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La Audiencia Nacional absuelve al major Trapero y complica la posición de España ante el Tribunal de Estrasburgo

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Ni sedición ni desobediencia. La Sección Primera de la Audiencia Nacional ha desestimado las dos acusaciones de la Fiscalía y ha absuelto al major de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, y a los otros tres acusados de la cúpula del cuerpo policial de la Generalitat de Cataluña. La sentencia, que se ha adoptado con los votos favorables de dos de los tres magistrados, no considera acreditado que los juzgados impidieran o dificultaran el cumplimiento de las órdenes de los tribunales para favorecer a la causa independentista.

La fiscalía solicitaba 10 años de prisión por delito de sedición al major Trapero y sus tres subordinados, y en su defecto una condena por desobediencia. Durante el juicio, tanto Trapero como el resto de los acusados negaron cualquier tipo de colaboración con los planes secesionistas del gobierno catalán, y el major de los Mossos llegó a presentar el plan que habían ideado para detener al entonces President de la Generalitat, Carles Puigdemont, si así se lo solicitaba la justicia.

El fallo no concede credibilidad al testimonio del principal testigo de la acusación, el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, que sí fue clave en la sentencia condenatoria a los políticos y activistas civiles del «procés». Uno de los motivos razonados de las condenas en aquella sentencia fue que se había utilizado a los Mossos para obstruir las órdenes de la justicia española.

El fallo no es firme y la fiscalía puede recurrirlo, pero fuentes jurídicas reconocen que complica mucho la posición de la justicia española en el recurso que los condenados por el «procés» tienen interpuesto ante el Tribunal Europeo de Estrasburgo.

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El DAO José Ángel González Jiménez dimite tras ser acusado de violación: de pacificador de la Policía a hombre de confianza de Marlaska

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El comisario principal José Ángel González Jiménez, conocido como ‘Jota’, de 66 años y natural de Aguilar del Río Alhama, ha dimitido como Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional tras ser denunciado por agresión sexual por una subordinada, en un caso que ha sacudido a la institución y a la opinión pública.

Trayectoria del DAO: de pacificador a figura de confianza

González Jiménez llegó a la DAO en 2018 en un momento convulso para la Policía Nacional, tras escándalos como la ‘policía patriótica’ o el caso Villarejo. Su perfil discreto y profesional le permitió recuperar la normalidad en la operativa policial y mejorar la imagen de la institución, especialmente en tareas de seguridad ciudadana y gestión de crisis.

Entre sus logros destacan la coordinación con los Mossos d’Esquadra tras los altercados por la sentencia del procés y su papel en el Comité de Gestión Técnica del Coronavirus, gestionando los confinamientos durante la pandemia, lo que le convirtió en rostro familiar para los ciudadanos en ruedas de prensa junto a Fernando Simón y responsables de la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas.

Renovación legal para mantenerse en el cargo

En diciembre de 2024, al cumplir los 65 años, González Jiménez debía jubilarse. Sin embargo, el entonces ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, promovió un cambio legal que le permitió seguir en el puesto, mostrando plena confianza en él, aunque generando tensiones internas entre otros altos mandos que sí debieron retirarse a esa edad.

Fuentes cercanas al DAO indican que “desde hace un año no era el mismo, se notaba que algo le pasaba”, y lamentan que no hubiera dimitido antes de que estallara el escándalo que ahora marca su destino profesional y personal.

Consecuencias y repercusión en la Policía

La denuncia afecta no solo a González Jiménez, sino también a su estrecho colaborador Óscar San Juan, conocido como el ‘mini DAO’, y ha impactado gravemente en la imagen pública de la Policía Nacional. La investigación judicial determinará la veracidad de los hechos y la responsabilidad penal del ex DAO.

El caso genera un debate sobre la idoneidad de mantener en puestos clave a mandos más allá de la edad de jubilación, así como sobre la elección de personal de confianza para altos cargos. La institución se enfrenta ahora a un desafío para recuperar la credibilidad tras este episodio de alto impacto mediático y social.

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