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La Fiscalía ve delito en el trato a los ancianos de la residencia de Llíria

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La Fiscalía de Valencia ha pedido la apertura de una causa penal contra los responsables de la residencia DomusVi de Llíria. En opinión de la fiscalía, los maltratos a ancianos que se difundieron por los medios de comunicación el pasado mes de septiembre podría ser constitutivos de un delito contra la integridad moral de las personas.

El centro ya había recibido una propuesta de sanción de 80.000 euros después de la visita de los técnicos de la Conselleria de Igualdad en julio. El ministerio fiscal abrió diligencia previas el 9 de septiembre después de confirmar la veracidad y la gravedad de las imágenes. Una extrabajadora facilitó 11 videos con imágenes en las que se podía observar a residentes atados, desnudos, con numerosas heridas en el cuerpo, sin ningún tipo de atención e incluso abandonados en el suelo. Tanto el centro como sus trabajadores emitieron sendos comunicados negando los hechos, pero la fiscalía ha decidido continuar con la acusación.

En el escrito, al que ha tenido acceso la agencia EFE, se señala que «existen indicios de que el trato dispensado a los residentes por la directora de la residencia, en su posición de garante, y por los encargados del cuidado, vigilancia y atención de los mismos, socavó gravemente su dignidad e integridad moral».

Una situación, mantiene la Fiscalía, que «todavía se hizo más patente y lacerante en el caso de los residentes que eran más vulnerables por su avanzada edad, por sus graves enfermedades psíquicas y físicas y, en suma, por su alto grado de dependencia al ser quienes requerían de la máxima protección».

Por ello «se acuerda la remisión al Juzgado decano de los de Llíria, ya que los hechos investigados, prima facie y, sin perjuicio de ulterior calificación, pueden ser constitutivos de varios delitos contra la integridad moral del artículo 173.1 del Código Penal».

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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