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Estas son las fiestas de Nochevieja autorizadas en la Comunitat Valenciana

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fiestas Nochevieja Comunitat
En la imagen el Museo de las Ciencias de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Archivo/EFE/Manuel Bruque

La Conselleria de Emergencias e Interior ha tramitado un total de 74 solicitudes para la celebración de cotillones, fiestas, bailes y otros actos extraordinarios con motivo de la Nochevieja en establecimientos de la Comunitat Valenciana. Finalmente, 71 celebraciones han sido autorizadas, mientras que dos solicitudes han sido denegadas por presentarse fuera de plazo y una ha sido retirada por desistimiento.

Más solicitudes que en 2024 para celebrar el Fin de Año

Este año se han registrado cinco peticiones más que en 2024, ejercicio en el que se presentaron 69 solicitudes y se autorizaron finalmente 62 celebraciones de Fin de Año. La Dirección General de Interior, que tiene la competencia exclusiva en materia de espectáculos públicos en el ámbito territorial valenciano, ha sido la encargada de analizar y aprobar estas propuestas, según ha informado la administración autonómica en un comunicado.

Restaurantes y bares, los principales escenarios de las fiestas de Nochevieja

La mayor parte de los festejos autorizados para despedir el año se celebrarán en restaurantes (37) y cafés-bar (22). No obstante, también se han aprobado celebraciones en otros espacios como cines de verano, polideportivos, pubs o teatros, lo que refleja la diversidad de formatos y ubicaciones de las fiestas de Nochevieja en la Comunitat Valenciana.

Los aforos previstos son muy variables, con celebraciones que van desde apenas 11 asistentes hasta eventos con capacidad para 1.532 personas, siempre bajo las condiciones de seguridad exigidas por la normativa vigente.

Distribución de las fiestas de Nochevieja por provincias

Provincia de Alicante

La provincia de Alicante concentra el mayor número de permisos, con 17 municipios que acogerán celebraciones extraordinarias de Nochevieja. Los festejos tendrán lugar en establecimientos de l’Alfàs del Pi, Algorfa, Alicante, Benidorm, Calpe, Dénia, Elche, Formentera del Segura, Guardamar del Segura, Hondón de las Nieves, Jávea/Xàbia, Petrer, San Fulgencio, Santa Pola, Torre de la Horadada, Torrevieja y La Vall de la Gallinera.

Provincia de Castellón

En la provincia de Castellón, las fiestas de Fin de Año autorizadas se celebrarán en 10 municipios: Almassora, Benicàssim, Burriana, Castellón de la Plana, Montanejos, Oropesa, Segorbe, Torreblanca, Vila-real y Xert.

Provincia de Valencia

En la provincia de Valencia, los establecimientos que han recibido autorización para organizar fiestas de Nochevieja se localizan en 14 municipios: Alboraia, Beniarjó, Bellreguard, Gandía, Jalance, Náquera, Oliva, Rafelbunyol, Riola, Sagunto, Tavernes Blanques, València, Xeraco y Xirivella.

Seguridad y normativa en las celebraciones de Fin de Año

La organización de este tipo de eventos extraordinarios está regulada por la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos, que establece las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de las personas y de los bienes durante las celebraciones públicas.

En este contexto, la Dirección General de Interior remitió el pasado 25 de noviembre una circular a los 542 ayuntamientos de la Comunitat Valenciana, a través de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, para recordar los requisitos y condiciones que deben cumplirse al organizar celebraciones extraordinarias típicas de estas fechas.

Control y prevención en la Nochevieja en la Comunitat Valenciana

Desde la Conselleria de Emergencias e Interior se subraya la importancia de estas autorizaciones para prevenir riesgos, coordinar los dispositivos de seguridad y asegurar que las fiestas de Nochevieja en la Comunitat Valenciana se desarrollen con normalidad. El objetivo es que la ciudadanía pueda despedir el año y dar la bienvenida al nuevo con garantías de seguridad, orden y convivencia, tanto en grandes eventos como en celebraciones de menor aforo.

