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¿Se puede comprar en el supermercado con táper?

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¿Se puede comprar en el supermercado con táper?

Entrar en el supermercado y decir: «Ponme, por favor, un cuarto de jamón york». Hasta aquí todo normal. La novedad es que ahora puedes llevarte la compra en tu táper.

El nuevo Real Decreto de Envases y Residuos de Envases aprobado a finales de 2022 permite el uso de fiambreras en la compra a granel para reducir el consumo de plástico.

Un paso más en la lucha contra el plástico iniciada en 2018, cuando la venta gratuita de bolsas de plástico está prohibida y las compostables adquieren mayor presencia, sobre todo, en la sección de frutas y verduras.

Lo normal ahora es salir de casa con las bolsas de rafia o de tela es un gesto más que cotidiano, si no se quiere pagar entre tres y cinco céntimos de más.

Sostenibilidad

El objetivo de todo esto es la sostenibilidad. Y el táper es el nuevo elemento que se une.

«Todos los establecimientos de alimentación que vendan a granel alimentos y bebidas, deberán aceptar el uso de recipientes reutilizables (bolsas, táperes, botellas, entre otros) adecuados para la naturaleza del producto adquirido y debidamente higienizados», establece el Real Decreto del pasado 27 de diciembre.

El Real Decreto dice que el consumidor puede ir con su envase. Pero hay excepciones como es la higiene. Los operadores podrán rechazarlos si están sucios. Estos envases son aceptados en las secciones de fruta y verduras, carnicería, charcutería y pescadería.

Lo que dice la ley sobre la venta a granel

El Real Decreto 1055/2022 asegura que los punto de venta «quedan exentos de la responsabilidad por los problemas de seguridad alimentaria que se pudieran derivar de la utilización de los recipientes aportados por los consumidores». «Es positivo», apunta la OCU, pero «es insuficiente el hecho de que se incentive la presencia a granel acotada únicamente a alimentos y no se amplíe a otros productos como limpiadores».

La Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, busca reducir al mínimo la presencia del plástico en los supermercados y acabar con el desperdicio alimentario. Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, los españoles desperdiciaron 1.245,8 millones de kilos de alimentos y bebidas en 2021.

El gobierno ha prohibido la venta de frutas y verduras de menos de 1,5 kg en envases de plástico, salvo «variedades protegidas o registradas o cuenten con una indicación de calidad diferenciada o de agricultura ecológica», apunta la norma. El texto también contempla que los comercios minoristas de alimentación de más de 400 metros cuadrados tendrán que destinar al menos el 20% de su superficie a productos sin embalaje, incluida la venta a granel.

 

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Cuándo entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios del Estado: fecha prevista y a quién afecta

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La jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE) entrará en vigor previsiblemente en marzo de 2026, una vez sea aprobada formalmente en la Mesa General de Negociación. Así lo ha confirmado el sindicato Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT), que considera esta medida una “punta de lanza” para extender la reducción de jornada al conjunto de trabajadores.

Fecha prevista de entrada en vigor

Según lo acordado en la Comisión Permanente de Negociación de la AGE, la propuesta será elevada a la Mesa General en las próximas semanas con el objetivo de que la resolución se publique antes de que termine febrero y pueda aplicarse a partir de marzo de 2026.

De este modo, los funcionarios y el personal laboral de la Administración General del Estado no tendrán que esperar demasiado para la aplicación oficial de la jornada de 35 horas semanales.

¿A quién se aplicará la jornada de 35 horas?

La medida afectará a:

  • Todo el personal de la Administración General del Estado (AGE).

  • El sector público estatal.

Quedan excluidos, por el momento:

  • Instituciones Penitenciarias, que requerirán una instrucción específica.

  • Docentes y personal sanitario de Ceuta y Melilla, que también necesitarán una regulación adicional.

UGT defiende la medida tras el rechazo del Congreso

La secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, ha lamentado que el Congreso de los Diputados rechazara hace menos de un año la reducción de la jornada máxima legal a 37,5 horas semanales. Según la dirigente sindical, aquello supuso “perder una oportunidad histórica” para mejorar la salud laboral, la calidad del trabajo y la estabilidad en el empleo.

Araque ha defendido que las 35 horas en la Administración del Estado no deben interpretarse como un agravio comparativo, sino como un paso adelante que podría impulsar cambios en el sector privado y en otras administraciones autonómicas.

Impacto en otras comunidades autónomas

Desde UGT señalan que esta decisión podría influir en comunidades como la Comunidad de Madrid, que había condicionado su aplicación a que el Gobierno central diera primero el paso. La entrada en vigor en la AGE podría, por tanto, acelerar decisiones similares en otros territorios.

Un paso hacia la reducción general de jornada

La aplicación de la jornada de 35 horas semanales en la Administración del Estado se interpreta como un movimiento estratégico que podría abrir la puerta a nuevas negociaciones en el ámbito laboral estatal y privado.

Si se cumplen los plazos previstos, marzo de 2026 marcará el inicio oficial de la nueva jornada laboral para miles de funcionarios en España.

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