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#GÜRTEL| La exconsellera Milagrosa Martínez evitará la cárcel si paga 15.000 euros de fianza

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El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha acogido este miércoles las comparecencias para decidir sobre la prisión, la libertad provisional con imposición de fianzas o la adopción de otras medidas la exconsellera de Turismo, Milagrosa Martínez, condenada a 9 años de prisión, y para el resto de condenados: su exjefe de gabinete, Rafael Betoret y los técnicos de la Conselleria, Isaac Vidal, Jorge Guarro y Ana María Grau.

Así pues, el TSJCV ha acordado prisión eludible con fianza de 15.000 euros para la exconsellera de Turismo, Milagrosa Martínez por el amaño de los contratos de la Generalitat Valenciana para el montaje del expositor de la Comunidad en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en las ediciones de 2005 a 2009.

Asimismo, impone a Martínez «la obligación de comparecer 2 días al mes, retirada de pasaporte y prohibición de salir del país». La exconsellera de Turismo tiene de plazo hasta el día 20 para pagar la fianza de 15.000 euros y evitar su ingreso en prisión. La Sala del TSJCV justifica su decisión en que «no ve riesgo de fuga en Martínez: no tiene otras causas, ni «especiales medios de fortuna», ni intereses en el extranjero».

Además, según la Sala «no consta que la exconsellera se enriqueciera, pese a participar activamente en la defraudación de fondos públicos».

Por su parte, para su exjefe de gabinete, Rafael Betoret, condenado 7 años de prisión, el TSJCV ha acordado libertad provisional sin fianza. Betoret deberá comparecer una vez al mes, no podrá salir del territorio nacional y se le ha retirado el pasaporte.

Por otro lado, para los técnicos de Conselleria de Turismo, Issac Vidal, Jorge Guarro y Ana María Grau, el TSJCV acuerda libertad sin fianza para cada uno de ellos, así como la obligación de comparecer una vez al mes y la retirada del pasaporte de los tres respectivamente.

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El rey Juan Carlos I demandará a Revilla en Madrid tras fracasar la conciliación en Santander

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Juan Carlos I y Miguel Ángel Revilla

La demanda del rey emérito sigue adelante tras no llegar a un acuerdo con Miguel Ángel Revilla, quien se negó a rectificar sus declaraciones en televisión

Tras una conciliación sin acuerdo celebrada el pasado viernes 16 de mayo en los juzgados de Santander, el rey emérito Juan Carlos I presentará una demanda formal contra el expresidente de Cantabria y líder del PRC, Miguel Ángel Revilla, en los tribunales de Madrid.

El acto de conciliación fue el paso previo legal antes de una querella civil por injurias y vulneración del derecho al honor, después de que Revilla realizara declaraciones críticas sobre el monarca en diferentes programas televisivos. La abogada del rey emérito, Guadalupe Sánchez, solicitaba una rectificación pública y una indemnización de 50.000 euros.


📝 Sin avenencia en la conciliación: Revilla se negó a rectificar

Durante la vista, celebrada en el Juzgado de Primera Instancia número 13 de Santander, Revilla se mantuvo firme:

«Yo no rectifico en nada. Creo que estoy en lo cierto», aseguró el líder regionalista a su salida del juzgado.

El rey emérito no acudió personalmente al acto, aunque estuvo representado legalmente por su procurador y su abogada. Revilla, por su parte, asistió de forma presencial junto a su defensa. Ante la falta de acuerdo, la letrada de la Administración de Justicia dio por finalizado el acto sin avenencia, permitiendo así al emérito continuar por la vía judicial ordinaria.


💬 ¿Qué motivó la demanda de Juan Carlos I?

El origen del conflicto se remonta a manifestaciones públicas de Miguel Ángel Revilla en las que criticó al rey Juan Carlos en espacios televisivos de gran audiencia. Según la representación legal del emérito, esas declaraciones:

  • «Carecen de base fáctica»

  • Se fundamentan en informaciones periodísticas «que no equivalen a sentencias»

  • Constituyen un ataque a su honor y reputación

Revilla, por su parte, sostiene que sus palabras fueron simples opiniones personales y que se basaron en hechos públicos divulgados por medios de comunicación.


🚨 ¿Qué implica la demanda del rey emérito?

Concluida la fase de conciliación sin resultados, Juan Carlos I formalizará una demanda en los juzgados de Madrid, como permite la legislación civil española. El proceso judicial se iniciará con una reclamación por:

  • 50.000 euros de indemnización

  • Una rectificación pública de las declaraciones consideradas injuriosas

La defensa de Revilla prevé una batalla legal que podría alargarse en el tiempo. “Me veo en el banquillo a punto de cumplir 83 años”, comentó el expresidente cántabro tras conocer la decisión del emérito.

 

 

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