pudo ver en la noche de este martes, los candidatos dieron rienda suelta a un formato que les permitía contraponer sus ideas y rebatirse los discursos, llegando incluso a no dejarse hablar y provocar ciertos rifirafes propios de una sesión parlamentaria en el Congreso.

Cada protagonista tuvo su momento para explicar sus propuestas referidas a temas como las políticas territoriales, el indepentismo catalán, la sanidad pública, la financiación de las comunidades autónomas, pactos entre partidos, corrupción, empleo, aborto, educación, violencia de género, inmigración, impuestos, pensiones, reforma de la constitución,… aspectos que han marcado un ‘debate decisivo’ en la cuenta atrás para las elecciones del próximo 28 de abril que decidirá quién es el nuevo inquilino de la Moncloa.

Y ante este escenario, los lectores de Official Press han respondido a la encuesta lanzada y han dado por ganador del debate a Pablo Iglesias con una amplia ventaja sobre el resto de candidatos. Según las votaciones Pablo Iglesias (46,01%), seguido por Albert Ribera (22,7%), Pablo Casado (16,26%) y finalmente Pedro Sánchez (15,03%).


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El fiscal general Álvaro García Ortiz presenta su renuncia tras ser condenado: “Es el momento de abandonar”

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Álvaro García Ortiz

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado su renuncia al Gobierno después de que el Tribunal Supremo lo condenara el pasado 20 de noviembre a dos años de inhabilitación, por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

En su comunicación de renuncia, García Ortiz ha afirmado que “es el momento de abandonar”, asumiendo las consecuencias de la sentencia y tratando de poner punto final a la crisis institucional generada por el caso.

La condena del Supremo ha sacudido el panorama político, con duras reacciones de Ayuso, que calificó la sentencia como “hechos propios de una dictadura”. También ha reabierto el debate sobre la independencia del Ministerio Público y la relación entre cargos institucionales y el poder ejecutivo.

Con su marcha, se abre una nueva etapa en el Ministerio Público y se intensifica la presión para reformar mecanismos de control y garantizar una fiscalía verdaderamente independiente.


Condena histórica al fiscal general: dos años de inhabilitación por revelación de secretos contra el novio de Ayuso

El Tribunal Supremo (TS) ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, a dos años de inhabilitación y a pagar una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos. La sentencia afecta a Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien el Tribunal ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales.

Según la resolución del Supremo, García Ortíz vulneró la confidencialidad de información sensible relacionada con Alberto González Amador, un acto considerado grave por comprometer derechos fundamentales y la confianza en la administración pública.

Esta decisión del Tribunal Supremo marca un precedente significativo sobre la responsabilidad de altos cargos en el manejo de información confidencial, reforzando la protección jurídica frente a filtraciones o revelaciones indebidas.

 


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