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Giro en la investigación: la desaparición de Wafa no fue voluntaria

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VALÈNCIA, 12 Dic.- Las fuerzas de seguridad barajan que Jorge Ignacio P.J., el detenido por la desaparición de Marta Calvo, que ha reconocido haberla descuartizado, haya repetido el mismo «modus operandi» en otros casos que guardan «ciertas similitudes» con el de esta joven de la que no se tienen noticias desde el 7 de noviembre y cuyo cuerpo se sigue buscando por la zona de Manuel (Valencia) y alrededores.

Además, respecto a la joven de 19 años de Carcaixent de la que no se tienen noticias desde días después de la desaparición de Marta, «en un principio» no lo relacionan con este caso pero los investigadores ya trabajan «clarísimamente» con la hipótesis de que no sea una desaparición voluntaria, tal y como se había apuntado en un primer momento.

Así lo ha manifestado a preguntas de los medios este jueves el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio.

El delegado ha sido preguntado por si la desaparición de Marta Calvo puede tener algo que ver con otros dos casos: el de la muerte en junio de otra joven en València, que ejercía la prostitución en una vivienda del barrio de Russafa, y el de otra mujer que trabajaba en una casa de citas de l’Eixample de València y que falleció en abril, días después de permanecer ingresada en coma inducido en un hospital de València y tras haber mantenido relaciones con un cliente que se fue precipitadamente del lugar.

Al respecto, Fulgencio ha afirmado que «se está investigando»: «Es cierto que cuando aparece una primera coincidencia es obligación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y se está tratando de ver aquellos casos que pudieran tener ciertas similitudes, estudiar las posibles conexiones».

«Lo que se hace en estos casos por parte de los cuerpos policiales es tratar de ir reabriendo investigaciones para ver si es posible que existan conexiones, pero como una posibilidad más para no dejar nada al descubierto», ha precisado.

En cualquier caso, ha subrayado que «es muy pronto para determinar si puede haber conexiones o no» entre estos casos y el de Marta Calvo y ha indicado que se han abierto investigaciones de nuevo en el caso de las mujeres fallecidas en València «y no solamente en este ámbito geográfico sino que la investigación se extiende a otras comunidades autónomas».

«Y de las actuaciones que vayan dictaminando los correspondientes juzgados, porque en muchos casos hay que reabrir investigaciones, vamos a ir estudiando las situaciones que se den en cada uno. No descartamos nada, pero no dejamos de investigar», ha enfatizado.

LA DESAPARICIÓN DE CARCAIXENT, «CLARÍSIMAMENTE NO VOLUNTARIA»
En cuanto a la desaparición de la joven de Carcaixent, sobre la que en un principio los investigadores planteaban que fuera voluntaria, Fulgencio ha explicado que inicialmente entendían «que no había relación y que parecía una desaparición voluntaria», pero esto último ahora lo ponen «muy en cuestión».

«Ya estamos trabajando clarísimamente con que no sea una desaparición voluntaria. Esa valoración inicial venía dada porque días después de su desaparición esta chica borró las redes sociales, cosa que evidentemente parecía razonable entender que hubiera sido ella misma. No tenemos nada claro sobre que tenga ningún tipo de relación. Estamos hablando de una desaparición no voluntaria, esta es la hipótesis de trabajo», ha desarrollado.

Asimismo, ha anunciado que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que ya trabaja en la investigación del caso de Marta Calvo, se va a sumar también a las pesquisas sobre la joven de Carcaixent: «Así lo solicité ayer y va a seguir por las líneas de investigación que tenemos que en un principio no lo relaciona con el detenido».

«NO HAY UN NÚMERO»
Sobre cuántos casos creen las fuerzas de seguridad que pueden estar relacionados con Jorge Ignacio P.J., el delegado del Gobierno ha apuntado que «se está tratando de determinar los casos que pudieran tener una similitud pero no hay un número». «En este momento lo que se está es viendo si este ha podido ser un hecho que igual que ocurrió en la ciudad de València haya podido verse con el relato de los hechos que tengan similitud», ha agregado.

Igualmente, ha insistido en que «no hay un número» de casos definido, dado que «los distintos equipos de investigación territoriales tendrán que revisar los casos que puedan ser parecidos para ver si hay alguna posibilidad de poderse relacionar y en todo caso someterlo a investigación y que aquello que pareció en su momento una determinada causa pueda ser otra».

De este modo, se va a proceder a «transmitir a las unidades de investigación territoriales que procedan a cotejar si este modus operandi de los hechos tiene similitud con otros hechos acaecidos en otras circunscripciones».

ESTADO DE LA BÚSQUEDA DE MARTA CALVO
En cuanto al estado de la búsqueda de los restos mortales de Marta Calvo, Fulgencio ha señalado que el operativo se ha iniciado en el vertedero del municipio de Dos Aguas, en el que participan 30 efectivos y perros especializados. Además, ha explicado que «allí las condiciones de conservación son distintas a otros vertederos y por tanto se puede realizar esta actuación» y ha informado de que el operativo de Guardia Civil y la Unidad Militar de Emergencias (UME) va a comenzar a desplazarse a otras zonas en función del desarrollo de la investigación.

El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha comentado también que «hoy mismo se va a cursar la ampliación de petición para que los medios de la UME se mantengan al menos dos o tres días más» porque así lo consideran «necesario» los responsables del operativo.

