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Fernando Simón pide anticiparse a lo peor: “Habrá catástrofes más graves que la DANA”

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Fernando Simón dana
Fernando Simón- EFE/JuanJo Martín

Hacia una nueva etapa en la salud pública española

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este jueves la reactivación del Proyecto de Ley para la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP). Una iniciativa que no solo busca reforzar la vigilancia y respuesta ante emergencias sanitarias, sino que también podría marcar el regreso de Fernando Simón a un cargo de máxima responsabilidad en la gestión sanitaria nacional.

Simón alerta sobre nuevas amenazas: “Habrá fenómenos más graves que la DANA”

Durante su intervención en la XI Jornada sobre Vigilancia en Salud Pública organizada por la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), el actual director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha advertido que fenómenos climáticos extremos como las DANA “serán cada vez más frecuentes y destructivos”, y ha instado a las instituciones a “prepararse para lo peor”.

Simón también se ha referido al Tratado de Pandemias de la OMS, al que considera “una herramienta útil, pero no milagrosa”, y ha subrayado que “los estados deben trabajar con previsión para no repetir errores del pasado”.

Posible nuevo liderazgo en la Agencia Estatal de Salud Pública

Aunque aún no hay confirmación oficial, diversas fuentes apuntan a que Fernando Simón podría ser el principal candidato para dirigir la futura Agencia Estatal de Salud Pública, una entidad que busca dar un giro técnico e independiente a la gestión de las crisis sanitarias.

Desde el Ministerio se insiste en que el objetivo es reforzar la estructura pública, mejorar la coordinación con las comunidades autónomas y recuperar la confianza de la ciudadanía tras los altibajos de la pandemia.

Funciones clave de la AESAP

Entre los principales objetivos de la nueva agencia destacan:

  • Coordinación nacional: Unificar las políticas de salud pública y mejorar la respuesta ante pandemias y emergencias sanitarias.

  • Prevención y anticipación: Reforzar la vigilancia epidemiológica con base en datos científicos.

  • Respuesta eficaz: Evitar errores del pasado y actuar con rapidez ante futuras amenazas.

  • Autonomía técnica: Minimizar la influencia política en la toma de decisiones sanitarias.

  • Confianza pública: Reforzar la credibilidad institucional tras la crisis de la covid-19.

Críticas y recelos ante el nuevo organismo

Sectores críticos, tanto políticos como mediáticos, alertan de posibles riesgos:

  • Se teme que la AESAP pueda convertirse en un órgano centralizado que reste competencias a las comunidades autónomas.

  • Se cuestiona la posibilidad de nombramientos por afinidad ideológica más que por criterios técnicos.

  • Persiste la duda sobre si el nuevo organismo logrará marcar una diferencia real o será percibido como una estructura burocrática sin impacto.

 

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El Gobierno aprobará este martes papeles en cinco meses para miles de inmigrantes irregulares

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REGULARIZACIÓN INMIGRANTES
EFE/ Morell/Archivo

El Gobierno aprobará este martes 27 de enero en el Consejo de Ministros una regularización extraordinaria de migrantes mediante real decreto, tras alcanzar un acuerdo entre el PSOE y Podemos. La medida, confirmada por fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, no necesitará la convalidación del Congreso de los Diputados al tratarse de un decreto ley.

El Ejecutivo justifica esta regularización con el objetivo de garantizar derechos y ofrecer seguridad jurídica a una realidad social ya existente en España, donde cientos de miles de personas viven en situación administrativa irregular.

A quién afectará la regularización extraordinaria de migrantes

La regularización extraordinaria estará dirigida a extranjeros que ya se encuentren en España y que puedan acreditar su residencia en el país antes del 31 de diciembre de 2025. Además, los solicitantes deberán demostrar al menos cinco meses de estancia en territorio español mediante documentación como:

  • Certificado de empadronamiento

  • Informes médicos

  • Envíos de dinero

  • Billetes de transporte u otros justificantes

Con la presentación de la solicitud, los beneficiarios obtendrán una autorización provisional de residencia que permitirá trabajar de forma legal y acceder a servicios básicos como la sanidad.

Más de medio millón de migrantes podrían beneficiarse

Según datos de Funcas, en España residían unas 840.000 personas en situación irregular a 1 de enero de 2025. Con el nuevo decreto, alrededor del 60% de este colectivo podría regularizar su situación administrativa, lo que supondría más de medio millón de beneficiarios.

Además, la regularización permitirá suspender procedimientos de retorno o expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso mientras se tramita la solicitud.

Antecedentes: la ILP y el apoyo ciudadano

La medida retoma el mandato de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) RegularizaciónYa, respaldada por más de 700.000 firmas. La toma en consideración de esta iniciativa fue aprobada en 2024 por todos los grupos parlamentarios salvo Vox, aunque el texto ha permanecido bloqueado en el Congreso.

La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha sido una de las principales impulsoras del acuerdo, que desveló durante un acto en Madrid. Montero subrayó que la regularización es necesaria para garantizar derechos, combatir la exclusión social y frenar la explotación laboral.

Contexto político del pacto entre PSOE y Podemos

El acuerdo con Podemos se enmarca en la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez para reforzar la mayoría parlamentaria y reactivar la agenda legislativa. Esta concesión se suma a otros pactos con socios como ERC o PNV, dentro de una estrategia para consolidar el bloque de gobernabilidad.

Desde Podemos consideran que mantener a cientos de miles de personas en la irregularidad favorece la economía sumergida, la explotación laboral y el auge de discursos racistas, por lo que defienden la regularización como una herramienta de cohesión social.

Plazos y proceso de solicitud

Los migrantes que cumplan los requisitos podrán acogerse a la regularización hasta el próximo 30 de junio. Durante el proceso, se concederá una autorización provisional de residencia, que permitirá trabajar y acceder a servicios básicos mientras se resuelve la situación administrativa definitiva.

Impacto en la política migratoria española

Expertos y think tanks como Funcas han señalado la falta de planificación estructural en la política migratoria española, sin una estrategia clara sobre el volumen y perfil de inmigración. Esta regularización extraordinaria podría suponer un punto de inflexión en la gestión migratoria y en el reconocimiento de derechos a un amplio colectivo de personas que ya forman parte del tejido social y laboral del país.

La aprobación del decreto marcará uno de los movimientos más relevantes del Gobierno en materia migratoria en los últimos años, con implicaciones sociales, económicas y políticas de gran alcance.

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