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El juez confirma que Alfonso Grau tendrá que pagar un millón de euros de fianza

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El Juzgado de Instrucción número 18 de València ha confirmado la fianza de un millón de euros para el exvicealcalde de la ciudad Alfonso Grau a causa de una presunta financiación irregular del PP. Así, ha rechazado el recurso de reforma impuesto por Gray contra este auto que lo relacionaba con el caso Imelsa.

Según el auto publicado este jueves por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la imposición de la fianza «deriva de los indicios existentes de que ha podido cometer hechos susceptibles de ser considerados delitos de malversación».

«Efectivamente, se considera que los fondos presuntamente detraídos, como subvenciones a determinadas fundaciones, y posteriormente desviados, son de naturaleza pública porque proceden de las arcas municipales, con independencia de otras consideraciones en cuanto al carácter público o privado de las entidades supuestamente utilizadas para malversar», ha escrito el juez en su auto.

En concreto, en esta pieza se investiga la financiación de las campañas electorales del PP de la ciudad de València en las elecciones municipales de 2007 y 2011 mediante la empresa Laterne.

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Correos sorprende con carros motorizados de reparto y provoca la ira de los sindicatos

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La empresa pública Correos ha generado controversia tras introducir de manera sorpresiva carros de reparto motorizados en varias ciudades españolas, entre ellas Valencia, Murcia, Cartagena y Barcelona. La medida, que busca modernizar la logística postal, ha encendido la polémica entre los sindicatos CSIF, UGT y CC.OO., que denuncian riesgos para la seguridad de los trabajadores y el incumplimiento de la normativa vigente.


Carros motorizados: una implementación sin consenso

Los nuevos Vehículos de Movilidad Personal (VMP) se incorporan al reparto tradicional a pie, pero su llegada ha sido criticada por los sindicatos por falta de consulta, formación y evaluación de riesgos. Según CSIF y UGT, Correos ha tomado esta decisión sin:

  • Consultar con los representantes de los trabajadores.

  • Proporcionar formación específica sobre el manejo de los carros.

  • Analizar las implicaciones ergonómicas y físicas de estos vehículos.

  • Establecer criterios de asignación o compensaciones económicas.

CC.OO. ha calificado esta medida como una “idea de bombero”, alertando que obliga a los carteros a interactuar con el tráfico urbano directamente, aumentando el riesgo de accidentes.


Riesgos legales y normativos

Los sindicatos subrayan que la introducción de estos VMP no respeta la normativa de tráfico. En particular:

  • La Resolución de 12 de enero de 2022 de la DGT establece características específicas para los VMP.

  • El Real Decreto 970/2020 modifica el Reglamento General de Circulación y el Reglamento General de Vehículos, definiendo criterios claros para la circulación de estos medios.

  • Cada ciudad y comunidad autónoma puede aplicar ordenanzas locales sobre VMP que deben cumplirse.

La ausencia de formación y medidas de seguridad coloca a los carteros en una situación de riesgo, lo que podría derivar incluso en responsabilidades penales si ocurre un accidente laboral.


Modernización de Correos vs. polémica sindical

Correos ha reforzado su estrategia de movilidad sostenible este 2025, incorporando más de 1.000 vehículos eléctricos, incluyendo furgonetas híbridas y motos ciberseguras, con el objetivo de que el 25 % de su flota sea “verde” antes de fin de año. Sin embargo, los nuevos carros motorizados no forman parte oficial de este plan, aumentando la incertidumbre y el malestar entre los trabajadores.

Aunque no es la primera experiencia de Correos con carros asistidos—en 2021 se probó un proyecto piloto con 48 unidades en Madrid, Valencia, Málaga y Bilbao—los sindicatos destacan que ahora los carros se integran directamente en el reparto diario, sin evaluación técnica ni consenso laboral.


Sindicatos exigen diálogo y seguridad

CSIF, UGT y CC.OO. exigen a la dirección de Correos:

  • Suspender la implantación hasta garantizar seguridad y formación.

  • Establecer un plan de asignación de los VMP.

  • Negociar condiciones de trabajo adaptadas a los nuevos vehículos.

  • Cumplir estrictamente con la normativa de tráfico y prevención de riesgos laborales.

Los sindicatos advierten que de no mediar un diálogo transparente, podrían emprender medidas legales o sindicales para proteger la seguridad de los trabajadores.


Conclusión

La llegada de los carros motorizados de Correos evidencia el choque entre modernización tecnológica y seguridad laboral. La polémica pone de relieve la necesidad de consultas previas, formación y cumplimiento normativo antes de implementar cambios que afecten directamente al personal. Mientras Correos busca eficiencia y sostenibilidad, los sindicatos reclaman que la protección de los trabajadores siga siendo una prioridad.

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