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La chica fallecida en un choque mortal en Benicàssim había denunciado a su expareja días antes

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Andrea accidente Benicàssim

(EUROPA PRESS)- La joven de 20 años que resultó muerta en el choque del vehículo en el que circulaba con su expareja en Benicàssim (Castellón) había denunciado a este hombre días antes. De hecho, el chico, de 28 años y que también murió a raíz del impacto, tenía la prohibición de acercarse a ella a menos de 200 metros y de comunicarse por cualquier vía.

Así lo ha manifestado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que ha detallado que el Juzgado de Instrucción número 1 de Castellón, en funciones de guardia, está investigado las circunstancias en las que murieron estos dos jóvenes, vecinos de Vila-real, el pasado 23 de diciembre después de que su vehículo colisionara con el surtidor de una gasolinera en la Nacional 340 en Benicàssim.

El juzgado se encuentra a la espera de recibir y analizar los informes completos de Policía Nacional y Guardia Civil para determinar si se trata de un caso de violencia de género, explica el alto tribunal valenciano a través de un comunicado.

Desde el TSJ señalan que la joven había denunciado al hombre días atrás. A raíz de esa denuncia, el Juzgado de Violencia sobre la mujer de Vila-real impuso al presunto agresor la prohibición de acercarse a la mujer a menos de 200 metros y de comunicarse con ella por cualquier vía.

El pasado fin de semana trascendió que la Policía Nacional investigaba como un presunto caso de violencia machista el choque mortal. Este cuerpo de seguridad ha recogido diversos testimonios que aseguran que el varón obligó a la fuerza a la chica a entrar en el coche, según han confirmado fuentes de la investigación a Europa Press. Además, había sido denunciado por un familiar de la fallecida por intentar atropellarla.

El siniestro se produjo a primera hora del pasado sábado, al impactar el coche en el que viajaba la pareja contra una estación de servicio en la carretera. El turismo se prendió fuego y fallecieron en el acto tanto los dos jóvenes como el perro que llevaban en el coche.

La colisión también afectó a un repartidor de la gasolinera, un hombre de 38 años que fue atendido por los servicios médicos por una crisis de ansiedad y por impacto de cristales, aunque no precisó de traslado a centro hospitalario.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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