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Valencia

El 86% de pisos okupados en Valencia son de bancos y el 1% de particulares

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firma de hipotecas en la Comunitat Valenciana

València, 30 ago (OFFICIAL PRESS-EFE).- Un informe realizado por la Oficina por el Derecho a la Vivienda del Ayuntamiento de València concluye que el 86 % de los casos de ocupación de viviendas corresponde a propiedades de entidades bancarias, jurídicas y fondos de inversión; mientras que el 1 % de estos casos se produce en viviendas de particulares.

Según ha informado el Ayuntamiento de València, este informe se ha realizado con motivo del cumplimiento de los diez meses de funcionamiento de la Oficina y permite «desmontar las ‘fake news’ que hay en torno a las situaciones de ocupación en la sociedad», ha manifestado la cocejal de Vivienda, Isabel Lozano.

Lozano ha asegurado que «esto desmonta toda la manipulación mediática según la cual las ocupaciones están arruinando a la gente que tiene un pisito y que lo pone en alquiler».

Por el contrario, la concejal ha manifestado que «en la grandísima mayoría de los casos, las personas que viven en las viviendas tienen la máxima voluntad de pagar y cumplir con sus obligaciones».

En este sentido, la oficina ha podido comprobar que «la inmensa mayoría de las personas en situación irregular tienen una sensación de vergüenza, y lo que quieren es tener posibilidades y oportunidades para regular su situación y vivir tranquilamente».

«Por lo tanto se desmantela así, con datos reales recogidos por la oficina en los miles de casos que atiende, esa contaminación mediática que hay al respecto de este tema, con determinados intereses ideológicos», ha concluido Lozano.

El informe desmonta la idea de que los hogares cuyas viviendas están en situación irregular (el 19,4 %) viven en situación de ocupación. “Si bien estas representan una buena parte de los 185 hogares bajo esta tipología, hay otros casos destacables, como por ejemplo personas que habitan un casa familiar objeto de una herencia y con conflicto por el su uso. O gente que habita sus viviendas después de una ejecución hipotecaria”

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Valencia

La jueza vuelve a citar al alto cargo de confianza de Mazón tras los WhatsApp de la consellera Pradas

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La exconsellera de Justicia y Emergencias de la Generalitat valenciana Salomé Pradas ofrece declaraciones a los medios a su llegada a declarar, en calidad de investigada ante la Ciudad de la Justicia de Valencia, a 11 de abril de 2025 - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

Sigue la última hora de la investigación de la justicia en la gestión de la DANA:

La investigación judicial sobre la gestión de la reciente emergencia en la Comunitat Valenciana vuelve a intensificarse. La magistrada instructora ha decidido citar por segunda vez a la mano derecha del president Carlos Mazón, después de que la consellera de Medio Ambiente, Salomé Pradas, entregara al juzgado una serie de mensajes de WhatsApp que abren nuevas incógnitas sobre la toma de decisiones durante el episodio crítico.

Los WhatsApp de Pradas reactivan la investigación

La documentación aportada por Pradas la semana pasada ha tenido un efecto inmediato en el proceso judicial. Según fuentes del caso, los mensajes revelan intercambios directos con el alto cargo de Presidencia, en los que se habría tratado información relevante sobre la evolución de la emergencia y la valoración de un posible confinamiento preventivo, finalmente descartado.

Estos mensajes han llevado a la instructora a convocar un nuevo interrogatorio para esclarecer qué datos recibió el asesor de Mazón, cómo los interpretó y qué argumentos dio a la consellera para no activar medidas más restrictivas.

Qué pretende aclarar la jueza

La magistrada busca concretar cuatro puntos:

  1. El tipo de avisos o informes que manejaba el asesor.

  2. Si existía riesgo real que justificara el confinamiento en algún municipio afectado.

  3. El criterio técnico o político utilizado para desaconsejar esa medida.

  4. La coordinación entre Consellerias y Presidencia durante las primeras horas de la emergencia.

Fuentes jurídicas señalan que la intención es determinar si hubo alguna omisión de información, valoración errónea o interferencia política en decisiones que pudieran haber afectado a la seguridad de la población.

Crece la presión sobre el Consell

La nueva citación supone un revés para el equipo de Mazón, que insiste en que la gestión se realizó siguiendo criterios técnicos y con absoluta transparencia. Sin embargo, la aparición de los WhatsApp ha generado inquietud en el seno del Consell, que teme que la causa derive en nuevas declaraciones o peticiones de documentación.

La oposición, por su parte, reclama al president que dé explicaciones públicas y remarca que los mensajes “muestran contradicciones” entre las versiones ofrecidas hasta ahora por distintos cargos del Gobierno valenciano.

El proceso judicial continúa abierto

La jueza mantiene activas las diligencias y no se descartan nuevas comparecencias a medida que se analice el contenido completo de las conversaciones aportadas por Pradas. El juzgado está también a la espera de recibir informes técnicos de distintos departamentos del Consell, así como las comunicaciones oficiales emitidas durante la emergencia.

Mientras tanto, el Consell considera que la investigación sigue su curso normal y pide “prudencia” para no interferir en el procedimiento.

 

 

 

Carta abierta de Maribel Vilaplana sobre su comida con Mazón

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