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La Fiscalía pide rechazar las querellas contra Puig y Barceló por la gestión de la pandemia

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(EFE).- La Fiscalía de la Comunitat Valenciana considera que no deben ser admitidas a trámite las querellas interpuestas contra el president de la Generalitat, Ximo Puig, la consellera de Sanidad, Ana Barceló, el alcalde de València, Joan Ribó, y otros altos cargos políticos por su gestión de la crisis sanitaria provocada por la COVID 19, porque no cree que se hayan producido delitos.

Al ser algunos de los políticos citados aforados autonómicos, el competente para las causas que les afectan es el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). La fiscalía ante el TSJCV asume esa competencia en su informe, y acto seguido, al no ver delito, pide el archivo.

Existen otras causas que afectan a políticos no aforados de las que es competente la Audiencia de València, y la Fiscalía, en este caso la que actúa ante esa otra instancia, también ha pedido el archivo, según informa la propia fiscalía a EFE.

La posición de la Fiscalía es coherente con la que mantuvo la Fiscalía General del Estado el pasado mes de septiembre respecto a las querellas presentadas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y otros miembros del ejecutivo, por hechos similares.

En este caso, las que deben archivarse a criterio de la Fiscalía son siete querellas y denuncias contra Puig y Barceló, además de contra la delegada del Gobierno, Gloria Calero, y otros altos cargos de la Generalitat y de la Delegación del Gobierno por la gestión de la pandemia y la falta de protección del personal sanitario y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Fueron presentadas por diversos letrados, el Colegio Oficial de Enfermeros de Castellón, el Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESM-CV) y el sindicato CSIF. Ahora deberán pronunciarse el TSJCV y la Audiencia Provincial.

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El Supremo propone juzgar a Ábalos, Koldo y De Aldama por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

El Tribunal Supremo ha propuesto juzgar al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia.
El magistrado Leopoldo Puente considera que los tres pudieron cometer delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal.

 


Un auto que apunta a una trama de corrupción

En el auto dictado este lunes, el juez Puente señala que Ábalos, Koldo y De Aldama “se concertaron” poco después de que el exministro tomara posesión de su cargo en el Gobierno, aprovechando su influencia política para obtener beneficios económicos mediante contratos públicos relacionados con el suministro de mascarillas.

El instructor indica que los investigados utilizaron su posición y contactos para “beneficiarse económicamente de las adjudicaciones de contratos” y valerse de la influencia ministerial para favorecer a determinadas empresas.


Diez días para presentar acusaciones o solicitar archivo

El magistrado da un plazo de diez días a la Fiscalía y a las acusaciones populares —encabezadas por el Partido Popular (PP)— para presentar sus escritos de acusación o peticiones de archivo.
Además, podrán solicitar la práctica de diligencias complementarias si lo consideran necesario.


División de la causa: mascarillas y obras públicas

Esta decisión llega después de que en septiembre de 2025, el juez decidiera dividir la causa en dos partes:

  • una pieza principal centrada en los contratos de mascarillas del Ministerio de Transportes durante la pandemia,

  • y otra pieza separada, aún en fase inicial, sobre una supuesta trama de comisiones a cambio de obra pública.

El magistrado ya había advertido entonces que la investigación sobre las mascarillas estaba “muy avanzada”, mientras que la relativa a las obras públicas se encontraba “en fase incipiente”.


Indicios de pagos y contraprestaciones ilícitas

El juez Puente sostiene que existen “indicios muy consistentes” de que Víctor de Aldama entregó dinero tanto a José Luis Ábalos como a Koldo García “con el propósito de que estos realizaran actos contrarios a los deberes inherentes a sus cargos públicos”.

Según el auto, ambos recibieron retribuciones económicas como contraprestación a las gestiones realizadas en favor de las empresas que buscaban contratos con la Administración.
De Aldama, por su parte, habría actuado como intermediario, buscando empresas dispuestas a pagar a cambio de facilitar su relación con el Ministerio de Transportes.


El papel de Koldo García y la implicación de Ábalos

El auto judicial detalla que Koldo García, exasesor de Ábalos, usó su posición de confianza para realizar las gestiones necesarias y facilitar los contactos entre las empresas interesadas y los responsables públicos.
El juez apunta que Ábalos intervenía directamente cuando “su firma o su influencia personal resultaban indispensables”.


Un nuevo capítulo del ‘caso Koldo’

El llamado ‘caso Koldo’ estalló en 2024 al revelarse una presunta red de comisiones irregulares por contratos públicos durante la pandemia.
La propuesta de enjuiciamiento del Tribunal Supremo marca un punto de inflexión en la investigación, ya que por primera vez se apunta directamente al exministro de Transportes como parte activa de la trama.

 

 

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