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La Fiscalía pide rechazar las querellas contra Puig y Barceló por la gestión de la pandemia

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(EFE).- La Fiscalía de la Comunitat Valenciana considera que no deben ser admitidas a trámite las querellas interpuestas contra el president de la Generalitat, Ximo Puig, la consellera de Sanidad, Ana Barceló, el alcalde de València, Joan Ribó, y otros altos cargos políticos por su gestión de la crisis sanitaria provocada por la COVID 19, porque no cree que se hayan producido delitos.

Al ser algunos de los políticos citados aforados autonómicos, el competente para las causas que les afectan es el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). La fiscalía ante el TSJCV asume esa competencia en su informe, y acto seguido, al no ver delito, pide el archivo.

Existen otras causas que afectan a políticos no aforados de las que es competente la Audiencia de València, y la Fiscalía, en este caso la que actúa ante esa otra instancia, también ha pedido el archivo, según informa la propia fiscalía a EFE.

La posición de la Fiscalía es coherente con la que mantuvo la Fiscalía General del Estado el pasado mes de septiembre respecto a las querellas presentadas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y otros miembros del ejecutivo, por hechos similares.

En este caso, las que deben archivarse a criterio de la Fiscalía son siete querellas y denuncias contra Puig y Barceló, además de contra la delegada del Gobierno, Gloria Calero, y otros altos cargos de la Generalitat y de la Delegación del Gobierno por la gestión de la pandemia y la falta de protección del personal sanitario y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Fueron presentadas por diversos letrados, el Colegio Oficial de Enfermeros de Castellón, el Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESM-CV) y el sindicato CSIF. Ahora deberán pronunciarse el TSJCV y la Audiencia Provincial.

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Esta es la indemnización que cobrarán los familiares de los fallecidos en Adamuz y Gelida

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Las indemnizaciones alcanzarán los 210.000 euros por fallecido y se abonarán en un plazo máximo de tres meses

El Gobierno ha aprobado un paquete de ayudas de 20 millones de euros destinado a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), en los que murieron 46 personas y otras 164 resultaron heridas. El nuevo mecanismo permitirá que los familiares de cada persona fallecida reciban hasta 210.000 euros en concepto de indemnización.

La medida ha sido anunciada este martes por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tras el Consejo de Ministros, donde se ha dado luz verde a un real decreto-ley de medidas urgentes para garantizar una respuesta rápida y eficaz a las víctimas.


Cómo se repartirán los 20 millones de euros en ayudas

Del total aprobado, 10 millones de euros se destinarán a ayudas directas y los otros 10 millones a anticipos de los seguros obligatorios. En el caso de fallecimiento, cada familia recibirá inicialmente 144.000 euros, libres de impuestos, repartidos del siguiente modo:

  • 72.000 euros en ayudas directas del Estado

  • 72.000 euros como anticipo del seguro

Una vez que las aseguradoras determinen oficialmente los daños personales, se abonará una cantidad adicional equivalente, lo que elevará la indemnización total hasta los 210.000 euros por víctima mortal, todo ello en un plazo máximo de tres meses.


Ayudas para heridos según la gravedad de las lesiones

En el caso de las personas heridas, las ayudas se calcularán conforme al baremo vigente, en función de la gravedad de las lesiones. Las cuantías oscilan entre:

  • 2.400 euros para lesiones leves

  • Más de 84.000 euros en los casos de máxima gravedad

Estas cantidades se duplicarán al sumarse el anticipo del seguro obligatorio, garantizando así un apoyo económico inmediato a los afectados.


El Ejecutivo quiere evitar retrasos como en el accidente de Angrois

Óscar Puente ha subrayado que el objetivo del Gobierno es evitar que las víctimas tengan que esperar años para cobrar las indemnizaciones, como ocurrió tras el accidente de Angrois.

“No vamos a consentir que haya víctimas que estén diez años esperando una compensación. Hemos aprendido de lo ocurrido y por eso aprobamos este mecanismo”, ha afirmado el ministro.


Hacia un sistema permanente de compensación anticipada

Además de las ayudas actuales, el Gobierno iniciará cambios normativos para crear un mecanismo estructural de intervención pública que permita al Estado adelantar parte de las indemnizaciones en accidentes de transporte colectivo, sin esperar a que se resuelva la responsabilidad civil.

Este sistema garantizará una atención rápida y homogénea a las víctimas, independientemente de la complejidad judicial de cada caso.


Oficinas de atención y apoyo directo a las víctimas

El Ejecutivo también ha puesto en marcha líneas de atención integral a las víctimas. A partir de este miércoles se abrirán oficinas específicas en:

  • Huelva, para atender a los afectados del accidente de Adamuz

  • Barcelona, para las víctimas del siniestro en Gelida y Rodalies

Además, se activará el servicio ‘Administración Cerca de Ti’, mediante el cual profesionales de las delegaciones del Gobierno podrán desplazarse a los domicilios para ayudar en la tramitación de las ayudas.

 

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