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Valencia

Antifraude revela que Galiana pagó el triple de lo habitual al grupo que actuó en Fonteta en la elección de las Cortes 2022

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Carlos Galiana, expresidente de la JCF. Foto: Toni Cortés

València, 2 jun (OFFICIAL PRESS- EFE).- La Agencia Antifraude ha emitido un informe en el que revela que el Ayuntamiento de València, a través de la Junta Central Fallera, con Carlos Galiana como presidente,  abonó 14.520 euros por un concierto durante la celebración del acto de la gala de elección de la Corte de Honor de las Fallas 2022 que en otras ocasiones había costado entre 3.600 y 5.000 euros.

Este informe ha sido instruido tras una denuncia sobre presuntas irregularidades relacionadas con este evento, según consta en el citado documento, publicado en la web de la Agencia Antifraude.

Se pagó el triple de lo habitual al grupo que actuó en Fonteta en la elección de las Cortes 2022

Así, se constata que el Ayuntamiento abonó 14.520 euros a una mercantil promotora de conciertos, que subcontrató la ejecución del concierto a otra empresa por 8.470 euros, y que esta segunda firma abonó al grupo musical 6.050 euros, logrando un margen de 2.420 euros.

Antifraude considera que «no quedan acreditados los motivos por los que la JCF estableció el precio del servicio en 14.520 euros, más allá del presupuesto presentado por la empresa inicial» y reprocha al Consistorio que no realizara «actuaciones para establecer el precio del mercado».

El grupo ‘La Fúmiga’

Además, se da la circunstancia de que el mismo grupo, La Fúmiga,  ya había sido contratado para los conciertos de Viveros en julio de 2018 y 2021, y que en otras contrataciones de similares características el precio de la actuación osciló entre 3.630 y 5.000 euros.

Actuación de La Fúmiga en la Fonteta-JCF

Todo ello, añade la Agencia Antifraude se pudo comprobar previamente porque existen «valoraciones económicas y antecedentes localizables en fuentes abiertas e incluso en el propio Ayuntamiento de València».

Por todo ello, se expone que «no existe motivación alguna que fundamente los incrementos producidos, más allá de las posibles comisiones de intermediación», que «superaron el coste del servicio que recibió el grupo musical».

En consecuencia, la Junta Central Fallera deberá remitir a Antifraude en el plazo de un mes un plan para dar cumplimiento a varias recomendaciones, entre las que se encuentran la necesidad de fijar el precio de los contratos de acuerdo a una estimación del valor de mercado, y el conservar constancia documental de la totalidad de comunicaciones realizadas por los órganos gestores.

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Valencia

Los pisos turísticos en la Comunitat Valenciana caen un 25% en un año hasta los 48.411 apartamentos

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Viviendas turísticas España
Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo

València multiplica por seis el cierre de pisos turísticos ilegales y endurece el control en todos los barrios

El Ayuntamiento de València ha intensificado su ofensiva contra los apartamentos turísticos ilegales, multiplicando por seis las órdenes de cese durante el actual mandato. El consistorio asegura que este incremento refleja un “cambio radical” en la política municipal para frenar la proliferación de viviendas de uso turístico fuera de la legalidad.

Según ha explicado el concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, se ha pasado de una media de 71 órdenes anuales en el anterior gobierno a 449 expedientes por año, lo que supone un aumento superior al 600%. De estas órdenes, el 87% ya se han ejecutado.

Más inspecciones y vigilancia continua

Para lograr estos resultados, el Ayuntamiento ha reforzado los equipos de control con cinco grupos de inspectores de Urbanismo y siete unidades de Policía Local, que rastrean de forma constante la actividad ilegal en todos los distritos.

El consistorio defiende que esta estrategia marca el paso de una etapa de “permisividad” a otra de “tolerancia cero”, en un contexto de creciente presión turística en la ciudad.

Moratoria y nuevas normas urbanísticas

El aumento de cierres llega acompañado de medidas estructurales. Desde mayo de 2024 está en vigor una moratoria que suspende la concesión de nuevas licencias turísticas, prorrogada hasta al menos mayo de 2026. Durante este periodo se han paralizado 363 expedientes, evitando la creación de casi 4.700 nuevas plazas.

Además, el gobierno municipal liderado por María José Catalá prepara una nueva normativa urbanística que limitará el crecimiento de estos alojamientos. Entre las principales restricciones destacan:

  • Máximo del 2% de viviendas turísticas por barrio
  • Límite del 8% de plazas turísticas respecto a la población
  • Tope del 15% en plantas bajas por manzana
  • Exigencia de acceso independiente y aprobación vecinal

También se creará un censo municipal de alojamientos turísticos (CATAV) y se reforzarán las inspecciones para detectar irregularidades.

Críticas de la oposición

Desde la oposición, Compromís cuestiona la eficacia de estas medidas. Su portavoz, Papi Robles, sostiene que la normativa “ni reduce ni controla” el número real de plazas turísticas y acusa al gobierno local de utilizar una “cortina de humo”.

En la misma línea, el edil socialista Javier Mateo critica que las cifras ofrecidas por el ejecutivo no reflejan la situación real y denuncia que se está facilitando la expansión de apartamentos turísticos en los barrios.

Presión sobre la vivienda en València

El debate sobre los pisos turísticos se produce en un momento de fuerte tensión en el mercado inmobiliario de València, donde vecinos y colectivos denuncian el impacto de estos alojamientos en el precio del alquiler y en la vida de los barrios.

Con las nuevas medidas, el Ayuntamiento busca equilibrar el atractivo turístico de la ciudad con la protección del uso residencial, aunque el enfrentamiento político sobre su efectividad sigue abierto.


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