La Fiscalía de Valencia ha pedido la apertura de una causa penal contra los responsables de la residencia DomusVi de Llíria. En opinión de la fiscalía, los maltratos a ancianos que se difundieron por los medios de comunicación el pasado mes de septiembre podría ser constitutivos de un delito contra la integridad moral de las personas.
El centro ya había recibido una propuesta de sanción de 80.000 euros después de la visita de los técnicos de la Conselleria de Igualdad en julio. El ministerio fiscal abrió diligencia previas el 9 de septiembre después de confirmar la veracidad y la gravedad de las imágenes. Una extrabajadora facilitó 11 videos con imágenes en las que se podía observar a residentes atados, desnudos, con numerosas heridas en el cuerpo, sin ningún tipo de atención e incluso abandonados en el suelo. Tanto el centro como sus trabajadores emitieron sendos comunicados negando los hechos, pero la fiscalía ha decidido continuar con la acusación.
En el escrito, al que ha tenido acceso la agencia EFE, se señala que «existen indicios de que el trato dispensado a los residentes por la directora de la residencia, en su posición de garante, y por los encargados del cuidado, vigilancia y atención de los mismos, socavó gravemente su dignidad e integridad moral».
Una situación, mantiene la Fiscalía, que «todavía se hizo más patente y lacerante en el caso de los residentes que eran más vulnerables por su avanzada edad, por sus graves enfermedades psíquicas y físicas y, en suma, por su alto grado de dependencia al ser quienes requerían de la máxima protección».
Por ello «se acuerda la remisión al Juzgado decano de los de Llíria, ya que los hechos investigados, prima facie y, sin perjuicio de ulterior calificación, pueden ser constitutivos de varios delitos contra la integridad moral del artículo 173.1 del Código Penal».
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