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La Fiscalía pide rechazar las querellas contra Puig y Barceló por la gestión de la pandemia

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(EFE).- La Fiscalía de la Comunitat Valenciana considera que no deben ser admitidas a trámite las querellas interpuestas contra el president de la Generalitat, Ximo Puig, la consellera de Sanidad, Ana Barceló, el alcalde de València, Joan Ribó, y otros altos cargos políticos por su gestión de la crisis sanitaria provocada por la COVID 19, porque no cree que se hayan producido delitos.

Al ser algunos de los políticos citados aforados autonómicos, el competente para las causas que les afectan es el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). La fiscalía ante el TSJCV asume esa competencia en su informe, y acto seguido, al no ver delito, pide el archivo.

Existen otras causas que afectan a políticos no aforados de las que es competente la Audiencia de València, y la Fiscalía, en este caso la que actúa ante esa otra instancia, también ha pedido el archivo, según informa la propia fiscalía a EFE.

La posición de la Fiscalía es coherente con la que mantuvo la Fiscalía General del Estado el pasado mes de septiembre respecto a las querellas presentadas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y otros miembros del ejecutivo, por hechos similares.

En este caso, las que deben archivarse a criterio de la Fiscalía son siete querellas y denuncias contra Puig y Barceló, además de contra la delegada del Gobierno, Gloria Calero, y otros altos cargos de la Generalitat y de la Delegación del Gobierno por la gestión de la pandemia y la falta de protección del personal sanitario y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Fueron presentadas por diversos letrados, el Colegio Oficial de Enfermeros de Castellón, el Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESM-CV) y el sindicato CSIF. Ahora deberán pronunciarse el TSJCV y la Audiencia Provincial.

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La Policía Nacional detiene al presidente y al CEO de Plus Ultra en una redada a la aerolínea rescatada por el Gobierno durante la pandemia

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Plus Ultra

La Policía Nacional ha registrado este jueves la aerolínea española Plus Ultra, rescatada por el Gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia con más de 50 millones de euros. Durante la operación han sido detenidos el presidente de la compañía, Julio Martínez, y el CEO, Roberto Roselli. Según ha podido saber EL MUNDO, la investigación está dirigida por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, que ha ordenado el volcado de los dispositivos informáticos intervenidos.
Fuentes cercanas a la aerolínea —que cuenta con accionistas venezolanos— confirman la operación y aseguran que están colaborando con la Policía Judicial. La causa se encuentra bajo secreto.

Investigación por presunto blanqueo de capitales

La operación investiga un presunto delito de blanqueo de capitales. Los agentes han practicado registros en varios domicilios de los máximos responsables de la empresa, que en los últimos meses ha sido señalada por algunos de los principales investigados del caso Koldo como una de las compañías que deberían ser investigadas.

Plus Ultra fue rescatada por el Ejecutivo en el contexto de la pandemia con una ayuda superior a los 50 millones de euros, una decisión que ha generado controversia desde entonces. El exministro José Luis Ábalos ha afirmado que dicho rescate fue una imposición con la que él no estaba de acuerdo y apuntó a la figura del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, extremo que este último niega. Declaraciones en el mismo sentido ha realizado el empresario Víctor de Aldama.

El rescate de Plus Ultra: polémica y defensas internas

El ex presidente de Plus Ultra Fernando García Manso defendió, tras la concesión del rescate, que la ayuda recibida fue “la mínima imprescindible” y negó cualquier intermediación de antiguos altos cargos socialistas.

Además, justificó la necesidad del apoyo público subrayando que Plus Ultra desempeñaba un papel estratégico en la economía española, al cubrir una carencia en las conexiones aéreas con Latinoamérica. La aerolínea se definía como la “única alternativa” para obtener precios competitivos entre España y el continente americano.
Según García Manso, la desaparición de la compañía generaría un monopolio en esas rutas.

Conexiones internacionales y préstamos investigados

Según ha podido saber este periódico, la investigación está vinculada a las pesquisas abiertas por la Fiscalía suiza contra el financiero Simon Leendert Verhoeven. Entre 2020 y 2021, Plus Ultra solicitó créditos por valor de 1,3 millones de euros a varias sociedades vinculadas al entorno del financiero.

Las operaciones fueron:

  • 28 de octubre de 2020: préstamo de 500.000 dólares con Wailea Invest, domiciliada en Reino Unido.

  • 20 de noviembre de 2020: préstamo de 500.000 euros con Allpa Wira, fondo con sede en Suiza.

  • 29 de enero de 2021: préstamo de 450.000 euros con Valerian Corporation.

La compañía argumenta que recurrió a estos préstamos debido al fuerte impacto del Covid en sus cuentas y sostiene que todas las operaciones fueron legales, públicas y transparentes. Sin embargo, los investigadores analizan ahora si estas transacciones están relacionadas con un posible entramado de blanqueo internacional.

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