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La Fiscalía pide condenar a ‘La Manada’ por agresión sexual: «Fue una violación continuada»

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El ‘Caso de la Manada’ ha llegado este viernes al Tribunal Supremo de Madrid. Esta institución debía analizar la petición del Tribunal Superior de Justicia de Navarra con la que se condenaba a los acusados a nueve años de cárcel por abusos sexuales continuados. Los cinco amigos son juzgados por un presunto delito de abusos sexuales continuados a una joven en Sanfermín de 2016.

Tanto la defensa de la víctima como el jurado popular y la Fiscalía solicitan calificar los hechos como violación. Consideran la intimidación un factor sólido para inculpar a los cinco chicos por un delito de agresión sexual. Según expone la acusación, el grupo de chicos habría aprovechado la situación en la que se encontraba la joven para abusar sexualmente de ella. «No se puede exigir a las víctimas una actitud heróica», ha concluido en el juicio. La Fiscalía, además, demanda el doble de pena de prisión para cada uno de los acusados. La defensa de los acusados, por su parte, reclama la absolución de los cinco inculpados.

Los cinco acusados no se han presentado ante el Tribunal Supremo, ya que no tienen la obligación de comparecer en estas sesiones; pero sí el derecho de hacerlo. Por otra parte, sí han debido personarse en los Juzgados de Sevilla para firmar.

La sentencia definitiva corre a cargo de cinco magistrados del Tribunal Supremo, entre ellos se encuentran tres especialistas en violencia de género. El abogado de ‘La Manada’ ha denunciado que toda esta información haya trascendido a la prensa. Considera que el juicio popular puede influir en la decisión final de los magistrados. Por ello, el fallo del jurado se espera para esta misma tarde.

Las asociaciones feministas de Madrid habrían convocado una manifestación contra el proceso judicial que envuelve el caso de ‘La Manada’. La protesta, que se espera sea multitudinaria, comenzará a las 19h y tiene por lema «la justicia machista y patriarcal».

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Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos, 19 para Koldo y 7 para Aldama

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Supremo penas que van desde los 7 hasta los 24 años de prisión para los principales investigados del conocido caso Koldo, la presunta trama de corrupción ligada a contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia por el Ministerio de Transportes.

24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos

El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación

  • Uso de información privilegiada

Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.

19 años y medio de cárcel para Koldo García

Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.

La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:

  • Ineco: 34.477,86 euros

  • Tragsatec: 9.500,54 euros

Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.

Atenuante de confesión para Víctor de Aldama

En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.

El origen de la causa

El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.

Puente dividió la causa en dos piezas:

  • La principal, centrada en los contratos de mascarillas.

  • Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.

 

 

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