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La Comunitat ha registrado desde marzo 3.266 muertes más de las estimadas

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València, 17 dic (EFE).- La Comunitat Valenciana ha registrado entre el 20 de marzo y el 14 de diciembre de este año un exceso de mortalidad de 3.266 personas, ya que se han producido en ese tiempo 17.556 fallecimientos, cuando se estimaba que fueran 14.290.
Así lo señala el último informe del Sistema de Monitorización de la Mortalidad (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III, que recoge cinco periodos de exceso de fallecimientos en la Comunitat Valenciana desde marzo a partir de estimaciones de mortalidad esperada por las medias históricas de los últimos diez años.
El último periodo de exceso de fallecimientos en la Comunitat, según este sistema, es el comprendido ente el 1 y el 14 de diciembre, con 280 muertes más de las esperadas, ya que han fallecido por todas las causas -no solo por el coronavirus- un total de 2.057 personas y la previsión era que lo hicieran 1.776, lo que supone un exceso del 15,8 por ciento.
De los fallecimientos de las dos primeras semanas de diciembre en la Comunitat, 1.079 han sido hombres (un exceso de mortalidad del 16 %, ya que se esperaban 930 muertos y ha habido 149 más) y 974 mujeres (un 17,8 % más, pues se calculaba que serían 826 y han sido 148 más).
Por franja de edad, en esta primera quincena de diciembre la mayoría de fallecidos superaba los 74 años (han sido 1.460, cuando se esperaban 1.266, un exceso de mortalidad del 15,3 %), seguida de la franja de entre 65 y 74 años (han muerto 306 personas y se calculaban 249, un exceso del 22’9 %), mientras que los muertos de menos de 65 años han sido 286 y se estimaba que serían 245 (un exceso del 16’7 %).
El periodo con más muertes de las esperadas en la Comunitat Valenciana, según este sistema, fue el comprendido entre el 20 de marzo y el 25 de abril pasados, cuando fallecieron 1.612 más de las estimadas, lo que supone un exceso de mortalidad del 36 %.
Le siguen el periodo entre el 14 de octubre y el 14 de noviembre, con 610 fallecimientos por encima de los esperados (un exceso del 16’7 %); el comprendido entre el 27 de julio y el 15 de agosto, con 406 muertes más de las previstas (un exceso del 17’7 %); y el que abarca del 19 de agosto al 6 de septiembre, con 357 muertes de más (un 23’8 % por encima de lo esperado).

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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