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La edad manda en la vacunación: los mayores de 70 seguirán a los de más de 80

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araceli, primera vacunada española

Madrid, 3 feb (EFE).- La edad será el factor que determine los grupos diana que recibirán la vacuna contra la covid en la siguiente fase de la campaña, de forma que cuando se haya administrado a los mayores de 80 años que no viven en residencias se seguirá con los de más de 70, que serán citados por sus centros de salud.

Los destinatarios de las primeras dosis que llegaron a España de la vacuna de Pfizer y después con la de Moderna han sido los internos y trabajadores de las residencias de personas mayores y de atención a grandes dependientes, tras los cuales han empezado a ser inmunizados los sanitarios de primera línea.

Una vez culminado este grupo, y siempre dentro de esta primera etapa que se prolongará previsiblemente hasta marzo, se vacunará a sanitarios del ámbito hospitalario y de Atención Primaria no considerado de primera línea, al personal de odontología, higiene dental y otros que atienden a pacientes sin mascarilla durante más de 15 minutos y a grandes dependientes no institucionalizados.

Cuando acabe la primera fase llegará entonces el turno de los mayores de 80 años, el siguiente grupo diana contemplado en la estrategia de vacunación que, según indican a Efe fuentes próximas a la ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones del Ministerio de Sanidad, ha establecido precisamente la edad como el factor determinante a la hora de delimitar los colectivos diana.

MAYORES Y ENFERMOS CRÓNICOS

Por ello, después de los mayores de 80, será el turno del grupo de entre 70 y 79 años; en ambos, se trata ya de personas que no viven en residencias y que serán citados nominalmente por sus centros de salud para no desperdiciar ni una sola inyección.

Queda por ver aún cómo se procederá con los colectivos que carecen de seguro público y aquellos pertenecientes a las mutualidades con financiación pública directa -MUFACE, MUGEJU e ISFAS-, las cuales se encuentran en proceso de negociación con el Ministerio, si bien las fuentes consultadas aseguran que no se les va a discriminar negativamente y van a ser vacunados contemporáneamente al resto.

En las próximas semanas, la ponencia también tendrá que ir perfilando el resto de grupos en función de sus patologías previas o el nivel de exposición al virus que tienen en sus trabajos.

Un criterio que comparten desde la Asociación Española de Vacunología (AEV): su vicepresidente, Fernando Moraga-Llop, opina que «después de 80 años se debe ir bajando las edades hasta los 65 años, después continuar por grupos con enfermedades crónicas como diabetes, epoc, cardiopatías…».

Y después de los crónicos, las personas institucionalizadas o en riesgo de exclusión social, es decir, colectivos de condiciones socioeconómicas deficientes, seguidos del personal esencial de todo tipo.

«Luego se podría hacer un grupo de 55 a 64 años y dejar para el final a los que han tenido la covid, exceptuando si son de alto riesgo, que es lo que pasa ahora en las residencias», señala el experto, que aboga en todo caso por un «criterio uniforme en todo el país».

Moraga-Llop comparte que «lo importante es citar con la atención primaria; es evidente no se podrá hacer en todo los centros, y si en un momento dado conviene echar mano de la privada, los militares, estudiantes de medicina de último curso, todo coordinado desde la sanidad pública, pues también, porque es una vacuna de la sanidad pública y es para todas las personas y gratuita».

RESERVAR LA VACUNA DE ASTRAZENECA PARA MENORES DE 65

Si, como todo apunta, la ponencia dictamina que la vacuna de AstraZeneca no es recomendable para los mayores de 65 años al no haberse comprobado su eficacia en este colectivo por su falta de participación en los ensayos de la farmacéutica, la estrategia tendrá que pasar por reservar las de Pfizer y Moderna para este grupo de edad.

Así lo indican a Efe fuentes de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc), que insisten en lanzar el mensaje que, aunque finalmente se opte por no aconsejar el fármaco de Astrazeneca a mayores de 65 años, ello no es porque sea menos segura, sino porque simplemente no se ha ensayado en este grupo y es necesario esperar los resultados de cuando se haga.

Lo cual implicaría que el 20 por ciento de la población que hay en España mayor de 65 años no puede aspirar de momento a esta vacuna, pero desde la Semfyc no creen que eso vaya a influir en el calendario vacunal, ya que existen otras alternativas. «Hasta ahora lo que nos está alterando el calendario de vacunación es el comportamiento de los laboratorios», subrayan.

En esta sociedad ven viable el objetivo marcado por los gobiernos europeos de vacunar al 70 % de la población a finales de verano, pero insisten en que eso puede ser así «si los laboratorios cumplen con las previsiones que teníamos inicialmente. Depende de ellos porque aquí tenemos capacidad de vacunación de sobra».

