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Valencia

La Comunitat Valenciana suspende la actividad quirúrgica programada salvo la urgente

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València, 9 ene (EFE).- La Conselleria de Sanidad ha suspendido toda actividad quirúrgica programada, salvo para aquellas condiciones urgentes no demorables ni derivables como medida de refuerzo en respuesta a la pandemia.

Según la directora general de Asistencia Sanitaria, Mariam García Layunta, en la Comunitat Valenciana, al igual que en el resto de España y de Europa, «estamos notando últimamente un incremento importante de la incidencia acumulada».

En un comunicado ha destacado que «está subiendo el número de casos, y eso está suponiendo, lógicamente, un aumento de la presión asistencial en nuestros hospitales, tanto para ingresos hospitalarios en sala como en las unidades de críticos».

García Layunta ha informado de que los departamentos de salud, al igual que hicieron en la primera ola, están aplicando sus planes de contingencia, que consisten, básicamente, en «ampliar espacios, doblar camas que permitan que exista una mayor capacidad asistencial en sala y en críticos».

«Esto supone -ha continuado García Layunta- que tenemos en este momento una capacidad todavía suficiente como para dar respuesta a las demandas que estamos teniendo y, además, contamos con otras instalaciones que no teníamos en la primera ola, como son los hospitales de campaña que están preparados o el hospital Ernest Lluch».

La directora general también ha recordado que, además, en noviembre la consellera de Sanidad, Ana Barceló, «dictó una resolución donde se ponía a nuestra disposición los recursos de la sanidad privada en esta colaboración público-privada».

Entre las medidas organizativas que deben adoptar los hospitales dentro de sus planes de contingencia, Mariam García Layunta ha citado la utilización de nuevos espacios «que estaban dedicados antes a otros usos» y «la suspensión de aquellas actividades que no son urgentes, por ejemplo cirugía programada, y que pueden esperar porque en este momento nuestra prioridad es la atención de los enfermos COVID y no COVID que requieren hospitalización».

«Pero las intervenciones que puedan ser aplazadas las aplazaremos y, evidentemente, cuando esto acabe intentaremos recuperar cuanto antes».

Otras medidas organizativas adoptadas son la suspensión de pruebas diagnósticas no preferentes y los ingresos programados, a excepción de aquellos implicados en diagnóstico rápido de cáncer (cribado de cáncer de mama y colon, circuitos rápidos protocolizados, etc).

Por último, García Layunta ha resaltado que: «nosotros creemos que, con todo esto, junto con las medidas que el gobierno valenciano ha adoptado para poder hacer frente a la pandemia, en las que se limitan determinadas actividades y se pide sobre todo la responsabilidad de la población, pronto podremos salir de esta situación, sin que la capacidad de los hospitales se vea sobrepasada, garantizando la atención a todos los valencianos».

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Valencia

Esta es la nueva normativa de apartamentos turísticos en Valencia: límites, polémica y claves del cambio

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Viviendas turísticas España
Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo

El Ayuntamiento de València ha aprobado definitivamente la nueva normativa de apartamentos turísticos, una medida impulsada por el gobierno municipal con el apoyo de PP y Vox y el rechazo de Compromís y PSPV-PSOE.

La regulación modifica el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y busca poner límites al crecimiento del alojamiento turístico en la ciudad, en un contexto marcado por el aumento del precio de la vivienda y la presión vecinal.


🏛 Qué cambia con la nueva normativa

El nuevo marco urbanístico introduce restricciones al crecimiento de los apartamentos turísticos, con el objetivo de proteger el uso residencial de la vivienda. Según el equipo de gobierno, se trata de la normativa “más restrictiva de España” en este ámbito.

Entre las principales medidas destacan:

  • Implantación de “candados” urbanísticos que limitan el número de apartamentos por distrito, barrio o manzana.
  • Regulación del total de plazas turísticas, incluyendo apartamentos, hoteles y hostales.
  • Refuerzo de las inspecciones y aumento de las órdenes de cese contra alojamientos ilegales.
  • Coordinación con Policía y Agencia Tributaria para controlar la actividad irregular.

Desde el consistorio aseguran que el 98% de la vivienda queda protegida para uso residencial, dificultando la apertura de nuevos alojamientos turísticos.


Críticas de vecinos y oposición

La nueva normativa ha generado un intenso debate político y social. La Federació d’Associacions Veïnals de València considera que la regulación presenta “vacíos y excepciones” y no resuelve el principal problema: la existencia de miles de apartamentos turísticos ilegales.

Según denuncian, en la ciudad habría más de 9.000 viviendas turísticas fuera de la legalidad, una cifra que, a su juicio, no se aborda con medidas eficaces.

Por su parte, desde la oposición:

  • El PSPV-PSOE advierte que la norma no reducirá los apartamentos en zonas saturadas y permitirá su expansión en otros barrios.
  • Compromís acusa al gobierno local de favorecer la especulación y la subida de precios de la vivienda.

Ambos partidos coinciden en que la ciudad vive una situación de “tensión” en el mercado inmobiliario y reclaman medidas más restrictivas.


Debate sobre vivienda y turismo en València

El crecimiento del turismo en València ha sido uno de los factores clave en el encarecimiento del alquiler y la compra de vivienda en los últimos años.

Mientras el gobierno municipal defiende un modelo de turismo “de calidad” y compatible con la vida vecinal, la oposición insiste en que la nueva normativa puede agravar el problema si no se controla la oferta ilegal.


El Ayuntamiento defiende un “hito” urbanístico

La alcaldesa ha calificado la aprobación como un “hito” y ha asegurado que responde a un cambio de modelo de ciudad:

  • Priorizar el derecho a la vivienda.
  • Limitar el turismo masivo.
  • Garantizar la convivencia entre vecinos y visitantes.

Además, el gobierno local insiste en que la normativa está diseñada para ser sólida jurídicamente y evitar que pueda ser anulada en los tribunales.


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