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Sucesos

Juzgan a una mujer por obligar a su hija a comer excrementos tras denunciarla por secuestro

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La Audiencia Provincial de Madrid va a juzgar el próximo martes a una madre de nacionalidad rumana por no impedir que el padrastro de su hija la obligara a comer heces tras haberles denunciado ante la Policía después de encerrarla en su habitación durante unos días en diciembre de 2015.

Los acusados, Marius P. y Marcela P. se enfrentan a dos delitos de detención ilegal, un delito de malos tratos en el ámbito familiar y un delito contra la integridad moral. El Ministerio Público solicita una pena de doce años y seis meses de prisión para ella y de cinco años para él, en función de los delitos atribuidos a cada uno de ellos.

Según el informe, el acusado, utilizó a un hermano de la víctima para conseguir que ésta se subiera en un coche que conducía el padrastro de la víctima, donde fue introducida a la fuerza y contra su voluntad, y llevada hasta un piso en Getafe, donde la víctima fue fue encerrada en su habitación con llave hasta días después logró escapar y denunciar los hechos.

Meses después, el 14 de abril de 2016, la ahora acusada y madre de la víctima, la cual se encontraba en el centro de acogida ‘Torremocha del Jarama’, en Torrelaguna, quedaron en la citada localidad, en la parada de autobús. Una vez allí, la joven fue obligada de nuevo a subir al coche que conducía el acusado y fue trasladada a un descampado contra su voluntad, donde le recriminaron que les hubiera denunciado por el anterior encierro.

El acusado le dio una bofetada y una patada en la parte trasera, cayendo la muchacha sobre un charco. Una vez en el suelo, sus agresores la obligaron a coger heces del suelo, haciéndoselas comer, mientras le decían: «¡No hables; coges la caca y te la comes!», todo ello en presencia de la madre de la menor, que no hizo nada para impedir la agresión.

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Sucesos

Hallan mercurio y metanol en una anciana con alzhéimer mientras dos abogados y un notario la expoliaban en València

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La Policía Nacional ha detenido en València a cinco personas, entre ellas dos abogados, un notario de reconocido prestigio en la ciudad, la cuidadora de la víctima y el comprador de varios inmuebles, por presuntamente expoliar el patrimonio de una mujer octogenaria con alzhéimer. El perjuicio económico asciende a unos 785.000 euros, según ha informado la Jefatura Superior de Policía.

La investigación ha destapado una trama de ventas inmobiliarias irregulares, abusos de confianza y una grave situación de vulnerabilidad, en la que la anciana habría sido despojada de todos sus bienes en apenas un año.

Ventas irregulares y patrimonio enajenado

Las pesquisas policiales comenzaron en junio de 2025, tras la denuncia interpuesta por los familiares de la mujer. Estos alertaron de que cada vez les resultaba más difícil contactar con la anciana o visitarla, lo que despertó su preocupación.

Al consultar el Registro de la Propiedad, comprobaron que la totalidad de los inmuebles de la mujer habían sido vendidos en un corto periodo de tiempo. Las investigaciones revelaron que las operaciones se realizaron con el asesoramiento de dos abogados que, además, actuaban como letrados del comprador, incurriendo en un claro conflicto de intereses y dejando a la víctima en una situación de absoluta indefensión.

Los inmuebles fueron vendidos muy por debajo de su valor real de mercado, lo que permitió a los implicados obtener importantes beneficios económicos.

El papel clave del notario y la cuidadora

Todas las operaciones se formalizaron ante el mismo notario, que dio validez legal a las transacciones. Incluso en la venta de la vivienda habitual de la anciana —realizada bajo la fórmula de nuda propiedad— se incluyeron condiciones especialmente gravosas, que llegaban a contemplar la posible pérdida del usufructo.

Los agentes constataron además que el notario, junto al comprador, realizó gestiones para suprimir dicho usufructo, entrevistándose con vecinos para intentar demostrar que la mujer ya no residía en el inmueble, algo que no era cierto.

La cuidadora, que se encargaba de preparar la comida y atender diariamente a la octogenaria, tenía una posición de especial influencia sobre ella. Fue incluida en el testamento y era quien realizaba extracciones de dinero de las cuentas bancarias de la víctima.

Sustancias tóxicas y agravamiento del caso

Durante una hospitalización de la anciana, los investigadores llegaron a detectar presencia de mercurio y metanol en su organismo, un hallazgo que incrementó la gravedad de las sospechas sobre su entorno más cercano y reforzó la investigación policial.

Delitos y situación judicial

Como resultado de la operación, los cinco detenidos están acusados de prevaricación, falsedad en documento público, estafa, delito contra los derechos de los trabajadores y deslealtad profesional. Uno de ellos cuenta con antecedentes policiales.

Todos han pasado ya a disposición judicial, mientras continúa la investigación para esclarecer completamente los hechos y determinar si existen más personas implicadas.

 

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