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Estas son las nuevas asignaturas de la ESO y Bachiller que el Consell ha aprobado para el próximo curso escolar

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VALÈNCIA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) – El pleno del Consell ha aprobado este viernes la modificación del Decreto que regula el currículum y desarrolla la ordenación general de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y del Bachillerato en la Comunitat, que incluye Historia de la Filosofía como materia obligatoria en 2º de Bachillerato.

Según ha explicado la vicepresidenta y portavoz, Mónica Oltra, el objetivo es «que el alumnado tenga una formación ética y filosófica que le ayude a desarrollar su autonomía moral y su responsabilidad cívica y democrática», siendo este un compromiso del propio conseller de Educación, Vicent Marzà.

Esta modificación del currículum, ha indicado, responde a las demandas y aportaciones de los diferentes sectores de la comunidad educativa, así como a la necesidad de mejorar la calidad de la enseñanza y de desarrollar las diversas competencias del alumnado. Será de aplicación el próximo curso 2018-19.

Los cambios en el articulado y los anexos suponen la creación de nuevas materias como Talleres de Refuerzo y Talleres de Profundización para dar respuesta al alumnado con necesidades educativas diferentes. Como consecuencia, desaparece de la oferta educativa la materia Refuerzo Instrumental.

Además, se introduce la materia Proyecto Interdisciplinario, basada en trabajo por proyectos y que podrá ser ofrecida por los centros en los cuatro cursos de la ESO.

Por otra parte, en segundo curso de Bachillerato se crea la materia Educación Fisicodeportiva y Salud, desde la que se busca trabajar contenidos que aumenten la autonomía personal y social.

MÁS SESIONES DE PRÁCTICA ORAL DE LA LENGUA EXTRANJERA
Asimismo, aumentan las sesiones dedicadas exclusivamente a la práctica oral en la materia Primera Lengua Extranjera, con el objetivo de mejorar la competencia comunicativa oral.

Este incremento se dará en 1º y 2º de ESO, donde aumentan de 3 a 4 las sesiones semanales de esta materia, con al menos 1 hora semanal destinada a la competencia comunicativa oral. El resto de cursos mantienen las sesiones, aunque también se incide en la importancia de reforzar la práctica oral.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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