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¿Qué indemnización podría cobrar Dani Alves tras pasar más de un año en la cárcel?

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Indemnización Dani Alves

La cantidad que podría recibir el futbolista brasileño tras ser absuelto

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha anulado la condena de 4 años y 6 meses de prisión impuesta a Dani Alves por una presunta agresión sexual en 2022. Tras 14 meses en prisión provisional, el jugador ha sido finalmente absuelto, lo que abre la posibilidad de reclamar una indemnización por el tiempo que estuvo privado de libertad.

¿Cuánto podría cobrar Dani Alves?

No existe una ley específica que fije el monto de indemnización por días injustamente pasados en prisión. Sin embargo, según sentencias recientes de la Audiencia Nacional analizadas por EFE, las compensaciones suelen rondar los 30 euros por día.

Teniendo en cuenta que Alves pasó aproximadamente 430 días en prisión preventiva, podría recibir una indemnización cercana a los 13.000 euros.

El cambio clave en la ley: la sentencia del Constitucional en 2019

Hasta 2019, solo se indemnizaba a quienes eran absueltos porque se demostraba la «inexistencia del hecho imputado». Sin embargo, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional esta limitación, permitiendo que también pudieran reclamar quienes fueron absueltos por falta de pruebas, como ha ocurrido en el caso de Alves.

Otros casos recientes de indemnizaciones por prisión indebida

La Audiencia Nacional ha fijado indemnizaciones en casos similares, con cifras que varían según la duración de la prisión y el impacto del caso:

  • 3.000 euros por 461 días de prisión acusado de secuestro.
  • 7.000 euros por 202 días en cárcel por un presunto delito contra la salud pública.
  • 10.000 euros por 501 días en prisión acusado de homicidio.
  • 6.000 euros por 258 días en prisión por una acusación de abuso sexual.
  • 70.000 euros a un empresario andorrano que pasó 645 días en prisión por un presunto blanqueo de dinero, debido al impacto mediático de su caso.

Conclusión

Aunque Dani Alves podría optar a una indemnización de 13.000 euros, la cantidad final dependerá de la decisión judicial. La revisión de casos anteriores sugiere que la cifra podría ser mayor si se consideran factores como la repercusión mediática y el daño moral sufrido por el futbolista.

 

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La defensa de Begoña Gómez pide archivar el caso y critica el impacto en la Justicia

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Juez Peinado

La defensa de Begoña Gómez ha solicitado al juez el archivo definitivo de la causa judicial que investiga su actividad profesional, al considerar que no existen fundamentos jurídicos suficientes. “Flaco favor se está haciendo a la imagen de la Justicia”, ha afirmado su abogado durante la vista celebrada este miércoles.

El procedimiento está dirigido por el magistrado Juan Carlos Peinado, quien ha reunido a las partes en un nuevo trámite en los juzgados de Madrid en plena Semana Santa.


La defensa insiste en el archivo del caso

El abogado de Gómez, Antonio Camacho, ha reiterado que no existe base para investigar los delitos que se le atribuyen, entre ellos malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.

Durante su intervención, el letrado ha criticado la falta de imparcialidad en el proceso y ha calificado la situación como una “pesadilla jurídica”. Además, ha defendido que la investigación responde a intereses ajenos a la Justicia.

En la misma línea, la Fiscalía también ha vuelto a posicionarse a favor del archivo de la causa tras casi dos años de investigación.


Solicitud de nuevas pruebas y testigos

De forma preventiva, la defensa ha pedido al juez que, en caso de continuar el proceso, se practiquen nuevas diligencias. Entre ellas, destaca la declaración como testigo de José Manuel Ruano, vinculado a la actividad de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.

Asimismo, se han solicitado informes periciales para analizar:

  • El papel del cónyuge del presidente del Gobierno
  • El funcionamiento de las cátedras extraordinarias
  • El supuesto perjuicio económico a la universidad

Por su parte, la defensa de Cristina Álvarez, asesora de Gómez, también ha pedido documentación oficial que acredite sus funciones en La Moncloa.


Las acusaciones piden ampliar la investigación

En el lado opuesto, las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, han solicitado al juez nuevas diligencias para profundizar en la investigación.

Entre sus peticiones se incluyen:

  • La vida laboral completa de Gómez
  • La actualización del salario de su asesora
  • Información sobre reuniones relacionadas con proyectos tecnológicos vinculados a su actividad

Posible juicio con jurado popular

El juez ha reiterado que, en caso de que el procedimiento continúe hasta juicio, este podría celebrarse ante un jurado popular. Esta decisión ya generó controversia y fue objeto de revisión por parte de la Audiencia Provincial de Madrid.

En una resolución reciente, Peinado defendió que existen indicios suficientes para continuar la causa, apuntando a un posible aprovechamiento de la posición institucional de Gómez, algo que la defensa rechaza y califica de “meras conjeturas”.


Origen del caso Begoña Gómez

La investigación se inició en abril de 2024 tras una denuncia del colectivo Manos Limpias y posteriormente se amplió con acciones judiciales impulsadas por Vox y otras entidades.

El caso analiza, por un lado, la relación profesional de Gómez con empresarios y la universidad, y por otro, el uso de recursos públicos en su actividad como esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.


Un caso con impacto político y mediático

La causa judicial contra Begoña Gómez sigue generando un fuerte impacto político y mediático en España, con posiciones enfrentadas entre las partes implicadas.

Mientras la defensa insiste en el archivo inmediato, las acusaciones reclaman seguir investigando, manteniendo abierto un proceso que continúa marcando la actualidad judicial y política del país.

 

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