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La compañía líder mundial en diálisis pagó a médicos para conseguir contratos en distintos países, entre ellos España

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MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) –

Fresenius Medical Care (FMC), proveedor líder mundial de productos de diálisis, ha llegado a un acuerdo con la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU (SEC, de sus siglas en inglés), tras admitir que de manera reiterada, desde 2009 hasta 2016, pagó millones de dólares en sobornos a médicos para obtener negocios en distintos países, entre ellos España.

Según el documento que ha adelantado este viernes ‘El País’, la compañía con sede en Alemania pagó millones de dólares en sobornos para obtener negocios en Arabia Saudita, Angola y ocho países de la región de África Occidental; además de en Turquía, España, China, Serbia, Bosnia y México, en estos casos los datos de los pagos aportados no se reflejaron con precisión en los libros y registros aportado por la compañía, aunque sí se le acusa de sobornos y conducta inapropiada.

La compañía, que ha colaborado en todo momento con el organismo de control norteamericano, según señala el acuerdo publicado el pasado mes de marzo, «no abordó rápidamente varias señales de corrupción en sus operaciones que se conocían desde principios de los años 2000».

«Esto incluye que los empleados que realizan pagos indebidos a través de una variedad de esquemas, incluyendo el uso de contratos de consultoría falsos, falsificación de documentos y Canalizar sobornos a través de un sistema de intermediarios externos. FMC no pudo evaluar adecuadamente y administrar sus riesgos mundiales y dedicar recursos insuficientes para el cumplimiento», señala.

En muchas instancias, añade, «la alta dirección frustró activamente los esfuerzos de cumplimiento, involucrándose personalmente en la corrupción esquemas y dirigiendo a los empleados para destruir los registros de la mala conducta. La conducta impropia continuó durante años en Arabia Saudita, Marruecos, ocho países de la región de África Occidental, Angola, Turquía, España, China, Serbia, Bosnia y México».

EL CASO DE ESPAÑA
El documento recoge algunas de las pruebas por países, en el caso de España se ponen como ejemplo algunas de las adjudicaciones públicas y como la compañía recibió anticipos de información sobre especificaciones de licitación de médicos o empleados públicos.

Algunos de esos médicos recibieron pagos indebidos de FMC España, incluso de conformidad con la consulta acuerdos, u otros beneficios tales como viajes a congresos médicos, viajes a los Estados Unidos, así como donaciones para financiar proyectos, y regalos. Y en algunas de estas licitaciones, FMC España buscó que los médicos modificaran aspectos de las ofertas antes de que su anuncio público.

Asimismo, se han presentado documentos realizados por médicos que ayudaron a obtener o retener negocios. En está ‘colaboración’ el importe que se pagaba a los médicos por hacer de ‘consultores’ variaron entre 16.000 dólares y 187.000 dólares al año. Estos pagos, aclara, «se hacían sin un acuerdo por escrito».

Como ejemplo, destaca en relación con una licitación de 2011 celebrada por un hospital de Valencia, a la que FMC España proporcionó al ‘Doctor A’ el borrador de las especificaciones técnicas y mejoras, un proyecto de metodología de puntuación y puntuaciones propuestas para ganar la licitación. El doctor
usó su cuenta de correo electrónico personal para aceptar algunas de las propuestas con FMC ganando los 2 millones de euros de licitaciones. En este caso, el FMC España le pagó al ‘Doctor A’ más de 114.000 dólares entre 2008 y 2011.

Asimismo, se hizo una donación de más de 40.000 dólares a la fundación del hospital para los programas de capacitación de médicos,
y se realizaron pagos adicionales al médico entre 2012 y 2014 de 51.600 euros en viajes, patrocinios y regalos.

Existe otro caso presentando, en se caso acusa a un segundo doctor, ‘Doctor B’, del que se han obtenido un correo electrónico de diciembre de 2014 entre los gerentes senior de FMC que discutían sobre la necesidad de que influyera en una licitación de 2015 en un hospital en Torrecardenas, la compañía «consiguió que dicho doctor decidirá apoyar a la compañía para obtener el 60% de la adjudicación».

