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Esta es la propuesta del Gobierno para los autónomos que sigue sin gustar

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El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, se ha reunido con los representantes de las principales asociaciones de autónomos para abordar la adaptación de su sistema de cotización en base a sus ingresos reales.

A la reunión han acudido el presidente de ATA, Lorenzo Amor, el presidente de UPTA, Eduardo Abad, y la secretaria general de UATAE, María José Landaburu. Por parte del Ministerio, también han asistido el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Israel Arroyo, y los directores generales de Ordenación de la Seguridad Social, Borja Suárez, y de la Tesorería General de la Seguridad Social, Andrés Harto.

En la reunión, la primera en la que se aborda este tema, el ministro ha recalcado que «debe reformarse el sistema, siguiendo la recomendación número 4 del borrador del Pacto de Toledo», que aconseja la transformación gradual del sistema de cotización para reforzar la homogeneización de la acción protectora de la Seguridad Social, así como la contributividad del trabajador autónomo. En cualquier caso, Escrivá ha subrayado la «importancia de que el nuevo sistema sea consensuado con los representantes de los trabajadores autónomos».

La propuesta inicial del Ministerio, sobre la que se ha iniciado el diálogo con las asociaciones, plantea que los nuevos trabajadores por cuenta propia elijan su base de cotización en función de las previsiones de rendimientos que tendrán. Escrivá ha planteado un sistema flexible, que se pueda modificar a lo largo del año y que se regularice un año después, incluso con la posibilidad de que se devuelva el exceso de cotizaciones pagado por el trabajador.

Actualmente, la mayor parte de trabajadores autónomos (sin perjuicio de tener acceso a determinadas deducciones) eligen las bases de cotización para el cálculo de las cuotas a la Seguridad Social y de las prestaciones, con independencia de los rendimientos obtenidos de sus actividades económicas.

Según los cruces que ha realizado el Ministerio de Inclusión con la Agencia Tributaria, en 2018 había 2,2 millones de autónomos con rendimientos de actividades económicas (RAE). Más de la mitad de ellos tuvieron en 2018 unos rendimientos menores al salario mínimo interprofesional (SMI), por lo que su aportación a la Seguridad Social sería menor que la actual con el nuevo sistema.

Esta reunión ha sido la primera sobre la adaptación de la cotización de trabajadores autónomos a sus ingresos reales, por lo que a partir de ahora se abre el diálogo con las asociaciones para consensuar el nuevo modelo. En lo que va de año, el Ministerio de Inclusión ha llegado a varios acuerdos con las asociaciones de trabajadores autónomos para poner en marcha las medidas de protección de este colectivo por los efectos de la COVID-19.

Y la respuesta de Lorenzo Amor, presidente de ATA (Asociación de Trabajadores Autónomos) ha sido tajante: «Lo hemos dicho al Ministro claramente. Esta reforma no es lo justa q nos decían y no vamos apoyar algo injusto, ni tampoco subir cotización a 700.000 autónomos en estos momentos de asfixia económica. Bajar las cotizaciones si, subirlas a nadie. Bastante asfixiados están los autónomos. La llamada reforma del RETA sólo es para 1.500.000 autónomos que tributan en estimación directa y declaran sus ingresos… Ni los autónomos societarios,ni los colaboradores se incluyen. Más de 700.000 verían incrementada su cotización. Los de módulos, serían los mayores beneficiados».

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La Policía Nacional detiene al presidente y al CEO de Plus Ultra en una redada a la aerolínea rescatada por el Gobierno durante la pandemia

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Plus Ultra

La Policía Nacional ha registrado este jueves la aerolínea española Plus Ultra, rescatada por el Gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia con más de 50 millones de euros. Durante la operación han sido detenidos el presidente de la compañía, Julio Martínez, y el CEO, Roberto Roselli. Según ha podido saber EL MUNDO, la investigación está dirigida por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, que ha ordenado el volcado de los dispositivos informáticos intervenidos.
Fuentes cercanas a la aerolínea —que cuenta con accionistas venezolanos— confirman la operación y aseguran que están colaborando con la Policía Judicial. La causa se encuentra bajo secreto.

Investigación por presunto blanqueo de capitales

La operación investiga un presunto delito de blanqueo de capitales. Los agentes han practicado registros en varios domicilios de los máximos responsables de la empresa, que en los últimos meses ha sido señalada por algunos de los principales investigados del caso Koldo como una de las compañías que deberían ser investigadas.

Plus Ultra fue rescatada por el Ejecutivo en el contexto de la pandemia con una ayuda superior a los 50 millones de euros, una decisión que ha generado controversia desde entonces. El exministro José Luis Ábalos ha afirmado que dicho rescate fue una imposición con la que él no estaba de acuerdo y apuntó a la figura del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, extremo que este último niega. Declaraciones en el mismo sentido ha realizado el empresario Víctor de Aldama.

El rescate de Plus Ultra: polémica y defensas internas

El ex presidente de Plus Ultra Fernando García Manso defendió, tras la concesión del rescate, que la ayuda recibida fue “la mínima imprescindible” y negó cualquier intermediación de antiguos altos cargos socialistas.

Además, justificó la necesidad del apoyo público subrayando que Plus Ultra desempeñaba un papel estratégico en la economía española, al cubrir una carencia en las conexiones aéreas con Latinoamérica. La aerolínea se definía como la “única alternativa” para obtener precios competitivos entre España y el continente americano.
Según García Manso, la desaparición de la compañía generaría un monopolio en esas rutas.

Conexiones internacionales y préstamos investigados

Según ha podido saber este periódico, la investigación está vinculada a las pesquisas abiertas por la Fiscalía suiza contra el financiero Simon Leendert Verhoeven. Entre 2020 y 2021, Plus Ultra solicitó créditos por valor de 1,3 millones de euros a varias sociedades vinculadas al entorno del financiero.

Las operaciones fueron:

  • 28 de octubre de 2020: préstamo de 500.000 dólares con Wailea Invest, domiciliada en Reino Unido.

  • 20 de noviembre de 2020: préstamo de 500.000 euros con Allpa Wira, fondo con sede en Suiza.

  • 29 de enero de 2021: préstamo de 450.000 euros con Valerian Corporation.

La compañía argumenta que recurrió a estos préstamos debido al fuerte impacto del Covid en sus cuentas y sostiene que todas las operaciones fueron legales, públicas y transparentes. Sin embargo, los investigadores analizan ahora si estas transacciones están relacionadas con un posible entramado de blanqueo internacional.

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