No lo percibe así Moraga-Llop: «Desde el momento en que lo dijeron lo veía muy difícil, pero ahora lo veo dificilísimo», más los tira y afloja entre la UE y AstraZeneca por el suministro.

¿SE DEBE VACUNAR A LOS QUE SE HAN SALTADO EL PROTOCOLO?

Los centenares de casos de cargos públicos y otras personas que se han vacunado sin pertenecer a los grupos prioritarios ha levantado ampollas en las últimas semanas y ha suscitado el debate de si se les debe completar la inmunización con la segunda dosis.

Sobre ello, los expertos consultados lo tienen muy claro: para la Semfyc, privarles del segundo pinchazo «sería como haber tirado la primera dosis. La primera dosis debe ir seguida de la segunda porque si no la vacunación está incompleta y mal hecha, y al final no le proteges. Habrá otra forma de castigarles.

El vicepresidente de la AEV, por su parte, considera que son personas que «han demostrado un egoísmo y un espíritu insolidario manifiesto, y si son cargos públicos, deben dimitir».

Pero «desde el punto de vista medico hay que ponerles la segunda dosis». «No podemos tener a gente mal vacunada porque puede generar la posible aparición de variantes que se escapen de la vacuna y sean resistentes», zanja.

Adaya González y Berta Pinillos

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La Policía Nacional detiene al presidente y al CEO de Plus Ultra en una redada a la aerolínea rescatada por el Gobierno durante la pandemia

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Plus Ultra

La Policía Nacional ha registrado este jueves la aerolínea española Plus Ultra, rescatada por el Gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia con más de 50 millones de euros. Durante la operación han sido detenidos el presidente de la compañía, Julio Martínez, y el CEO, Roberto Roselli. Según ha podido saber EL MUNDO, la investigación está dirigida por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, que ha ordenado el volcado de los dispositivos informáticos intervenidos.
Fuentes cercanas a la aerolínea —que cuenta con accionistas venezolanos— confirman la operación y aseguran que están colaborando con la Policía Judicial. La causa se encuentra bajo secreto.

Investigación por presunto blanqueo de capitales

La operación investiga un presunto delito de blanqueo de capitales. Los agentes han practicado registros en varios domicilios de los máximos responsables de la empresa, que en los últimos meses ha sido señalada por algunos de los principales investigados del caso Koldo como una de las compañías que deberían ser investigadas.

Plus Ultra fue rescatada por el Ejecutivo en el contexto de la pandemia con una ayuda superior a los 50 millones de euros, una decisión que ha generado controversia desde entonces. El exministro José Luis Ábalos ha afirmado que dicho rescate fue una imposición con la que él no estaba de acuerdo y apuntó a la figura del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, extremo que este último niega. Declaraciones en el mismo sentido ha realizado el empresario Víctor de Aldama.

El rescate de Plus Ultra: polémica y defensas internas

El ex presidente de Plus Ultra Fernando García Manso defendió, tras la concesión del rescate, que la ayuda recibida fue “la mínima imprescindible” y negó cualquier intermediación de antiguos altos cargos socialistas.

Además, justificó la necesidad del apoyo público subrayando que Plus Ultra desempeñaba un papel estratégico en la economía española, al cubrir una carencia en las conexiones aéreas con Latinoamérica. La aerolínea se definía como la “única alternativa” para obtener precios competitivos entre España y el continente americano.
Según García Manso, la desaparición de la compañía generaría un monopolio en esas rutas.

Conexiones internacionales y préstamos investigados

Según ha podido saber este periódico, la investigación está vinculada a las pesquisas abiertas por la Fiscalía suiza contra el financiero Simon Leendert Verhoeven. Entre 2020 y 2021, Plus Ultra solicitó créditos por valor de 1,3 millones de euros a varias sociedades vinculadas al entorno del financiero.

Las operaciones fueron:

  • 28 de octubre de 2020: préstamo de 500.000 dólares con Wailea Invest, domiciliada en Reino Unido.

  • 20 de noviembre de 2020: préstamo de 500.000 euros con Allpa Wira, fondo con sede en Suiza.

  • 29 de enero de 2021: préstamo de 450.000 euros con Valerian Corporation.

La compañía argumenta que recurrió a estos préstamos debido al fuerte impacto del Covid en sus cuentas y sostiene que todas las operaciones fueron legales, públicas y transparentes. Sin embargo, los investigadores analizan ahora si estas transacciones están relacionadas con un posible entramado de blanqueo internacional.

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