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Valencia

Estas son las ayudas que puedes solicitar para la reforma y rehabilitación de viviendas en la Comunitat

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València, 15 mar (EFE).- Los planes de ayuda a la rehabilitación y reforma de viviendas del Gobierno valenciano contarán con un presupuesto de 47,8 millones en 2021, un 28 % más que en el ejercicio anterior, y estarán enfocados en la rehabilitación en términos de accesibilidad y en la eficiencia energética.

Así lo han dado a conocer el president de la Generalitat, Ximo Puig, y el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau, durante la presentación del Plan Renhata 2021, que confían en poder ampliar durante este año y el próximo gracias a los fondos europeos para la recuperación económica.

Este plan permitirá subvencionar obras de hasta 12.000 euros de prepuesto, y las ayudas podrán solicitarse hasta el 20 de mayo, tanto para obras que estén en curso, como para aquellas que estén a punto de comenzar o estén ya terminadas.

«Esto es lo que vamos a hacer ya, pero estamos esperanzados de que, entre este año y el próximo, podamos recibir muchos más recursos que significarán un fortalecimiento de lo que es una opción estratégica para nosotros, que es hacer viviendas más adecuadas a la vida que los ciudadanos merecen», ha afirmado Puig.

Ha asegurado que el sector de la construcción será fundamental para superar la crisis económica derivada de la pandemia, no con esa visión del pasado de «construir por construir», sino desde esa «nueva dimensión» vinculada a la sostenibilidad, la tecnología, y el bienestar de las personas.

El president ha recordado que el derecho a la vivienda es un derecho constitucional, aunque ha reconocido que «probablemente en muchos momentos no hemos sido capaces de situar donde corresponde», y ha considerado que para superar la crisis actual, «es fundamental la alianza entre lo que significan los derechos y reactivación económica».

Ha indicado que este plan demuestra la voluntad del Consell por «fortalecer el Estado del Bienestar en un pilar -el del derecho a la vivienda- que demasiadas veces ha estado desconectado de los grandes pilares del Estado del Bienestar».

El vicepresidente segundo del Consell, por su parte, ha asegurado que la eficiencia energética de los edificios es imprescindible en la transición ecológica de las sociedades, y ha planteado que a nadie se le ocurriría dejar en funcionamiento la lavadora o la secadora durante un casi año, o el microondas a máxima potencia durante un centenar de días.

Sin embargo, ha advertido de que esa es la cantidad de energía que los hogares españoles malgastan cada año por un mal aislamiento o una deficiente iluminación, de acuerdo con los últimos datos del Consejo General de Arquitectura Técnica de España.

Asimismo, ha destacado que según los últimos datos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía, el 71,1 % de las viviendas valencianas son poco eficientes en términos energéticos, y más de un 28 % son catalogadas como muy deficientes.

Martínez Dalmau ha señalado que este malgasto de energía supone no solo un gasto adicional de entre 6.000 y 9.000 euros por unidad familiar, sino que también comporta «una enorme huella medioambiental equivalente a la emisión anual de aproximadamente 800.000 toneladas de CO2 a la atmósfera».

Ha afirmado que todos estos datos demuestran existe «un gran margen de mejora» en materia de eficiencia energética y abren «una ventana de oportunidad para reactivar reorientar algunos sectores estratégicos de la economía valenciana hacia las técnicas innovadoras del biohabitalbilidad».

El titular de vivienda ha señalado que durante en el último año el plan Renhata ha beneficiado a 1.400 familias, el doble que en ediciones anteriores con un importe de casi 2 millones, mientras que este año las líneas de ayudas a la reforma, rehabilitación y actuaciones urbanas contarán un dotación presupuestaria de 47,8 millones.

Además, las rehabilitación estará enfocada en términos de accesibilidad «como forma de democratización del derecho a la ciudad», pues aunque se ha avanzado mucho en este ámbito, todavía hay «100.000 personas que no pueden salir nunca de sus casas», ha manifestado el titular de Vivienda.

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Valencia

La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón

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Carlos Mazón imputación dana
La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón-EUROPA PRESS

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 ha acordado elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para que se investigue al expresident de la Generalitat Carlos Mazón por una presunta “inactividad negligente” durante la emergencia que causó 230 víctimas mortales y una más en estudio.

La magistrada considera que existen indicios suficientes para que el alto tribunal asuma la investigación sobre el exjefe del Consell, dado que mantiene su acta de diputado en Les Corts y, por tanto, su condición de aforado. En la causa ya figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su ex número dos Emilio Argüeso.

La instructora ve “conexidad” para investigar al expresident

Según el auto judicial, de 109 páginas, la investigación debe “extenderse de manera inevitable” a Mazón por la “evidente conexidad” con los hechos y la normativa de protección civil. La magistrada sostiene que, desde la perspectiva de la Presidencia de la Generalitat, la gestión de la emergencia “se detuvo de facto” durante varias horas en las que el entonces president permaneció en el reservado de un restaurante.

La resolución subraya que esa permanencia “absolutamente pasiva” durante cerca de cinco horas podría constituir una “grosera negligencia” con un resultado mortal de 230 fallecidos y numerosos heridos.

Competencia autonómica en la emergencia

La jueza recuerda que la gestión de la emergencia correspondía “exclusivamente” a la Generalitat Valenciana al haberse declarado el nivel dos. En ese contexto, cita resoluciones de la Audiencia Provincial que inciden en la competencia autonómica conforme al Estatuto de Autonomía, la Ley de Protección Civil y el plan especial frente a inundaciones.

El auto detalla además las circunstancias de cada una de las víctimas mortales y sitúa la dirección del plan de emergencias en la entonces consellera Salomé Pradas.

Cadena de negligencias y responsabilidad jerárquica

La instructora describe una “cadena de negligencias” en la que habrían intervenido distintos responsables. Entre los elementos señalados figuran:

  • La convocatoria tardía del CECOPI.

  • El retraso en el envío de la alerta a la población, que se produjo a las 20.11 horas cuando la mayoría de víctimas ya habían fallecido.

  • La falta de coordinación entre organismos autonómicos.

  • Los avisos previos de la Agencia Estatal de Meteorología y la Confederación Hidrográfica del Júcar.

  • El elevado número de llamadas al 112 durante la jornada.

A juicio de la magistrada, la estructura jerárquica implicaba que el president debía supervisar y controlar la actuación de los responsables inferiores, lo que sitúa su eventual responsabilidad en un plano de mayor gravedad.

Horas clave sin decisiones relevantes

El auto apunta a una “situación de ajenidad” del entonces president entre las 14.30 y las 20.28 horas, cuando llegó al CECOPI en l’Eliana. En ese periodo, la jueza aprecia una supuesta minimización de la gravedad de la emergencia y ausencia de decisiones relevantes por parte de la máxima autoridad autonómica.

También ve indicios de una posible participación en el proceso de envío de la alerta Es-Alert, al considerar que los mensajes del jefe de gabinete del expresident a la consellera no eran simples opiniones, sino órdenes.

La instructora cuestiona además la falta de comunicación directa en momentos críticos y la imposibilidad de coordinar la emergencia si el teléfono no estaba operativo o accesible.

Sin valoración política

La magistrada recalca que la exposición razonada no se basa en un análisis moral o político, sino en la posible relevancia penal de la actuación del aforado y en su papel en la coordinación de la emergencia.

El TSJCV deberá decidir ahora si asume la investigación sobre Carlos Mazón en el marco de la causa abierta por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana.

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