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Europa y Londres logran un acuerdo sobre el Brexit

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INTERNACIONAL, 17 oct. – La Comisión Europea y el Gobierno de Boris Johnson han logrado este jueves un acuerdo para asegurar que la ruptura entre Reino Unido y la Unión Europea se produce de manera ordenada, aunque el pacto necesita aún el visto bueno de los líderes europeos y de la aprobación de los Parlamentos británico y europeo para que sea válido.

«Los negociadores han alcanzado un acuerdo sobre el protocolo revisado para Irlanda e Irlanda del Norte y sobre la declaración política (que sienta las bases de la relación futura)», ha escrito el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en una carta al presidente del Consejo, Donald Tusk, para informarle del avance.

El protocolo que afecta al Úlster era el último escollo por salvar ya que Londres rechazaba de plano la salvaguarda irlandesa inicialmente diseñada, pero la UE la consideraba imprescindible para evitar la vuelta a una frontera dura en la isla y también para proteger la integridad del Mercado Único.
El bloque exigió trasladar a un texto jurídicamente vinculante una alternativa creíble, factible y con las mismas garantías para aceptar un cambio.

El pacto cuenta con la «aprobación» de la Comisión Europea y también con la del Gobierno británico, según le ha trasladado Johnson a Juncker en una conversación telefónica mantenida a primera hora.

«Cuando hay voluntad, hay un acuerdo: Tenemos uno. Es un acuerdo justo y equilibrado para la Unión Europea y para el Reino Unido y es prueba de nuestro compromiso de encontrar soluciones», ha dicho Juncker más tarde a través de las redes sociales, para anunciar que ha pedido a los jefes de Estado y de Gobierno que validen el acuerdo durante su cumbre de este jueves.

«Tenemos un gran nuevo acuerdo que recupera el control. Ahora el Parlamento debería hacer efectivo el Brexit el sábado para que podamos continuar con otras prioridades como el coste de la vida, el sistema nacional de salud, los crímenes violentos y el medio ambiente», ha escrito también en Twitter el primer ministro británico.

Londres asegura que puede cumplir la ratificación parlamentaria en cuestión de «días», en principio se cuenta con que la Cámara de los Comunes lo votara este mismo sábado, mientras que el Parlamento Europeo se ha comprometido a agilizar también su parte para someterlo a votación en su pleno de la semana próxima y que el acuerdo estuviera a tiempo para el Brexit el próximo 31 de octubre.

Fuente: Europapress

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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