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Fiscalía se opondrá a la libertad de Zaplana tras la última petición de la defensa

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VALÈNCIA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) – Fiscalía Anticorrupción se opondrá a que el expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana quede en libertad por el ‘caso Erial’ tras la última petición de la defensa, que así lo había solicitado el pasado 28 de diciembre con el argumento de que no existe riesgo de fuga dado el precario estado de salud del también exministro, que sufre leucemia.

Según ha podido saber Europa Press de fuentes conocedoras de la decisión del ministerio público, Anticorrupción se opondrá a la puesta en libertad de Zaplana, al igual que ya ha hecho en las anteriores ocasiones que lo ha solicitado la defensa, y una vez el expresidente reciba el alta del Hospital La Fe de València, en el que se encuentra ingresado desde el 18 de diciembre, volverá a estudiar su situación si se diera el caso.

No obstante, fuentes conocedoras del estado del exministro han apuntado que el médico que atiende a Zaplana en el Hospital La Fe de València, donde recibe tratamiento y fue trasplantado, no contempla darle el alta por el momento.

La defensa de Zaplana pidió el pasado 28 de diciembre a la jueza que instruye el caso Erial la libertad del exministro basándose en cinco puntos, entre ellos, el «inexistente» riesgo de fuga dado su estado de salud, ya que sufre leucemia.

El abogado defensor –hasta en cinco ocasiones se ha reclamado la libertad de Zaplana– sostiene que la ley no permite mantener en prisión a un investigado durante más de seis meses con el argumento de la existencia de riesgo de destrucción de pruebas.

La defensa alega que el riesgo de fuga, «único fundamento posible de la prisión preventiva en este momento», es «inexistente» precisamente por su salud, que le obliga, según informes de expertos, a estar sujeto a tratamientos en el mismo hospital donde fue trasplantado.

CON MEDIDA DE PRISIÓN DESDE MAYO
El expresidente se encuentra desde finales del mes de mayo en la cárcel valenciana de Picassent, por orden de la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia que acordó para él prisión provisional, comunicada y sin fianza en el marco de la ‘Operación Erial’, por la que fue detenido por presuntos delitos de blanqueo de capitales, malversación y prevaricación.

Zaplana quedó ingresado en el Hospital La Fe de València el 18 de diciembre tras un chequeo rutinario para controlar su salud por la leucemia que padece, al detectar el médico un empeoramiento en su estado y bajada de defensas.

En esta situación, la defensa insiste en la idea de que «cualquier mínimo riesgo podría ser paliado con medidas alternativas a la prisión» como la retirada de pasaporte o presentaciones y que existen sistemas de control telemático a disposición de los jueces de instrucción para garantizar el control de los presos preventivos, más allá de los casos de violencia contra la mujer.

Por último, reitera que la ley prevé la prisión atenuada –arresto domiciliario– para los supuestos de que «por razón de enfermedad el internamiento entrañe grave peligro para la salud».

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El Supremo propone juzgar a Ábalos, Koldo y De Aldama por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

El Tribunal Supremo ha propuesto juzgar al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia.
El magistrado Leopoldo Puente considera que los tres pudieron cometer delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal.

 


Un auto que apunta a una trama de corrupción

En el auto dictado este lunes, el juez Puente señala que Ábalos, Koldo y De Aldama “se concertaron” poco después de que el exministro tomara posesión de su cargo en el Gobierno, aprovechando su influencia política para obtener beneficios económicos mediante contratos públicos relacionados con el suministro de mascarillas.

El instructor indica que los investigados utilizaron su posición y contactos para “beneficiarse económicamente de las adjudicaciones de contratos” y valerse de la influencia ministerial para favorecer a determinadas empresas.


Diez días para presentar acusaciones o solicitar archivo

El magistrado da un plazo de diez días a la Fiscalía y a las acusaciones populares —encabezadas por el Partido Popular (PP)— para presentar sus escritos de acusación o peticiones de archivo.
Además, podrán solicitar la práctica de diligencias complementarias si lo consideran necesario.


División de la causa: mascarillas y obras públicas

Esta decisión llega después de que en septiembre de 2025, el juez decidiera dividir la causa en dos partes:

  • una pieza principal centrada en los contratos de mascarillas del Ministerio de Transportes durante la pandemia,

  • y otra pieza separada, aún en fase inicial, sobre una supuesta trama de comisiones a cambio de obra pública.

El magistrado ya había advertido entonces que la investigación sobre las mascarillas estaba “muy avanzada”, mientras que la relativa a las obras públicas se encontraba “en fase incipiente”.


Indicios de pagos y contraprestaciones ilícitas

El juez Puente sostiene que existen “indicios muy consistentes” de que Víctor de Aldama entregó dinero tanto a José Luis Ábalos como a Koldo García “con el propósito de que estos realizaran actos contrarios a los deberes inherentes a sus cargos públicos”.

Según el auto, ambos recibieron retribuciones económicas como contraprestación a las gestiones realizadas en favor de las empresas que buscaban contratos con la Administración.
De Aldama, por su parte, habría actuado como intermediario, buscando empresas dispuestas a pagar a cambio de facilitar su relación con el Ministerio de Transportes.


El papel de Koldo García y la implicación de Ábalos

El auto judicial detalla que Koldo García, exasesor de Ábalos, usó su posición de confianza para realizar las gestiones necesarias y facilitar los contactos entre las empresas interesadas y los responsables públicos.
El juez apunta que Ábalos intervenía directamente cuando “su firma o su influencia personal resultaban indispensables”.


Un nuevo capítulo del ‘caso Koldo’

El llamado ‘caso Koldo’ estalló en 2024 al revelarse una presunta red de comisiones irregulares por contratos públicos durante la pandemia.
La propuesta de enjuiciamiento del Tribunal Supremo marca un punto de inflexión en la investigación, ya que por primera vez se apunta directamente al exministro de Transportes como parte activa de la trama.

 

 

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