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La edad manda en la vacunación: los mayores de 70 seguirán a los de más de 80

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araceli, primera vacunada española

Madrid, 3 feb (EFE).- La edad será el factor que determine los grupos diana que recibirán la vacuna contra la covid en la siguiente fase de la campaña, de forma que cuando se haya administrado a los mayores de 80 años que no viven en residencias se seguirá con los de más de 70, que serán citados por sus centros de salud.

Los destinatarios de las primeras dosis que llegaron a España de la vacuna de Pfizer y después con la de Moderna han sido los internos y trabajadores de las residencias de personas mayores y de atención a grandes dependientes, tras los cuales han empezado a ser inmunizados los sanitarios de primera línea.

Una vez culminado este grupo, y siempre dentro de esta primera etapa que se prolongará previsiblemente hasta marzo, se vacunará a sanitarios del ámbito hospitalario y de Atención Primaria no considerado de primera línea, al personal de odontología, higiene dental y otros que atienden a pacientes sin mascarilla durante más de 15 minutos y a grandes dependientes no institucionalizados.

Cuando acabe la primera fase llegará entonces el turno de los mayores de 80 años, el siguiente grupo diana contemplado en la estrategia de vacunación que, según indican a Efe fuentes próximas a la ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones del Ministerio de Sanidad, ha establecido precisamente la edad como el factor determinante a la hora de delimitar los colectivos diana.

MAYORES Y ENFERMOS CRÓNICOS

Por ello, después de los mayores de 80, será el turno del grupo de entre 70 y 79 años; en ambos, se trata ya de personas que no viven en residencias y que serán citados nominalmente por sus centros de salud para no desperdiciar ni una sola inyección.

Queda por ver aún cómo se procederá con los colectivos que carecen de seguro público y aquellos pertenecientes a las mutualidades con financiación pública directa -MUFACE, MUGEJU e ISFAS-, las cuales se encuentran en proceso de negociación con el Ministerio, si bien las fuentes consultadas aseguran que no se les va a discriminar negativamente y van a ser vacunados contemporáneamente al resto.

En las próximas semanas, la ponencia también tendrá que ir perfilando el resto de grupos en función de sus patologías previas o el nivel de exposición al virus que tienen en sus trabajos.

Un criterio que comparten desde la Asociación Española de Vacunología (AEV): su vicepresidente, Fernando Moraga-Llop, opina que «después de 80 años se debe ir bajando las edades hasta los 65 años, después continuar por grupos con enfermedades crónicas como diabetes, epoc, cardiopatías…».

Y después de los crónicos, las personas institucionalizadas o en riesgo de exclusión social, es decir, colectivos de condiciones socioeconómicas deficientes, seguidos del personal esencial de todo tipo.

«Luego se podría hacer un grupo de 55 a 64 años y dejar para el final a los que han tenido la covid, exceptuando si son de alto riesgo, que es lo que pasa ahora en las residencias», señala el experto, que aboga en todo caso por un «criterio uniforme en todo el país».

Moraga-Llop comparte que «lo importante es citar con la atención primaria; es evidente no se podrá hacer en todo los centros, y si en un momento dado conviene echar mano de la privada, los militares, estudiantes de medicina de último curso, todo coordinado desde la sanidad pública, pues también, porque es una vacuna de la sanidad pública y es para todas las personas y gratuita».

RESERVAR LA VACUNA DE ASTRAZENECA PARA MENORES DE 65

Si, como todo apunta, la ponencia dictamina que la vacuna de AstraZeneca no es recomendable para los mayores de 65 años al no haberse comprobado su eficacia en este colectivo por su falta de participación en los ensayos de la farmacéutica, la estrategia tendrá que pasar por reservar las de Pfizer y Moderna para este grupo de edad.

Así lo indican a Efe fuentes de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc), que insisten en lanzar el mensaje que, aunque finalmente se opte por no aconsejar el fármaco de Astrazeneca a mayores de 65 años, ello no es porque sea menos segura, sino porque simplemente no se ha ensayado en este grupo y es necesario esperar los resultados de cuando se haga.

Lo cual implicaría que el 20 por ciento de la población que hay en España mayor de 65 años no puede aspirar de momento a esta vacuna, pero desde la Semfyc no creen que eso vaya a influir en el calendario vacunal, ya que existen otras alternativas. «Hasta ahora lo que nos está alterando el calendario de vacunación es el comportamiento de los laboratorios», subrayan.

En esta sociedad ven viable el objetivo marcado por los gobiernos europeos de vacunar al 70 % de la población a finales de verano, pero insisten en que eso puede ser así «si los laboratorios cumplen con las previsiones que teníamos inicialmente. Depende de ellos porque aquí tenemos capacidad de vacunación de sobra».

No lo percibe así Moraga-Llop: «Desde el momento en que lo dijeron lo veía muy difícil, pero ahora lo veo dificilísimo», más los tira y afloja entre la UE y AstraZeneca por el suministro.

¿SE DEBE VACUNAR A LOS QUE SE HAN SALTADO EL PROTOCOLO?

Los centenares de casos de cargos públicos y otras personas que se han vacunado sin pertenecer a los grupos prioritarios ha levantado ampollas en las últimas semanas y ha suscitado el debate de si se les debe completar la inmunización con la segunda dosis.

