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Caso Íñigo Errejón: El juez archiva temporalmente la causa, y este es el motivo

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Iñigo Errejón

El Juzgado de Madrid, a cargo del juez Adolfo Carretero, ha decidido archivar provisionalmente el proceso judicial abierto contra Íñigo Errejón, exdiputado de Podemos, relacionado con un supuesto delito de agresión sexual. Esta decisión se ha tomado debido a la baja médica de la abogada de la denunciante, la actriz Elisa Mouliaá, quien se encuentra imposibilitada de participar en el procedimiento hasta su recuperación.

Razones para el archivo temporal de la causa contra Errejón

El juez ha ordenado esta suspensión temporal a la espera del regreso de la letrada de Mouliaá, quien ha solicitado una pausa en el proceso hasta estar en condiciones de asumir su representación en el caso. Durante este periodo, el archivo provisional permite congelar las actuaciones sin llegar a una conclusión definitiva, por lo que, cuando la abogada regrese, el caso podría reabrirse y reanudar las diligencias pertinentes.

Este archivo no implica una exoneración, sino una medida de carácter provisional ante la falta de representación legal de la denunciante, situación que podría afectar al correcto desarrollo del proceso judicial.

Situación Procesal de Íñigo Errejón

Errejón, fundador y exlíder de Más País, ha enfrentado esta denuncia por una presunta agresión sexual que sigue siendo objeto de atención mediática y legal. Aunque el archivo provisional no determina inocencia o culpabilidad, marca un alto temporal en las diligencias hasta que el juzgado disponga de las condiciones necesarias para retomar el caso.

Perspectivas de reanudación del caso

Este archivo temporal está vinculado directamente a la recuperación de la abogada de la denunciante, por lo que la causa podría retomarse una vez ella regrese de su baja médica y esté en condiciones de participar activamente en la representación de Elisa Mouliaá.

Esta decisión destaca la importancia de asegurar el derecho de defensa y de representación para todas las partes implicadas en un proceso penal, así como el impacto de situaciones personales en el curso judicial de un caso mediático como este.

La actriz Elisa Mouliaá denuncia a Iñigo Errejón por acoso sexual

 

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El fiscal general Álvaro García Ortiz presenta su renuncia tras ser condenado: “Es el momento de abandonar”

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Álvaro García Ortiz

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado su renuncia al Gobierno después de que el Tribunal Supremo lo condenara el pasado 20 de noviembre a dos años de inhabilitación, por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

En su comunicación de renuncia, García Ortiz ha afirmado que “es el momento de abandonar”, asumiendo las consecuencias de la sentencia y tratando de poner punto final a la crisis institucional generada por el caso.

La condena del Supremo ha sacudido el panorama político, con duras reacciones de Ayuso, que calificó la sentencia como “hechos propios de una dictadura”. También ha reabierto el debate sobre la independencia del Ministerio Público y la relación entre cargos institucionales y el poder ejecutivo.

Con su marcha, se abre una nueva etapa en el Ministerio Público y se intensifica la presión para reformar mecanismos de control y garantizar una fiscalía verdaderamente independiente.


Condena histórica al fiscal general: dos años de inhabilitación por revelación de secretos contra el novio de Ayuso

El Tribunal Supremo (TS) ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, a dos años de inhabilitación y a pagar una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos. La sentencia afecta a Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien el Tribunal ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales.

Según la resolución del Supremo, García Ortíz vulneró la confidencialidad de información sensible relacionada con Alberto González Amador, un acto considerado grave por comprometer derechos fundamentales y la confianza en la administración pública.

Esta decisión del Tribunal Supremo marca un precedente significativo sobre la responsabilidad de altos cargos en el manejo de información confidencial, reforzando la protección jurídica frente a filtraciones o revelaciones indebidas.

 


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