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Valencia

La víctima de abusos del ex marido de Oltra reclama tres años y medio de prisión y 12 de inhabilitación para la exvicepresidenta

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La joven que fue víctima de abusos sexuales cuando era menor de edad y estaba tutelada por la Generalitat Valenciana, a su llegada a los juzgados de València, en una imagen de archivo. EFE/Ana Escobar

València, 8 julio (OFFICIAL PRESS-EFE).-La representación legal de la mujer (entonces menor de edad) que fue víctima de abusos sexuales por parte del exmarido de Mónica Oltra reclama una condena de 3,5 años de prisión y 12 de inhabilitación para la ex vicepresidenta de la Generalitat Valenciana.

En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso EFE, la víctima reclama el procesamiento de 10 personas, entre ellas Oltra y varios responsables de la Conselleria de Igualdad que ella dirigía.

A Oltra le atribuye esta acusación particular los delitos de prevaricación, por el que reclama 12 años de inhabilitación, malversación, por el que pide 1,5 años de prisión, y un delito contra la integridad moral que pide se sancione con 2 años de prisión.

La Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia ordenó el pasado mes de junio la reapertura de la causa contra la exvicepresidenta del Gobierno valenciano Mónica Oltra y otras 15 personas por la gestión del caso de los abusos sexuales sufridos por una menor tutelada por la Generalitat y cometidos por el exmarido de Oltra.

La víctima de los abusos está actualmente representada por un histórico dirigente de la asociación de ultraderecha España 2000, si bien en la causa hay otras dos acusaciones populares que ejercen la asociación Gobierna-Te de Cristina Seguí (exdirigente de Vox) y Vox.

La Fiscalía Provincial no vio indicios de delito en esta causa y apoyó la propuesta de archivo del juez instructor.

La sentencia de cinco años de prisión impuesta por este caso al exmarido de Oltra fue confirmada el pasado mes de septiembre por el Tirbunal Supremo.

Carácter «rebelde y embustero»

La defensa de esta menor expone en su escrito de acusación que los funcionarios responsables de su tutela «escudándose en que la niña no quería denunciar y en su carácter rebelde y embustero, concluyeron que no procedía derivarla» al organismo externo encargado de evaluar posibles casos de abusos.

«Al parecer, ninguno de los acusados le dio importancia al hecho de que con catorce años la decisión de denunciar es de los padres o tutores, no de los niños, que carecen de capacidad de obrar; tampoco a que, precisamente por ser una niña conflictiva, era víctima propiciatoria para un abusador. Estaban más preocupados por mantener la discreción sobre la identidad del abusador que por proteger a la niña tutelada», expone el referido escrito.

«Ni lo denunciaron al grupo de menores de la Policía Nacional, ni a la Fiscalía, ni se preocuparon de la protección de la menor, a la que se le colocó en riesgo por volver a estar en contacto con el abusador, ya que éste fue reincorporado al puesto», añade.

El asunto de los abusos se judicializó cuatro meses más tarde cuando la víctima contó lo ocurrido a unos agentes de Policía Nacional que se encontraban circunstancialmente en el centro de menores con motivo del traslado de otra niña.

Estrategia para desacreditar a la víctima

Y añade el abogado de la víctima: «cuando ya se había judicializado la investigación, los acusados puestos de común acuerdo idearon una estrategia para desacreditar el testimonio de la menor, cubrir las apariencias y obstaculizar la acción judicial».

«Para ello acordaron realizar una instrucción paralela a la judicial con la finalidad, no ya de saber lo que podía haber fallado para que los hechos se hubieran ocultado durante tanto tiempo, sino para determinar la veracidad de las acusaciones efectuadas por la menor».

En este sentido se acusa directamente a Oltra de haber dado orden para la incoación de dicho expediente informativo, que en esta ocasión sí que incluyó un informe psicológico del organismo externo contratado por la Conselleria.

Dicho informe concluyó que el testimonio de la menor era «poco creíble», aunque recomendaba seguimiento y apoyo psicológico.

El coste del informe fue de 490,05 euros, según esta acusación, que denuncia que «la atención y el tratamiento nunca se facilitaron a la adolescente».