Fuente: (EUROPA PRESS)

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Consumo

Comunicado de Airbnb

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Airbnb rechaza el listado de Consumo y critica el auto del TSJM

Airbnb ha manifestado su «firme oposición» al procedimiento llevado a cabo por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, tras conocerse este lunes un auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que insta a la plataforma a eliminar 5.800 anuncios de pisos turísticos.

La compañía denuncia el uso de una «metodología indiscriminada» en la elaboración del listado de anuncios presuntamente ilegales, que formaría parte de una serie de resoluciones remitidas por Consumo, y ha confirmado que continuará recurriendo las decisiones judiciales por considerar que «están en desacuerdo con las normativas españolas y europeas».


Airbnb defiende la legalidad de su plataforma

Un portavoz de Airbnb ha explicado que el Ministerio de Consumo «no es competente para hacer cumplir regulaciones turísticas» y que ha enviado un listado que incluye anuncios con licencia y otros que, según la plataforma, «podrían no necesitarla, como los arrendamientos de temporada».

Además, ha afirmado que Consumo ha ignorado resoluciones del Tribunal Supremo que aclaran que no todos los anuncios de Airbnb están obligados a mostrar un número de registro. Según la sentencia del Supremo de enero de 2022, la obligación recae sobre el prestador del servicio turístico, no sobre la plataforma de intermediación.


Airbnb se acoge a la Ley de Servicios Digitales

La compañía ha insistido en que actúa conforme a la Ley de Servicios Digitales europea, y que no tiene obligaciones de supervisión activa sobre el contenido publicado por los usuarios. En esta línea, recuerda que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó en diciembre de 2019 que Airbnb es un servicio de la sociedad de la información, y no un agente inmobiliario, por lo que su función es la de intermediación.

Este argumento es clave en la defensa de la plataforma, que reitera que los anfitriones son responsables de cumplir con las leyes locales y de que los anuncios incluyan la información necesaria cuando así se requiera.


Consumo ya ha notificado más de 65.000 anuncios

En los últimos meses, el Ministerio de Consumo ha remitido a Airbnb tres resoluciones diferentes en las que notificó un total de 65.935 anuncios supuestamente ilegales. El auto conocido este lunes por parte del TSJM corresponde a la primera de esas resoluciones, que obliga a retirar 5.800 anuncios concretos.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha calificado esta decisión como una «gran victoria» en defensa del derecho a la vivienda y ha afirmado que se trata de un «aval claro a la labor del ministerio» en su objetivo de proteger a los consumidores.

Respecto a las otras dos resoluciones, el Ministerio espera que la justicia se pronuncie en la misma línea, aunque reconoce que la plataforma «habrá recurrido» también estos casos.


Airbnb recuerda sus políticas de cumplimiento

En relación con sus procedimientos, Airbnb ha recordado que siempre informa a los anfitriones de la necesidad de cumplir las leyes locales antes de publicar sus anuncios. La plataforma exige a los usuarios que certifiquen que cuentan con los permisos necesarios y les recuerda de forma periódica que revisen la normativa aplicable.

Esto se deja claro en los Términos de Servicio y los usuarios que no cumplan con las políticas pueden ser eliminados de la plataforma”, ha indicado el portavoz.

Además, aclaran que no todos los alojamientos publicados en la web corresponden a viviendas turísticas. También se incluyen apartamentos turísticos, hoteles, hostales o arrendamientos de temporada, modalidades que no están sujetas a las mismas obligaciones que el alquiler vacacional de corta duración.


Colaboraciones recientes con gobiernos regionales

Para demostrar su voluntad de cooperación, Airbnb ha puesto en valor sus recientes acuerdos con gobiernos autonómicos como los de Islas Canarias, Región de Murcia y el Consejo Insular de Ibiza, con el objetivo de fomentar un modelo de turismo sostenible. Según la plataforma, estas iniciativas son ejemplos de que «Airbnb quiere trabajar junto a las autoridades locales para crear un sistema equilibrado y beneficioso para todas las partes implicadas».


¿Por qué considera Consumo que los anuncios son ilegales?

La Dirección General de Consumo ha detallado tres motivos principales por los que considera que los anuncios detectados en Airbnb incumplen la normativa vigente:

1. Falta de número de licencia

Una gran parte de los anuncios analizados no incluyen el número de licencia o registro obligatorio, exigido por varias normativas autonómicas. Esta omisión constituye, según el Ministerio, la infracción más frecuente en la publicidad alojada en la plataforma.

2. Falta de información sobre el arrendador

Otro incumplimiento recurrente es que no se identifica la naturaleza jurídica del arrendador. Es decir, no se especifica si quien alquila es un particular o un profesional, algo fundamental para determinar si el contratante está protegido por la legislación de consumo.

3. Licencias no válidas o falsificadas

Consumo también denuncia la presencia de anuncios con números de licencia falsos o inválidos, es decir, no expedidos por ninguna autoridad oficial. Esta práctica puede ser considerada engañosa o fraudulenta, ya que puede inducir a error a los usuarios que creen estar alquilando alojamientos legales.


Conclusión: choque entre Airbnb y Consumo por el control del alquiler turístico

El conflicto entre Airbnb y el Ministerio de Consumo refleja un choque de competencias y de interpretaciones legales sobre cómo debe regularse el alquiler turístico en España. Mientras Consumo insiste en la necesidad de más transparencia y legalidad en las plataformas, Airbnb reivindica su papel como intermediario tecnológico, sin responsabilidad directa sobre el contenido que publican los anfitriones.

La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid marca un punto de inflexión en la batalla judicial entre la administración y las plataformas digitales, y podría sentar precedente para el control del mercado de alquiler turístico en España.

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