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La Generalitat dará una ayuda directa de 150 euros para 200.000 trabajadores valencianos afectados por ERTE

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València. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado ayudas por valor de 30 millones de euros, que tendrán como beneficiarias a 200.000 personas afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) originados por la paralización de la actividad económica causada por la pandemia de COVID-19.

Así, para paliar la situación de las personas con rentas bajas afectadas por los ERTE, se les ingresarán 150 euros siempre y cuando tengan una suspensión total de su contrato de trabajo y no perciban complementos a cargo de la empresa.

El jefe del Consell ha manifestado que con estas aportaciones se trata de «fortalecer la sociedad valenciana» y «superar la fractura» a través del acuerdo y la cohesión. «En estos momentos de tanta precariedad – ha proseguido el máximo responsable del Ejecutivo valenciano- se ha de poner por encima de todo el interés general».

En estos términos se ha expresado el president de la Generalitat tras la firma de un acuerdo con los agentes sociales que, además de estas ayudas para personas afectadas por los ERTE, contempla también otro montante de 3 millones de euros para las personas que se han visto obligadas a reducir su jornada laboral por cuidado de menores a su cargo, de mayores o de personas dependientes.

Por lo se refiere a esta segunda línea, la de ayudas para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las personas con reducción de jornada para el cuidado de menores a su cargo, mayores o dependientes, se tratará de compensar la pérdida de ingresos con hasta 600 euros si la reducción de la jornada laboral es total o una aportación correspondiente al porcentaje de reducción de la jornada siempre que esta no sea inferior al 50%.

El acuerdo, al que se ha llegado tras las conversaciones mantenidas en el marco del diálogo social con los consellers de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, y de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafal Climent, así como con la directora general de Coordinación del Diálogo Social, Zulima Pérez, ha sido rubricado por el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV), Salvador Navarro, y por los secretarios generales de Comisiones Obreras del País Valencià (CCOO-PV), Arturo León, y de la Unió General de Treballadors del País Valencià (UGT-PV), Ismael Sáez.

Las ayudas para los trabajadores por cuenta ajena que se han incorporado gracias a este Acuerdo con los agentes sociales se suman a las aprobadas por el Consell para los trabajadores autónomos, por importe de 57 millones de euros, así como a los créditos a interés cero para la pequeñas, medianas y grandes empresas de la Comunitat Valenciana.

Acompañamiento en la despedida

Por otra parte, en su comparecencia ante los medios de comunicación, el president de la Generalitat ha avanzado que la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública va a establecer un mecanismo para garantizar la presencia física de familiares en el momento de la despedida de sus seres queridos con todas las garantías sanitarias.

«Se trata de humanizar la gestión de la pandemia», ha afirmado el jefe del Ejecutivo valenciano, quien ha apostillado que ante «lo peor de esta crisis, que es el rostro de la muerte», el Gobierno valenciano va a trabajar para facilitar ese acompañamiento.

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1 Comentario

1 Comentario

  1. Yanet

    10 abril, 2020 en 9:03 am

    Mi pregunta es ? A los que nos hemos visto en reducción de jornada que pasa ? Por q si yo estaba trabajando a 6 horas y me han bajado a 2 imajina la nómina de abril como .me las arreglo yo .un saludo

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Consumo

Consumo multa a Airbnb con 64 millones de euros por anunciar viviendas turísticas sin licencia

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Airbnb
Airbnb

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha impuesto una sanción de más de 64 millones de euros a Airbnb por publicar anuncios de viviendas turísticas sin licencia, así como por incurrir en prácticas consideradas desleales y engañosas para los consumidores. La resolución, impulsada por el departamento que dirige Pablo Bustinduy, es firme y pone fin a la vía administrativa.

Además de la multa económica, el Ministerio obliga a la plataforma a rectificar los incumplimientos detectados, eliminar los contenidos ilícitos y hacer pública la sanción, en aplicación de la normativa de consumo vigente.

Más de 65.000 anuncios irregulares retirados

La investigación llevada a cabo por Consumo ha detectado 65.122 anuncios ilegales en la plataforma de alquiler turístico. Entre las infracciones más graves se encuentra la publicación de alojamientos sin número de licencia, un requisito obligatorio en la mayoría de normativas autonómicas.

También se han identificado anuncios con números de registro falsos o incorrectos, así como otros que no informaban correctamente sobre la naturaleza jurídica del anfitrión, lo que supone un caso de publicidad engañosa hacia los usuarios.

Por estos hechos, el Ministerio ha impuesto una sanción principal de 64.055.311 euros, una cuantía que, según Consumo, equivale a seis veces el beneficio ilícito obtenido por Airbnb durante el periodo en el que se mantuvieron estas prácticas.

Respaldo judicial a la actuación de Consumo

La actuación del Ministerio ya había sido respaldada previamente por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que avaló en distintos autos la orden de retirada de los anuncios irregulares dictada por Consumo.

La resolución también contempla sanciones adicionales por otras infracciones detectadas durante la instrucción del expediente.

Otras infracciones detectadas en el expediente

Entre ellas figura el incumplimiento de las obligaciones en los contratos celebrados a distancia, al no informar adecuadamente sobre si el anfitrión actuaba como particular o como profesional, una infracción leve sancionada con 10.000 euros.

Asimismo, el Ministerio sanciona a Airbnb por no facilitar la información requerida durante la investigación, lo que supone otra infracción leve con una multa adicional de 10.000 euros. A ello se suma el incumplimiento de las órdenes provisionales dictadas por el órgano instructor, considerado una infracción grave y sancionado con 55.000 euros.

Vivienda y alquiler, en el foco del Ministerio

En paralelo, el Ministerio de Consumo mantiene expedientes sancionadores abiertos contra varias agencias inmobiliarias por posibles prácticas abusivas en la gestión del alquiler, en un contexto marcado por la escasez de vivienda y el encarecimiento de los precios.

El ministro Pablo Bustinduy ha reiterado que estas actuaciones buscan atajar la crisis de la vivienda en España, subrayando que “miles de familias viven al límite mientras algunos modelos de negocio expulsan a las personas de sus hogares”.


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