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Valencia

Investigan a una falsa médica por realizar tratamientos estéticos ilegales en Valencia

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Investigan a una falsa médica por realizar tratamientos estéticos ilegales en Valencia-GUARDIA CIVIL

La Guardia Civil, en el marco de la operación ‘Zubar’, ha investigado a una mujer de 36 años por realizar cientos de tratamientos estéticos sin estar habilitada para ello, en distintos centros de la provincia de Valencia y, en algunos casos, en su propio domicilio.

Investigación iniciada tras una denuncia en Sueca

Tras una denuncia presentada en marzo por parte de una profesional de la rama sanitaria en la que exponía que una persona estaba realizando tratamientos con fines estéticos en una peluquería de la localidad de Sueca (Valencia), sin ningún tipo de control sanitario y no estando habilitada para ello, la Guardia Civil dio comienzo a la investigación, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Continuando con la investigación, los agentes comprobaron cómo esta persona estaba actuando en múltiples establecimientos de la provincia, donde se presentaba como doctora y realizaba numerosos tratamientos estéticos como aumento de labios y pómulos, rinomodelación o infiltraciones de toxina botulínica, entre otros. Asimismo, a través de sus redes sociales, la investigada difundía los tratamientos realizados.

Titulación en odontología pero sin autorización para medicina estética

De ese modo, los agentes localizaron los centros donde desarrollaba estas actividades y averiguaron que la supuesta doctora estaba graduada en odontología por una universidad privada. Una vez que los agentes contactaron con las autoridades sanitarias competentes en materia de estética y en competencia profesional, para solicitar información acerca de la potestad de la citada facultativa para realizar este tipo de tratamientos, se comprobó que solo están reservados en exclusividad a los médicos especialistas en medicina estética, existiendo conformidad por parte del Colegio de Médicos con el Colegio de Estomatología y Odontología.

De los testimonios recogidos por los agentes, tanto de los centros donde había desarrollado la actividad la investigada, como de varias clientas que se habían realizado tratamientos estéticos, se comprobó que esta persona había realizado cientos de tratamientos.

Más de 80 clientas y 180 tratamientos documentados

80 clientas registradas y más de 180 tratamientos

Contaba, al menos, con 80 clientas registradas en los centros, y con más de 180 tratamientos de toxina botulínica en tercio superior y ácido hialurónico, documentados y firmados por la presunta doctora. Algunas de las clientes manifestaron haberse realizado tratamientos en el propio domicilio particular de la supuesta doctora.

Igualmente, se comprobó que la mayoría de los centros, donde la supuesta doctora había realizado los tratamientos estéticos, no presentaban la licencia administrativa correspondiente, autorizada y emitida por la Conselleria de Sanidad de la Comunitat Valenciana, para ofertar y realizar estos tratamientos (Permiso U48).

Además, muchos de estos centros no disponían de ningún tipo sistema de refrigeración para mantener los productos, medios para la correcta gestión de los residuos biológicos generados, así como de las condiciones legalmente exigidas para poder ofertar dichos tratamientos.

Delitos investigados y posible riesgo para la salud pública

Por tal motivo, se procedió a investigar a la supuesta doctora, una mujer de 36 años, por un delito de intrusismo profesional, un delito contra la salud pública mediante suministración de medicamentos (toxina botulínica), así como un delito de falsedad documental.

Cabe destacar que no se ha podido constatar la legalidad y trazabilidad de los productos sanitarios suministrados, por lo que se presupone que fueron adquiridos por la supuesta doctora de una manera ilegal no siguiendo los cauces legales, tanto para su obtención como para su manipulación.

Recomendaciones de la Guardia Civil antes de someterse a tratamientos estéticos

Por ello, la Guardia Civil aconseja a los usuarios interesados en este tipo de tratamientos que, antes de realizarlos, procedan a asesorarse por profesionales cualificados, evitando de este modo poner en riesgo su salud. La mala aplicación de un tratamiento estético por parte de una persona no autorizada para ello y sin garantías de que el producto esté bien conservado, recuerda, puede llegar a costarle la vida.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Sueca y dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Sueca.

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