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#GÜRTEL| La exconsellera Milagrosa Martínez evitará la cárcel si paga 15.000 euros de fianza

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El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha acogido este miércoles las comparecencias para decidir sobre la prisión, la libertad provisional con imposición de fianzas o la adopción de otras medidas la exconsellera de Turismo, Milagrosa Martínez, condenada a 9 años de prisión, y para el resto de condenados: su exjefe de gabinete, Rafael Betoret y los técnicos de la Conselleria, Isaac Vidal, Jorge Guarro y Ana María Grau.

Así pues, el TSJCV ha acordado prisión eludible con fianza de 15.000 euros para la exconsellera de Turismo, Milagrosa Martínez por el amaño de los contratos de la Generalitat Valenciana para el montaje del expositor de la Comunidad en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en las ediciones de 2005 a 2009.

Asimismo, impone a Martínez «la obligación de comparecer 2 días al mes, retirada de pasaporte y prohibición de salir del país». La exconsellera de Turismo tiene de plazo hasta el día 20 para pagar la fianza de 15.000 euros y evitar su ingreso en prisión. La Sala del TSJCV justifica su decisión en que «no ve riesgo de fuga en Martínez: no tiene otras causas, ni «especiales medios de fortuna», ni intereses en el extranjero».

Además, según la Sala «no consta que la exconsellera se enriqueciera, pese a participar activamente en la defraudación de fondos públicos».

Por su parte, para su exjefe de gabinete, Rafael Betoret, condenado 7 años de prisión, el TSJCV ha acordado libertad provisional sin fianza. Betoret deberá comparecer una vez al mes, no podrá salir del territorio nacional y se le ha retirado el pasaporte.

Por otro lado, para los técnicos de Conselleria de Turismo, Issac Vidal, Jorge Guarro y Ana María Grau, el TSJCV acuerda libertad sin fianza para cada uno de ellos, así como la obligación de comparecer una vez al mes y la retirada del pasaporte de los tres respectivamente.

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Ribó imputado por supuesta construcción ilegal de piscina en Alboraia

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Joan Ribó imputado

VALÈNCIA. La presunta edificación irregular de una piscina municipal promovida por el Ayuntamiento de Alboraia en terrenos pertenecientes a València está generando controversia legal. Esta situación no solo afecta al consistorio de l’Horta Nord, sino también a la capital del Turia, ya que su exalcalde, Joan Ribó, ha sido citado a declarar como investigado en el proceso judicial.

El Juzgado de Instrucción Nº 19 de València ha admitido la solicitud de comparecencia formulada por la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho, que ejerce la acusación popular y está presidida por la exalcaldesa de Catarroja, María Ángeles López. Según el auto judicial al que ha accedido Valencia Plaza, Ribó deberá comparecer el próximo 22 de julio.

La mencionada asociación, representada por el abogado Víctor Soriano, sostiene que existía conocimiento previo por parte de Joan Ribó y la exconcejala de Urbanismo, Sandra Gómez, sobre la construcción de la piscina, dado que su emplazamiento fue ampliamente difundido en medios de comunicación.

 

Sin embargo, afirman que no se tomaron medidas administrativas para legalizar la situación o iniciar procedimientos sancionadores.

Tanto el Ayuntamiento de València como el de Alboraia están bajo investigación por esta supuesta irregularidad urbanística. Desde 2022, el consistorio de Alboraia impulsó la construcción de la piscina en terrenos propios ubicados dentro del término municipal de València.

Según las declaraciones recopiladas en la instrucción judicial, estos terrenos se encontrarían en un proceso de segregación para ser incorporados al municipio de Alboraia.

Plan General de Alboraia

El Plan General de Alboraia los clasifica como suelo urbano, mientras que el de València los considera suelo protegido no urbanizable.

El complejo acuático en cuestión es una piscina municipal al aire libre, cuyo coste ascendió a 1,2 millones de euros, financiado parcialmente con una subvención de la Diputación de València. Su ubicación colinda con el campo de fútbol del Alboraya UD, pero según la investigación, fue construido en terrenos no urbanizables catalogados como huerta protegida.

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