En este caso, la compañía en España ganó el 60% de la licitación, valorada en aproximadamente 3 millones de dólares. Y el ‘Doctor B’ recibió pagos de FMC, así como patrocinios de viajes y regalos.

Por otro lado, FMC España realizó pagos indebidos a los médicos para referir pacientes a las clínicas de FMC o para que dichas clínicas usaran productos de FMC más caros. «Los pagos se hacían a veces al médicos indirectamente a través de consorcios propiedad de los médicos, o por empresas de adquisición de FMC médicos y, a partir de entonces, pagando por el uso de los edificios en los que se encontraban las empresas». Por esta y otras prácticas, para conseguir preferencia frente a otras compañías pagó en España un montante que supera los 3 millones de dólares.

Los pagos a médicos continuaron hasta 2015, y muchos de estos pagos se registraron incorrectamente como gastos de consultoría en los libros y registros de FMC y FMC España. En general, FMC se benefició con más de 20 millones dólares como resultado de una conducta inapropiada.

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Reducción de la jornada laboral: quién puede beneficiarse de ella y quién no

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La jornada laboral de 37,5 horas no será para todos: más de 6,3 millones de españoles quedarán excluidos

Autónomos y empleados públicos no se beneficiarán de la nueva reducción de jornada que llega al Congreso

La reducción de la jornada laboral en España entra en debate este miércoles 30 de abril en el Congreso de los Diputados. El Gobierno busca limitar legalmente la jornada semanal a un máximo de 37,5 horas sin reducción salarial, pero la medida no será universal: más de 6,3 millones de trabajadores quedarán excluidos, lo que ha generado inquietud entre los colectivos afectados.

Entre los principales excluidos de la jornada laboral reducida se encuentran los autónomos y los empleados públicos, dos pilares fundamentales del tejido económico y social del país. Además, la medida tampoco afectará a aquellos trabajadores con convenios colectivos que ya contemplan jornadas por debajo del nuevo límite propuesto.

¿Quiénes no podrán acogerse a la jornada de 37,5 horas?

1. Autónomos: sin jornada legal y sin protección

El colectivo de trabajadores autónomos, que supera los 3 millones de personas en España, no tendrá acceso a la reducción de jornada. Al operar por cuenta propia, su tiempo de trabajo no está regulado por ley. Aunque no se ven afectados directamente, muchos de ellos deberán reorganizar sus horarios y asumir el impacto de los cambios si emplean personal contratado que sí se beneficie de la nueva normativa.

Esto podría traducirse en un aumento de costes laborales o en una reestructuración interna de sus negocios para mantener la operatividad, sobre todo en el caso de pequeñas empresas o profesionales independientes.

2. Empleados públicos: regulados por normativas distintas

En el caso de los funcionarios y empleados públicos, su jornada está determinada por regulaciones propias. Muchos ya trabajan 35 horas semanales o menos, por lo que no se verán afectados por la reforma.

Sin embargo, esta exclusión ha provocado quejas dentro del sector público, donde algunos sindicatos pedían una homologación generalizada que equiparara las condiciones laborales de todos los trabajadores del país.

¿A quién beneficia la nueva reducción de jornada?

La nueva medida se aplicará a trabajadores por cuenta ajena del sector privado cuya jornada actual supere las 37,5 horas semanales. El objetivo es impulsar la conciliación familiar, mejorar la salud laboral y aumentar la productividad, en línea con modelos implantados en otros países europeos.

El impacto será más notable en sectores como el comercio, la hostelería, la industria o los servicios, donde aún predominan jornadas largas. La aplicación será progresiva y dependerá de negociaciones colectivas con patronales y sindicatos.

Una reforma laboral con grandes ausencias

Pese al avance que supone para muchos trabajadores, la nueva jornada laboral en España deja fuera a una parte importante del mercado laboral. Más de 6,3 millones de personas —entre autónomos y empleados públicos— no se beneficiarán directamente, lo que pone en evidencia la desigualdad estructural en el acceso a los derechos laborales en el país.

Esta exclusión plantea desafíos importantes: cómo adaptar la legislación para ser más inclusiva y cómo compensar a quienes, por la naturaleza de su trabajo, no pueden acceder a reformas que buscan mejorar la calidad de vida del trabajador medio.

 

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