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Hazteoir se niega a retirar la campaña contra niños transexuales y las redes explotan

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Tras la polémica generada por la publicidad lanzada por la plataforma HazteOir con el lema ‘Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen’, contra los niños transexuales, la organización ha asegurado que no va a retirar la campaña porque «reconoce un hecho de la biología y defiende la libertad ideológica» cada vez más «amenazada por el lobby gay y sus tentáculos en la política y en los medios».

De esta forma se expresaba el presidente de la plataforma, Ignacio Arsuaga, quien calificaba de «inentendible» el revuelo causado porque «el autobús no pretende discriminar ni ofender a nadie» sino que «defiende la libertad ideológica y de expresión».

Es por ello que Arsuaga ha asegurado que el autobús seguirá circulando por la capital madrileña y ha anunciado que en los próximos días también visitará las ciudades de Valencia, Barcelona, Zaragoza, Pamplona, San Sebastián, Bilbao y Vitoria.

Arsuaga ha declarado que «el autobús tiene como objetivo difundir el libro ‘¿Sabes lo que quieren enseñarle a tus hijos en el colegio? Las leyes de adoctrinamiento sexual'», del que según ha explicado «ya han repartido 100.000 ejemplares por correo postal a los colegios». «Algunos centros nos apoyan y otros lo han criticado», ha subrayado.

De igual modo, el presidente ha denunciado las leyes de adoctrinamiento sexual que se han aprobado en varias comunidades autónomas para «imponer» la diversidad sexual entre los menores, las que a su juicio «vulneran la libertad de educación y el derecho fundamental de los padres a educar a sus hijos».

«Nos parece muy grave que se esté inculcando a nuestros hijos la ideología de género y los dogmas del lobby homosexual en las escuelas», ha reiterado Arsuaga, que también ha insistido en que «se está violando el derecho que tenemos como padres de educar a nuestros hijos conforme a nuestra conciencia», por lo que ha pedido «respeto» para los padres que no comparten esa ideología.

Estas declaraciones se producían en medio de una cascada de críticas procedentes de todos los sectores de la sociedad, incluidos políticos y famosos:

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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