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Fernando Simón pide anticiparse a lo peor: “Habrá catástrofes más graves que la DANA”

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Fernando Simón dana
Fernando Simón- EFE/JuanJo Martín

Hacia una nueva etapa en la salud pública española

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este jueves la reactivación del Proyecto de Ley para la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP). Una iniciativa que no solo busca reforzar la vigilancia y respuesta ante emergencias sanitarias, sino que también podría marcar el regreso de Fernando Simón a un cargo de máxima responsabilidad en la gestión sanitaria nacional.

Simón alerta sobre nuevas amenazas: “Habrá fenómenos más graves que la DANA”

Durante su intervención en la XI Jornada sobre Vigilancia en Salud Pública organizada por la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), el actual director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha advertido que fenómenos climáticos extremos como las DANA “serán cada vez más frecuentes y destructivos”, y ha instado a las instituciones a “prepararse para lo peor”.

Simón también se ha referido al Tratado de Pandemias de la OMS, al que considera “una herramienta útil, pero no milagrosa”, y ha subrayado que “los estados deben trabajar con previsión para no repetir errores del pasado”.

Posible nuevo liderazgo en la Agencia Estatal de Salud Pública

Aunque aún no hay confirmación oficial, diversas fuentes apuntan a que Fernando Simón podría ser el principal candidato para dirigir la futura Agencia Estatal de Salud Pública, una entidad que busca dar un giro técnico e independiente a la gestión de las crisis sanitarias.

Desde el Ministerio se insiste en que el objetivo es reforzar la estructura pública, mejorar la coordinación con las comunidades autónomas y recuperar la confianza de la ciudadanía tras los altibajos de la pandemia.

Funciones clave de la AESAP

Entre los principales objetivos de la nueva agencia destacan:

  • Coordinación nacional: Unificar las políticas de salud pública y mejorar la respuesta ante pandemias y emergencias sanitarias.

  • Prevención y anticipación: Reforzar la vigilancia epidemiológica con base en datos científicos.

  • Respuesta eficaz: Evitar errores del pasado y actuar con rapidez ante futuras amenazas.

  • Autonomía técnica: Minimizar la influencia política en la toma de decisiones sanitarias.

  • Confianza pública: Reforzar la credibilidad institucional tras la crisis de la covid-19.

Críticas y recelos ante el nuevo organismo

Sectores críticos, tanto políticos como mediáticos, alertan de posibles riesgos:

  • Se teme que la AESAP pueda convertirse en un órgano centralizado que reste competencias a las comunidades autónomas.

  • Se cuestiona la posibilidad de nombramientos por afinidad ideológica más que por criterios técnicos.

  • Persiste la duda sobre si el nuevo organismo logrará marcar una diferencia real o será percibido como una estructura burocrática sin impacto.

 

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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