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Valencia

José Luis Aguirre, conseller de Agricultura

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José Luis Aguirre Agricultura
El nuevo conseller de Agricultura, Ganadería y Pesca, José Luis Aguirre, a su llegada a la reunión con el president de la Generalitat, Carlos Mazón. EFE/Biel Aliño

València, 19 jul (OFFICIAL PRESS-EFE).- El nuevo conseller de Agricultura, Ganadería y Pesca, José Luis Aguirre (València, 1961), se ha caracterizado en sus cuatro años como diputado de Vox en Les Corts por cuestionar la Agenda 2030, criticar los «dogmas» de la «religión climática”, y acusar a la izquierda de «criminalizar» a la agricultura con políticas «ecodestructivas».

El portavoz de agricultura y medio ambiente de Vox en Les Corts durante la pasada legislatura dirigirá en el nuevo Gobierno valenciano del PP y Vox una cartera que en los últimos ocho años ha estado en manos de Compromís y que, hasta ahora, llevaba el nombre de Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica.

Ingeniero técnico agrícola y vicepresidente provincial de Vox Valencia, ha defendido en Les Corts, donde llegó en 2019, el trasvase del Ebro, la caza o los festejos taurinos; ha cuestionado la ley animalista, y ha acusado a la izquierda de practicar el «talibanismo medioambiental» y de «demonizar» a los agricultores.

José Luis Aguirre, nuevo conseller de Agricultura

Uno de sus principales objetos de crítica ha sido la Agenda de Desarrollo Sostenible aprobada por la ONU, de la que ha afirmado en Les Corts que las «oligarquías maléficas» son las «creadores y mantenedoras de la maldita» Agenda 2030, que incluye políticas «perversas, absurdas y demagógicas».Para Aguirre, «urge» abandonar la Agenda 2030 y «recuperar el sentido común», pues las agendas «globalistas impuestas» solo pretenden «la destrucción de las clases medias, la liquidación de la soberanía de las naciones y el ataque permanente a la familia, la vida, las razones y las raíces comunes de Occidente».

Aguirre cree que el planeta de autorregula solo

Ha considerado innecesarios «chiringuitos ecolocomunistas» como la Agencia valenciana de cambio climático, pues los cambios climáticos «han existido siempre» y «no está demostrado» que los gases de efecto invernadero causen el calentamiento global: «Si no conocemos el origen real del cambio climático, no podemos decidir echarle la culpa al hombre».Tras declararse «no creyente de la religión climática de Greta (Thunberg) y los subvencionados», ha defendido en Les Corts que el planeta «se autorregula solo y de forma formidable», y dentro de él la Comunitat Valenciana ocupa «una mínima fracción», por lo que luchar aquí contra la contaminación humana «sería como apagar un incendio con un pis».

Crítico con los animalistas

Muy crítico con los animalistas -ha llegado a hablar de «activistas ‘ecoloterroristas’ animalistas»-, Aguirre ha sostenido que la ley valenciana de bienestar animal es inconstitucional y habrá que derogarla.»El animalismo solo es un pilar más del pensamiento progre que busca enfrentar a los ciudadanos, desvirtuar la propia naturaleza de las personas y restar valor a la vida», señaló en la tribuna, donde criticó a los partidos que defienden a las crías de animales cuando están en el interior de la madres, pero «defienden el aborto en el caso de las personas».

Agua: Una España verde como Vox

En materia de agua, ha reclamado un nuevo plan hidrológico nacional, con trasvases como el del Ebro o el del Júcar-Vinalopó para garantizar la supervivencia de las zonas agrícolas, frente a la «criminalización» de los regadíos.

Según Aguirre, el regadío incrementa la población, y con los trasvases, de los que son «enemigas» las «posturas autonomistas», se puede frenar la desertización y conseguir una «España verde, verde como Vox».

También ha opinado que no hay «ningún problema» en la ampliación del puerto de València, pues «hay soluciones» para proteger a la Albufera del «posible daño» que le pueda causar, y ha defendido que se fomente la incineración de residuos.

