La exconsellera de Emergencias, Salomé Pradas, ha presentado un recurso ante la Audiencia contra su imputación en la causa de la DANA, argumentando que la responsabilidad no solo recae en la Generalitat, sino también en el Gobierno central. Según su defensa, las competencias en emergencias incluyen organismos estatales como la Delegación del Gobierno, la AEMET y la Confederación del Júcar, que participaron en la toma de decisiones.

Obras pendientes desde 2011 y falta de medidas de protección

Pradas señala que la falta de infraestructuras clave, como la presa de Cheste proyectada en 2005 y el encauzamiento del barranco del Poyo en 2011, agravó el impacto de la riada del 29 de octubre. La defensa sostiene que la riada llegó con una «rapidez imparable» y que estas obras habrían reducido sus efectos.

Imputación y responsabilidad compartida

El Juzgado de Catarroja la investiga como «máxima autoridad», pero su defensa insiste en que la Delegación del Gobierno también tuvo un rol clave en la gestión de la crisis. Pradas se considera «cabeza de turco» en la causa que investiga 228 muertes y múltiples lesiones imprudentes.

Petición de cambio de vía judicial

La defensa de Pradas solicita cerrar la causa penal y trasladar el caso a la vía contencioso-administrativa, para determinar indemnizaciones a las víctimas. Considera que el proceso penal es una tarea «hercúlea» por su complejidad y duración, y que la responsabilidad debe ser analizada desde una perspectiva administrativa.

Consecuencias para Salomé Pradas y Carlos Mazón tras su imputación en la DANA

La imputación de Salomé Pradas en la gestión de la DANA del 29 de octubre no solo pone en jaque su futuro político y judicial, sino que también salpica directamente al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Las repercusiones podrían extenderse tanto en el ámbito legal como en el terreno político y electoral.

Consecuencias para Salomé Pradas

1. Riesgo de inhabilitación y condena penal

   • La exconsellera de Emergencias se enfrenta a una investigación por 225 homicidios y lesiones imprudentes. Si la causa avanza y se le atribuye responsabilidad penal, podría ser condenada a inhabilitación para cargo público e incluso penas de prisión.

2. Desgaste de su imagen pública y política

   • Aunque Pradas se defiende argumentando una «corresponsabilidad dual» con el Gobierno central, su posición dentro del PP queda debilitada. Si la presión mediática y judicial aumenta, su futuro en la política valenciana podría quedar comprometido.

3. Posible expulsión o apartamiento del PP

   • Si la situación se agrava y el caso avanza a juicio, el Partido Popular podría tomar medidas para distanciarse de ella y evitar un daño mayor a su imagen de cara a las elecciones.

Consecuencias para Carlos Mazón y la Generalitat

1. Impacto en la estabilidad del Gobierno valenciano

   • La implicación de Pradas afecta directamente al Consell de Carlos Mazón, que podría verse obligado a remodelar su equipo y asumir desgaste político por la gestión de la crisis.

2. Desgaste electoral del PP en la Comunidad Valenciana

   • Con las elecciones autonómicas y municipales en el horizonte, el escándalo podría restarle apoyo al PP en la Comunidad Valenciana, especialmente si la oposición (PSPV y Compromís) capitaliza la crisis para debilitar a Mazón.

3. Mayor presión sobre su liderazgo

   • La imputación de una exconsellera de su Gobierno pone en duda la capacidad de gestión de Mazón en situaciones de emergencia. La oposición y los medios exigirán explicaciones, lo que podría erosionar su liderazgo.

4. Relación tensa con el Gobierno central

   • Al responsabilizar también al Ejecutivo de Pedro Sánchez, Mazón podría abrir un nuevo frente de conflicto institucional, generando mayor confrontación entre la Generalitat y el Gobierno central.

Un escenario de incertidumbre

A corto plazo, la defensa de Pradas intentará frenar la vía penal, pero si la Audiencia no admite su recurso, su futuro y el de Mazón quedarán en manos de los tribunales. El impacto político dependerá de cómo evolucione la causa y de si el PP logra gestionar la crisis sin perder apoyo ciudadano.

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