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Valencia

La víctima de abusos del ex marido de Oltra reclama tres años y medio de prisión y 12 de inhabilitación para la exvicepresidenta

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La joven que fue víctima de abusos sexuales cuando era menor de edad y estaba tutelada por la Generalitat Valenciana, a su llegada a los juzgados de València, en una imagen de archivo. EFE/Ana Escobar

València, 8 julio (OFFICIAL PRESS-EFE).-La representación legal de la mujer (entonces menor de edad) que fue víctima de abusos sexuales por parte del exmarido de Mónica Oltra reclama una condena de 3,5 años de prisión y 12 de inhabilitación para la ex vicepresidenta de la Generalitat Valenciana.

En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso EFE, la víctima reclama el procesamiento de 10 personas, entre ellas Oltra y varios responsables de la Conselleria de Igualdad que ella dirigía.

A Oltra le atribuye esta acusación particular los delitos de prevaricación, por el que reclama 12 años de inhabilitación, malversación, por el que pide 1,5 años de prisión, y un delito contra la integridad moral que pide se sancione con 2 años de prisión.

La Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia ordenó el pasado mes de junio la reapertura de la causa contra la exvicepresidenta del Gobierno valenciano Mónica Oltra y otras 15 personas por la gestión del caso de los abusos sexuales sufridos por una menor tutelada por la Generalitat y cometidos por el exmarido de Oltra.

La víctima de los abusos está actualmente representada por un histórico dirigente de la asociación de ultraderecha España 2000, si bien en la causa hay otras dos acusaciones populares que ejercen la asociación Gobierna-Te de Cristina Seguí (exdirigente de Vox) y Vox.

La Fiscalía Provincial no vio indicios de delito en esta causa y apoyó la propuesta de archivo del juez instructor.

La sentencia de cinco años de prisión impuesta por este caso al exmarido de Oltra fue confirmada el pasado mes de septiembre por el Tirbunal Supremo.

Carácter «rebelde y embustero»

La defensa de esta menor expone en su escrito de acusación que los funcionarios responsables de su tutela «escudándose en que la niña no quería denunciar y en su carácter rebelde y embustero, concluyeron que no procedía derivarla» al organismo externo encargado de evaluar posibles casos de abusos.

«Al parecer, ninguno de los acusados le dio importancia al hecho de que con catorce años la decisión de denunciar es de los padres o tutores, no de los niños, que carecen de capacidad de obrar; tampoco a que, precisamente por ser una niña conflictiva, era víctima propiciatoria para un abusador. Estaban más preocupados por mantener la discreción sobre la identidad del abusador que por proteger a la niña tutelada», expone el referido escrito.

«Ni lo denunciaron al grupo de menores de la Policía Nacional, ni a la Fiscalía, ni se preocuparon de la protección de la menor, a la que se le colocó en riesgo por volver a estar en contacto con el abusador, ya que éste fue reincorporado al puesto», añade.

El asunto de los abusos se judicializó cuatro meses más tarde cuando la víctima contó lo ocurrido a unos agentes de Policía Nacional que se encontraban circunstancialmente en el centro de menores con motivo del traslado de otra niña.

Estrategia para desacreditar a la víctima

Y añade el abogado de la víctima: «cuando ya se había judicializado la investigación, los acusados puestos de común acuerdo idearon una estrategia para desacreditar el testimonio de la menor, cubrir las apariencias y obstaculizar la acción judicial».

«Para ello acordaron realizar una instrucción paralela a la judicial con la finalidad, no ya de saber lo que podía haber fallado para que los hechos se hubieran ocultado durante tanto tiempo, sino para determinar la veracidad de las acusaciones efectuadas por la menor».

En este sentido se acusa directamente a Oltra de haber dado orden para la incoación de dicho expediente informativo, que en esta ocasión sí que incluyó un informe psicológico del organismo externo contratado por la Conselleria.

Dicho informe concluyó que el testimonio de la menor era «poco creíble», aunque recomendaba seguimiento y apoyo psicológico.

El coste del informe fue de 490,05 euros, según esta acusación, que denuncia que «la atención y el tratamiento nunca se facilitaron a la adolescente».

