Las autopistas AP-4 entre Sevilla y Cádiz y AP-7 entre Tarragona, Valencia y Alicante suprimen a partir de las 00.00 horas de este miércoles, 1 de enero, el cobro de peaje a sus usuarios.

Los conductores que diariamente circulan por estas vías, que con una media de entre 20.124 y 24.477 usuarios diarios figuran entre las más transitadas del país, dejarán de pagar tasa alguna.

La supresión de las barreras de peaje en estas autopistas es consecuencia de la conclusión del contrato de concesión de su explotación, que actualmente tiene Abertis, y su consecuente reversión al Estado.

Se trata de las segundas vías de pago en alcanzar el fin de su concesión, levantar el peaje y pasar a estar gestionadas por el Estado un año después de que lo hiciera la AP-1 Burgos-Armiñón, vía que gestionaba el grupo Itínere y que quedó libre de peaje el 1 de diciembre de 2018.

En todos los casos, es fruto de la decisión que adoptó el Gobierno actualmente en funciones de no prorrogar los contratos de concesión de autopistas de peaje que vencieran.

De esta forma, desde este miércoles los 467 kilómetros de longitud que suman estas dos autopistas quedarán libre de pago y pasarán a ser gestionadas por el Ministerio de Fomento.

La AP-4 Sevilla-Cádiz cuenta con 93,8 kilómetros de longitud por los que actualmente circulan una media de 24.477 conductores al día, si bien esta cifra se eleva a casi 35.000 vehículos en los meses de verano.

De su lado, los tramos de la AP-7 Tarragona-Valencia y Valencia-Alicante, cuentan con 225,32 y 148,5 kilómetros de longitud, respectivamente.

El primero de estos trazados registra un tráfico medio de 22.707 vehículos al día, mientras que el que une la capital del Turia y Alicante contabiliza 20.124 tránsitos, si bien también en los meses estivales superan la cota de los 36.000 usuarios diarios, según datos oficiales del Ministerio de Fomento.

SU MANTENIMIENTO, A COSTA DEL ERARIO PÚBLICO
Este Departamento, al hacerse cargo de estas vías, deberá encargarse también de su mantenimiento, que pasará a depender del erario público. Hasta ahora, lo costeaba Abertis a cuenta del peaje que cobraba a los usuarios de las vías.

No obstante, Fomento no ha podido resolver a tiempo el concurso público que lanzó para seleccionar a la empresa que reemplace a Abertis a la hora de realizar estos trabajos de conservación y mantenimiento, estimados en 153 millones de euros anuales.

Por ello, ha resuelto encomendarselo a Sacyr, FCC y API Movilidad, a través de ‘contratos de emergencia’ y hasta que se adjudique el contrato original.

Fomento no ha podido resolver este contrato dado que ha sido recurrido por Abertis ante las discrepancias que el grupo y el Ministerio mantienen sobre los trabajadores de la compañía que deben subrogarse en los trabajos de mantenimiento de las vías.

El grupo de autopistas ha pactado ya un ERE para 136 trabajadores de las autopistas, el 45,3% de su plantilla total, los ligados a la administración y cobro del peaje.

Estas dos nuevas autopistas levantan su peaje y vuelven al Estado mientras aún sigue pendiente el debate que el Ejecutivo ahora en funciones pretendía lanzar para consensuar un modelo de financiación de la red de carreteras, que pasa por sopesar la eventual articulación de una tasa por uso en toda la red de 12.000 autovías del país, una de las más extensas de Europa.