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Jéssica, expareja de Ábalos: «Me dijo que mirara casas y que eligiera la que me gustara»

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Caso Koldo-Ábalos
La expareja de José Luis Ábalos, Jéssica Rodríguez (c), a su llegada al Tribunal Supremo a declarar como testigo en el juicio de las mascarillas, a 7 de abril de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 7 Abr. 2026 (EUROPA PRESS)

Jéssica Rodríguez, expareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, ha asegurado ante el Tribunal Supremo que fue el propio dirigente quien le indicó que buscara vivienda y eligiera la que quisiera, en referencia al piso situado en la Plaza de España de Madrid donde residió durante su relación.

“Me dijo que mirara casas y que eligiera la que me gustara”, ha declarado este martes como testigo en el juicio por los presuntos amaños en contratos de mascarillas.


Declaración en el Tribunal Supremo por el caso mascarillas

Rodríguez ha comparecido en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo, en el marco del procedimiento que investiga posibles irregularidades en la adjudicación de contratos durante la pandemia.

Durante su testimonio, ha explicado que antes de trasladarse a ese inmueble compartía piso con compañeras de la universidad y mantenía una relación frecuente con Ábalos.

“Nos veíamos prácticamente todos los días y no teníamos un sitio donde vernos. Me dijo que con 30 años lo normal era tener mi propio espacio”, ha señalado.


“La idea era tener un lugar para estar juntos”

A preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, Rodríguez ha reconocido que eligió la vivienda con la intención de compartir tiempo con el exministro, que entonces seguía residiendo en el domicilio oficial del Ministerio con su familia.

“La idea era tenerla para poder estar los dos”, ha afirmado.

En cuanto al pago del alquiler, ha admitido que pensaba que lo asumía Ábalos, pese a que los investigadores apuntan a que el coste habría sido cubierto por la presunta trama.

“Nunca he sido una persona que haga ese tipo de preguntas”, ha añadido.


Admite que cobró de Ineco sin trabajar

Uno de los puntos clave de su declaración ha sido su relación laboral con empresas públicas como Ineco, donde, según ha reconocido, percibió ingresos sin desempeñar funciones.

Rodríguez ha asegurado que desconocía que se tratara de una empresa pública:

“No sabía ni siquiera que fuera una empresa pública”.

Según su relato, acudió a una entrevista acompañada por Koldo García y consideraba que el puesto se ajustaba a su perfil: “Estaba sobrada de cualificación”.

Sin embargo, ha confirmado que no llegó a trabajar. Ha explicado que mantuvo una reunión con Joseba García, hermano de Koldo, quien le enseñó las instalaciones, tras lo cual regresó a casa sin realizar ninguna tarea.


Una relación iniciada en 2018 y marcada por la situación política

Rodríguez ha detallado que conoció a Ábalos en octubre de 2018 y que la relación se intensificó semanas después, con encuentros frecuentes, viajes y actividades juntos.

No obstante, ha señalado que el entonces ministro no tenía intención de divorciarse mientras permaneciera en el cargo, lo que marcó el final de la relación en noviembre de 2019.

“Cuando vimos que el Gobierno iba a continuar cuatro años, decidí no seguir en esa situación”, ha explicado.


“Nuestra historia solo la conocemos él y yo”

La testigo ha subrayado que la ruptura no fue conflictiva, sino consecuencia de la situación personal del exministro.

Según ha indicado, Ábalos le permitió continuar en el piso mientras finalizaba sus estudios, ya que su situación económica complicaba encontrar otra vivienda en Madrid.

“Se sentía en deuda conmigo porque cambié mi estilo de vida”, ha señalado, insistiendo en que la relación y sus circunstancias “solo las conocemos él y yo”.