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Valencia

El jefe superior de Policía admite fallos de coordinación institucional durante la dana en la Comunitat Valenciana

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Sigue las últimas noticias sobre la trágica DANA en Valencia:

Carlos Gajero reconoce en el Senado que el Cecopi del 29 de octubre de 2024 debió activarse antes y que la coordinación institucional fue “mejorable” durante la catástrofe que dejó 230 fallecidos

MADRID, 13 de enero de 2026 – El jefe superior de Policía de la Comunitat Valenciana, Carlos Gajero Grande, ha admitido este martes ante la Comisión de Investigación del Senado sobre la dana que la coordinación institucional durante la catástrofe del 29 de octubre de 2024 fue “mejorable”. Asimismo, ha señalado que el Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi) “probablemente” debería haberse reunido antes de las 17.00 horas, dado que ya al mediodía existían avisos de personas desaparecidas en municipios como Utiel.

Durante su comparecencia, Gajero defendió que no hubo abandono ni falta de mando por parte de la Policía Nacional en los primeros días de la emergencia. “En ningún caso la nave iba sin rumbo”, aseguró, subrayando que el dispositivo policial actuó desde el primer momento pese a la magnitud inédita de la tragedia, que causó 230 víctimas mortales.

Coordinación “mejorable”, pero contacto constante sobre el terreno

El máximo responsable policial en la Comunitat Valenciana explicó que, aunque la cooperación operativa con organismos como la Unidad Militar de Emergencias (UME), la Guardia Civil, la Delegación del Gobierno y la Dirección General de la Policía fue continua, echó en falta una mayor coordinación institucional global.

“A nivel personal funcionaba: hablabas directamente con Guardia Civil o UME. Pero una mejor coordinación institucional habría permitido una visión de conjunto, no tan parcelada, y poner todos los recursos en común”, afirmó en respuesta a una pregunta del senador de ERC, Jordi Gaseni.

Gajero niega haber visto a Mazón “especialmente noqueado”

Gajero relató que el día de la dana se desplazó a Madrid para asistir a una reunión de jefes superiores de Policía, una decisión conocida por la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, mientras que la operativa en Valencia quedó en manos del comisario provincial. Al día siguiente, el 30 de octubre, se incorporó directamente a la zona afectada, especialmente en municipios de l’Horta Sud como Torrent, Xirivella, Algemesí, Alzira o Paiporta.

Cuestionado por el senador de Compromís Enric Morera sobre si percibió al entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, “noqueado” durante aquellos días, Gajero respondió con contundencia: “No especialmente”.

“Nadie esperaba una tragedia de esa magnitud”

El jefe policial reconoció que no existía un protocolo capaz de prever una catástrofe de tal envergadura. “Fuimos improvisando muchas veces sobre el terreno y aplicando todas nuestras capacidades”, explicó, destacando que la prioridad fue atender las necesidades inmediatas de la ciudadanía, como la retirada de lodo en colegios, centros sanitarios, residencias y viviendas.

En materia de seguridad, recordó que la noche del 30 de octubre se detectaron saqueos en el centro comercial Bonaire, lo que llevó a la detención de 41 personas en menos de 24 horas y a la recuperación de numerosos objetos robados.

Más de 6.000 agentes desplegados tras las riadas

En los días posteriores a la dana, la Policía Nacional desplegó un amplio dispositivo compuesto por 6.000 agentes, 897 vehículos terrestres, 19 medios aéreos y 21 recursos tecnológicos, según detalló Gajero, quien agradeció públicamente la “entrega, el valor y el compromiso” de todos los efectivos.

Tensión con el PP por los alumnos de la Escuela de Ávila

La comparecencia también estuvo marcada por un rifirrafe con el senador del PP Luis Santamaría, quien insinuó que los alumnos de la Escuela Nacional de Policía de Ávila desplazados a la ‘zona cero’ acudieron “para hacerse la foto”. Gajero lo negó tajantemente: “No fueron a hacerse ninguna foto. Fueron a trabajar, y trabajaron muy bien. La gente nos trasladó muchos agradecimientos”.

“Hicimos todo lo que pudimos”, concluyó el jefe superior de Policía, poniendo fin a una comparecencia clave para esclarecer la gestión institucional de una de las mayores tragedias recientes en la Comunitat Valenciana.

 

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