Defender a los agricultores

A juicio de Aguirre, los agricultores son «los verdaderos conservadores de la naturaleza» y para defenderlos hay que reclamar que la Comisión Europea elimine sus objetivos de reducción del 50 % de fitosanitarios y del 20 %de fertilizantes y de convertir en ecológico el 25 % de la producción, pues esto «es propio de dictaduras».

Y en sus intervenciones parlamentarias no ha dudado en responder a las críticas a Vox en Castilla y León que la izquierda «pacta con abortistas y con asesinos», o en manifestar que la violencia «no entiende de género».

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Valencia

La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón

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Carlos Mazón imputación dana
La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón-EUROPA PRESS

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 ha acordado elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para que se investigue al expresident de la Generalitat Carlos Mazón por una presunta “inactividad negligente” durante la emergencia que causó 230 víctimas mortales y una más en estudio.

La magistrada considera que existen indicios suficientes para que el alto tribunal asuma la investigación sobre el exjefe del Consell, dado que mantiene su acta de diputado en Les Corts y, por tanto, su condición de aforado. En la causa ya figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su ex número dos Emilio Argüeso.

La instructora ve “conexidad” para investigar al expresident

Según el auto judicial, de 109 páginas, la investigación debe “extenderse de manera inevitable” a Mazón por la “evidente conexidad” con los hechos y la normativa de protección civil. La magistrada sostiene que, desde la perspectiva de la Presidencia de la Generalitat, la gestión de la emergencia “se detuvo de facto” durante varias horas en las que el entonces president permaneció en el reservado de un restaurante.

La resolución subraya que esa permanencia “absolutamente pasiva” durante cerca de cinco horas podría constituir una “grosera negligencia” con un resultado mortal de 230 fallecidos y numerosos heridos.

Competencia autonómica en la emergencia

La jueza recuerda que la gestión de la emergencia correspondía “exclusivamente” a la Generalitat Valenciana al haberse declarado el nivel dos. En ese contexto, cita resoluciones de la Audiencia Provincial que inciden en la competencia autonómica conforme al Estatuto de Autonomía, la Ley de Protección Civil y el plan especial frente a inundaciones.

El auto detalla además las circunstancias de cada una de las víctimas mortales y sitúa la dirección del plan de emergencias en la entonces consellera Salomé Pradas.

Cadena de negligencias y responsabilidad jerárquica

La instructora describe una “cadena de negligencias” en la que habrían intervenido distintos responsables. Entre los elementos señalados figuran:

  • La convocatoria tardía del CECOPI.

  • El retraso en el envío de la alerta a la población, que se produjo a las 20.11 horas cuando la mayoría de víctimas ya habían fallecido.

  • La falta de coordinación entre organismos autonómicos.

  • Los avisos previos de la Agencia Estatal de Meteorología y la Confederación Hidrográfica del Júcar.

  • El elevado número de llamadas al 112 durante la jornada.

A juicio de la magistrada, la estructura jerárquica implicaba que el president debía supervisar y controlar la actuación de los responsables inferiores, lo que sitúa su eventual responsabilidad en un plano de mayor gravedad.

Horas clave sin decisiones relevantes

El auto apunta a una “situación de ajenidad” del entonces president entre las 14.30 y las 20.28 horas, cuando llegó al CECOPI en l’Eliana. En ese periodo, la jueza aprecia una supuesta minimización de la gravedad de la emergencia y ausencia de decisiones relevantes por parte de la máxima autoridad autonómica.

También ve indicios de una posible participación en el proceso de envío de la alerta Es-Alert, al considerar que los mensajes del jefe de gabinete del expresident a la consellera no eran simples opiniones, sino órdenes.

La instructora cuestiona además la falta de comunicación directa en momentos críticos y la imposibilidad de coordinar la emergencia si el teléfono no estaba operativo o accesible.

Sin valoración política

La magistrada recalca que la exposición razonada no se basa en un análisis moral o político, sino en la posible relevancia penal de la actuación del aforado y en su papel en la coordinación de la emergencia.

El TSJCV deberá decidir ahora si asume la investigación sobre Carlos Mazón en el marco de la causa abierta por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana.

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