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Feijóo: «El discurso de Sánchez de hoy es el más peligroso de todos los que ha dado»

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Feijóo Puigdemont
Feijóo en su comparecencia tras la no dimisión de Sánchez

«España no tiene un presidente a la altura de sus ciudadanos», declaró el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en respuesta al anuncio de esta mañana del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de permanecer en el cargo. Feijóo afirmó que «lo que estamos presenciando no es más que el epílogo» de Sánchez.

Feijóo criticó duramente el discurso de Sánchez como «el más peligroso de todos» y advirtió que «no nos van a silenciar, no van a someter la dignidad de esta nación a sus intereses, no vamos a volver a la polarización ni permitir la impunidad».

El líder del PP calificó como «ridículo» el comportamiento de Sánchez en los últimos días y anunció que su periodo de reflexión sobre su dimisión «marca el final de un pasado que superaremos».

En una rueda de prensa, Feijóo dijo que Sánchez no acertó ni en quedarse ni en cómo lo comunicó. También criticó que, al pedir «reflexión» a los ciudadanos, los interpelara sin darles voz y afirmó que Sánchez debería convocar elecciones, aunque reconoció que no lo hará. Además, descartó una moción de censura.

«Lo que hemos visto hoy son las amenazas de un presidente acorralado», afirmó Feijóo, criticando a Sánchez y a su gobierno por dividir entre «buenos y malos» y desviar la atención de otros problemas.

«Quien amenaza a la democracia española es quien quiere imponer un proyecto de poder sin límites», dijo el líder del Partido Popular.

Feijóo expresó su descontento con el «teatro» de Sánchez y lo acusó de «utilizar al rey como un actor secundario en su última película» y de usar su «vida personal para ganar tiempo». «Sé que no habrá elecciones pronto porque le teme a las urnas y sé que no dimitirá», afirmó Feijóo.

«Su proyecto ha llegado a su fin y puede prolongar la agonía y la decadencia, pero eso es todo lo que será: agonía y decadencia», concluyó.

Sánchez compareció a las 11 de la mañana después de visitar al rey en el Palacio de la Zarzuela y reunirse con sus ministros, para anunciar que permanece en el gobierno.

La semana pasada, Pedro Sánchez anunció su decisión de suspender su agenda y retirarse durante cinco días para reflexionar sobre su continuidad al frente del gobierno.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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