Sobre ello, los expertos consultados lo tienen muy claro: para la Semfyc, privarles del segundo pinchazo «sería como haber tirado la primera dosis. La primera dosis debe ir seguida de la segunda porque si no la vacunación está incompleta y mal hecha, y al final no le proteges. Habrá otra forma de castigarles.

El vicepresidente de la AEV, por su parte, considera que son personas que «han demostrado un egoísmo y un espíritu insolidario manifiesto, y si son cargos públicos, deben dimitir».

Pero «desde el punto de vista medico hay que ponerles la segunda dosis». «No podemos tener a gente mal vacunada porque puede generar la posible aparición de variantes que se escapen de la vacuna y sean resistentes», zanja.

Adaya González y Berta Pinillos

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Quién es Antonio Hernández y por qué Sánchez lo ha cesado tras el escándalo del caso Salazar

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Antonio Hernández
Antonio Hernández-Portal de Transparencia del Gobierno/ PSOE

Cese inminente en el Gobierno

El Consejo de Ministros aprobará este martes el cese de Antonio Hernández, hasta ahora director del Departamento de Coordinación Política en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno, después de la gestión interna del caso Salazar, donde dos militantes socialistas denunciaron presunto acoso sexual por parte del exasesor Paco Salazar, colaborador estrecho del Gobierno en análisis electoral.

Moncloa asegura que el cese se toma “con contundencia” tras conocer los hechos denunciados y que la decisión ha sido compartida con Hernández, quien habría admitido que su continuidad en el cargo “no era sostenible” desde el momento en el que estalló el escándalo.

La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha decidido también apartarlo de la Ejecutiva del PSOE de Andalucía, donde ejercía como responsable de la Secretaría de Datos.

Quién es Antonio Hernández

Hernández desempeñaba uno de los cargos más estratégicos dentro del núcleo presidencial: el director de Coordinación Política del Gabinete de Moncloa, encargado de asesoramiento, apoyo y refuerzo del programa político del Gobierno, según el Portal de Transparencia.

Formado como técnico especialista en Publicidad, ha trabajado en Presidencia del Gobierno, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla, y era una figura de confianza dentro de los equipos de análisis electoral.

Su vinculación con Paco Salazar —exmilitante socialista y asesor político— ha sido determinante en la decisión política. Varias trabajadoras que denunciaron internamente el comportamiento de Salazar mencionaron a Hernández como presunto “cómplice” o “encubridor”, extremos que él niega, aunque asegura que se aparta por responsabilidad y para proteger al Gobierno.

Malestar creciente en el PSOE

El cese no llega en un clima político sencillo. La militancia y cargos intermedios del PSOE critican la tardanza en la gestión de las denuncias internas, algo que ya ha reconocido públicamente el partido. El comunicado enviado el viernes a las federaciones admitía que “no se estuvo a la altura” con las denunciantes.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se refirió por primera vez al caso durante los actos del Día de la Constitución, asumiendo personalmente la responsabilidad por el retraso y reconociendo que no había hablado con las denunciantes en meses.

El malestar interno crece ahora en torno a la pregunta clave: ¿debe el PSOE llevar el caso a la Fiscalía o deben hacerlo exclusivamente las denunciantes?

Debate interno: Fiscalía, responsabilidades y gestión

Sánchez defiende que la decisión pertenece únicamente a las víctimas. Si presentan denuncia formal ante la Fiscalía, asegura que recibirán todo el apoyo jurídico, institucional y personal del partido.

Sin embargo, otras voces dentro del Gobierno y del partido consideran que el PSOE debería llevar el caso por iniciativa propia, sin esperar a las mujeres denunciantes. El mensaje no es uniforme: mientras la dirección se alinea con Sánchez, algunos altos cargos reclaman una posición más proactiva.

Desde el Ejecutivo admiten errores:

“El caso se ha gestionado muy mal. No hemos acompañado correctamente y no se puede tardar tanto tiempo. Ha faltado diligencia”.

Una alta fuente de Moncloa es aún más explícita:

“No hemos estado encima y no lo entiendo. La reunión telemática con las responsables de Igualdad no ha servido. Persisten división y ruido interno”.

Las palabras de Carmen Calvo

La exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, ahora presidenta del Consejo de Estado, apuntó este fin de semana en una entrevista a la existencia de “liderazgos testosterónicos e hiper-masculinizados” dentro de la política cuando se le preguntó por los escándalos que afectan al PSOE.

Calvo recuerda que ella misma trasladó al partido anteriormente denuncias sobre comportamientos machistas, lo que aumenta el debate interno sobre los protocolos y la cultura política en torno a igualdad, denunciantes y gestión de casos sensibles.

Último pleno del año y nuevas tensiones

El miércoles se celebrará la última sesión de control del año, con polémica añadida: el Gobierno ha informado que siete ministros no estarán disponibles para ser preguntados, entre ellos:

  • María Jesús Montero, señalada por haber blindado o protegido a Salazar en Ferraz y Moncloa

  • Pilar Alegría, que fue fotografiada en noviembre comiendo con Salazar cuando este ya había sido denunciado

Para el Partido Popular, las ausencias no están justificadas y su portavoz en el Congreso, Esther Muñoz, reclama un cambio reglamentario para evitar que los ministros puedan esquivar preguntas clave en una situación de crisis política.

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