Víctor Ábalos niega custodiar dinero de su padre y aclara el polémico “café” en el juicio de la trama de mascarillas

Víctor Ábalos, hijo del exministro de Transportes José Luis Ábalos, compareció este martes como testigo en el juicio del Tribunal Supremo por la presunta trama de mascarillas durante la pandemia de Covid-19. Durante su declaración, negó categóricamente haber sido “custodio” del dinero de su padre y aclaró el polémico uso de la palabra “café” que había detectado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Negativa a custodiar fondos y préstamos familiares

Víctor Ábalos aseguró ante el tribunal que todo el dinero que ha entregado a su padre proviene de sus propios ingresos: “Yo no tengo dinero de nadie, yo no soy custodio de nadie. Todo lo que le he dado a mi padre es de mi cuenta bancaria, sin más”, declaró.

Reconoció haber prestado unos 20.000 euros a su padre tras su divorcio, pero negó que el dinero provenga de empresas de Colombia, país donde su padre “trabaja más”. “En el caso de que tuviera que prestarle algo, es mi dinero, no viene de ninguna empresa”, precisó.

Desmiente transacciones con Koldo García

Respecto a Koldo García, exasesor ministerial, Víctor Ábalos negó haberle dado dinero o haber tenido negocios con él: “Contraté los servicios de una empresa administrada por su pareja, pero solo duró dos meses”. También afirmó que nunca ha utilizado teléfonos encriptados ni habla en clave con nadie, incluido su padre.

Sobre el término “café”, detectado por la UCO como supuesto lenguaje cifrado, aclaró que simplemente hace referencia a la afición de Koldo al café y a sus viajes frecuentes a Colombia: “Ni hablo en clave, ni tengo costumbre ni sé hablar en clave”.

Situación económica familiar y apoyo mediático

Víctor Ábalos calificó la situación económica de su padre como “lamentable” y detalló que su familia ha sufrido una “campaña reputacional brutal”, que afectó sus ingresos. Admitió que sus intervenciones televisivas estaban motivadas por la necesidad de mantener a su familia y apoyar a su padre: “Estamos ahí para lo que necesite, con ingresos de peculio, de teléfono o de los gastos del día a día”.

Contexto del juicio

El juicio contra José Luis Ábalos, Koldo García y el empresario Víctor de Aldama se celebra entre el 7 y el 30 de abril en el Tribunal Supremo, en relación con presuntas comisiones ilegales en contratos de mascarillas durante la pandemia. La Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos y 19,5 años para Koldo García, mientras que Aldama afronta 7 años de cárcel.

El caso mascarillas llega a juicio en el Supremo

El juicio, que se celebrará entre el 7 y el 30 de abril, juzga supuestas comisiones ilegales en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la crisis de la COVID-19 en 2020.

Junto a Ábalos también están acusados su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario en la trama.

Penas solicitadas: hasta 24 años de prisión

La Fiscalía solicita:

  • 24 años de cárcel para José Luis Ábalos
  • 19 años y medio para Koldo García
  • 7 años para Víctor de Aldama

Las acusaciones populares elevan incluso la petición de pena hasta los 30 años para algunos de los implicados.

Qué se investiga en el caso

Según la acusación, los implicados se habrían concertado para aprovechar la posición de Ábalos como ministro y dirigente político con el objetivo de favorecer a determinadas empresas en contratos públicos.

A cambio, habrían recibido presuntas comisiones ilegales vinculadas a la compra de material sanitario durante la pandemia.

Testigos clave y primeras declaraciones

La primera jornada del juicio contará con la declaración de once testigos, entre ellos familiares y personas del entorno del exministro.

También se analizarán supuestas contrataciones irregulares en empresas públicas y pagos relacionados con alquileres que, según la investigación, podrían formar parte de las comisiones investigadas.

Un juicio de gran impacto mediático

Más de 50 medios de comunicación están acreditados para cubrir este proceso judicial, considerado el primer gran juicio del denominado caso Koldo, que cuenta con otras piezas abiertas en la Audiencia Nacional.

Un proceso clave en la lucha contra la corrupción

El juicio marcará un punto de inflexión en la investigación sobre la gestión de contratos durante la pandemia, poniendo el foco en la transparencia y el uso de fondos públicos en situaciones de emergencia.

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