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La Generalitat dará una ayuda directa de 150 euros para 200.000 trabajadores valencianos afectados por ERTE

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València. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado ayudas por valor de 30 millones de euros, que tendrán como beneficiarias a 200.000 personas afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) originados por la paralización de la actividad económica causada por la pandemia de COVID-19.

Así, para paliar la situación de las personas con rentas bajas afectadas por los ERTE, se les ingresarán 150 euros siempre y cuando tengan una suspensión total de su contrato de trabajo y no perciban complementos a cargo de la empresa.

El jefe del Consell ha manifestado que con estas aportaciones se trata de «fortalecer la sociedad valenciana» y «superar la fractura» a través del acuerdo y la cohesión. «En estos momentos de tanta precariedad – ha proseguido el máximo responsable del Ejecutivo valenciano- se ha de poner por encima de todo el interés general».

En estos términos se ha expresado el president de la Generalitat tras la firma de un acuerdo con los agentes sociales que, además de estas ayudas para personas afectadas por los ERTE, contempla también otro montante de 3 millones de euros para las personas que se han visto obligadas a reducir su jornada laboral por cuidado de menores a su cargo, de mayores o de personas dependientes.

Por lo se refiere a esta segunda línea, la de ayudas para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las personas con reducción de jornada para el cuidado de menores a su cargo, mayores o dependientes, se tratará de compensar la pérdida de ingresos con hasta 600 euros si la reducción de la jornada laboral es total o una aportación correspondiente al porcentaje de reducción de la jornada siempre que esta no sea inferior al 50%.

El acuerdo, al que se ha llegado tras las conversaciones mantenidas en el marco del diálogo social con los consellers de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, y de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafal Climent, así como con la directora general de Coordinación del Diálogo Social, Zulima Pérez, ha sido rubricado por el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV), Salvador Navarro, y por los secretarios generales de Comisiones Obreras del País Valencià (CCOO-PV), Arturo León, y de la Unió General de Treballadors del País Valencià (UGT-PV), Ismael Sáez.

Las ayudas para los trabajadores por cuenta ajena que se han incorporado gracias a este Acuerdo con los agentes sociales se suman a las aprobadas por el Consell para los trabajadores autónomos, por importe de 57 millones de euros, así como a los créditos a interés cero para la pequeñas, medianas y grandes empresas de la Comunitat Valenciana.

Acompañamiento en la despedida

Por otra parte, en su comparecencia ante los medios de comunicación, el president de la Generalitat ha avanzado que la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública va a establecer un mecanismo para garantizar la presencia física de familiares en el momento de la despedida de sus seres queridos con todas las garantías sanitarias.

«Se trata de humanizar la gestión de la pandemia», ha afirmado el jefe del Ejecutivo valenciano, quien ha apostillado que ante «lo peor de esta crisis, que es el rostro de la muerte», el Gobierno valenciano va a trabajar para facilitar ese acompañamiento.

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1 Comentario

1 Comentario

  1. Yanet

    10 abril, 2020 en 9:03 am

    Mi pregunta es ? A los que nos hemos visto en reducción de jornada que pasa ? Por q si yo estaba trabajando a 6 horas y me han bajado a 2 imajina la nómina de abril como .me las arreglo yo .un saludo

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El Constitucional decide hoy si admite el recurso contra la suspensión de la Ley de Nietos

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El Tribunal Constitucional estudia este miércoles, 21 de octubre, si admite a trámite el recurso de amparo presentado por el Defensor del Pueblo contra la suspensión cautelar del derecho al voto de parte de los españoles nacionalizados al amparo de la conocida como Ley de Nietos, de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

La decisión llega en plena controversia sobre cómo aplicar la resolución del Tribunal Supremo, que limita el ejercicio del voto de los nuevos nacionalizados a quienes puedan acreditar documentalmente que descienden de personas exiliadas. Al recurso del Defensor del Pueblo se ha sumado un ciudadano afectado por la suspensión.

Los letrados del Constitucional ven prematuro admitir el recurso

Un informe de los letrados del Tribunal Constitucional considera que sería «prematuro» admitir el recurso de amparo en este momento. No obstante, la decisión corresponde al Pleno del tribunal, que debe determinar si lo tramita.

Según los datos aportados por la Abogacía del Estado, 163.020 personas han sido incorporadas al censo electoral tras obtener la nacionalidad mediante la Ley de Nietos. La controversia se centra ahora en determinar quiénes podrán votar en los comicios del 29-N conforme a los criterios establecidos por el Supremo.

El problema de comprobar los documentos antes del 29-N

La verificación de los expedientes se ha convertido en uno de los principales obstáculos. Exteriores ha puesto en marcha un procedimiento para trasladar a la Oficina del Censo Electoral la información de los nacionalizados antes de 2025, cuando comenzó a funcionar el sistema DICIREG.

Desde entonces se han inscrito alrededor de 70.000 personas cuyos datos ya están disponibles para la Oficina del Censo. Para los expedientes anteriores, las comprobaciones requieren revisar manualmente la documentación aportada para acceder a la nacionalidad por la disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática.

Un total de 48 oficinas consulares han completado, de forma total o parcial, este proceso. El Ministerio de Exteriores ha advertido, sin embargo, de la dificultad de finalizar las comprobaciones a tiempo para las elecciones.

La Junta Electoral enviará la documentación, pero no todos podrán votar

La Junta Electoral Central acordó remitir la documentación electoral a todas las personas inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), aunque ha advertido de que el envío no significa que todos puedan ejercer finalmente el derecho al voto.

El objetivo es que quienes no estén afectados por la resolución del Supremo reciban a tiempo los documentos necesarios para participar en las elecciones. El alto tribunal ha dado a las partes personadas un plazo para presentar alegaciones sobre la decisión de la Junta Electoral Central, que concluye este miércoles a las 15.00 horas.

Entre las partes emplazadas figuran la Abogacía General del Estado, la Fiscalía y los partidos Vox e Iustitia Europa.

También comienza el plazo para presentar las candidaturas

La deliberación del Constitucional coincide con el inicio del plazo para presentar las listas electorales al Congreso y al Senado. Los partidos y coaliciones pueden registrar sus candidaturas ante las juntas electorales provinciales desde este miércoles, 21 de octubre, hasta el lunes 26 de octubre.

Las formaciones afrontan estos días las negociaciones para cerrar sus listas y concretar los acuerdos electorales de cara a los comicios del 29 de noviembre.

La resolución del Constitucional sobre la Ley de Nietos será clave para conocer si el recurso del Defensor del Pueblo sigue adelante. La admisión a trámite no supondría por sí misma una resolución definitiva sobre el fondo del asunto ni garantizaría automáticamente el voto de todas las personas afectadas.

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