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La grúa de València podrá retirar también patinetes

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La nueva empresa adjudicataria del servicio de la grúa de València podrá retirar de la vía pública todos los vehículos de movilidad personal que no cumplan la normativa.

La concesión del Ayuntamiento de València, por cinco años y con un presupuesto de 15,5 millones de euros, incluye esta nueva cláusula que afecta no sólo a los usuarios de vehículos a motor. Así lo ha explicado la vicealcaldesa, Sandra Gómez, al término de la reunión de la Junta de Gobierno Local, en la que también se ha aprobado, entre otros asuntos, una modificación de créditos de 4, 5 millones de euros.

Sandra Gómez ha destacado «la importancia» el acuerdo adoptado para contratar la prestación de los servicios de retirada de toda clase de vehículos de la vía pública del término municipal de València, «incluso los de movilidad personal, como los patinetes», convocar el procedimiento abierto y aprobar los pliegos de condiciones y el gasto correspondiente.

«Este contrato va en la línea de la nueva política municipal para que los acuerdos no condicionen a varias legislaturas, e incluye más servicios para cubrir las nuevas necesidades de la ciudadanía», ha explicado Sandra Gómez, tras recordar que «el anterior contrato se había concebido mal y había sido un problema para la corporación». «El objeto del presente contrato es prestar el servicios de retirada de toda clase de vehículos que pudieran estar incursos en cualquiera de las causas que para esta actuación, según prevén las normas de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y la Ordenanza de Movilidad del Ayuntamiento de València y ello a requerimiento de agentes de Policía Local y o la autoridad municipal competente, así como el transporte, depósito y custodia de dichos vehículos en los locales destinados para tal fin», ha aclarado.

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Plus Ultra: el polémico rescate de 53 millones a una aerolínea de un solo avión vuelve a señalar a Zapatero

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La SEPI aprobó la ayuda para una compañía que apenas representaba el 0,03% del tráfico aéreo español. La UDEF investiga ahora un posible delito de blanqueo de capitales vinculado al uso de los fondos públicos.


La investigación sobre Plus Ultra se reactiva: registro policial y sospechas de blanqueo

El controvertido rescate de Plus Ultra Líneas Aéreas, aprobado por la SEPI en 2021 por un total de 53 millones de euros, vuelve a estar bajo los focos. A primera hora de este jueves, agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registraron la sede de la compañía en Madrid en busca de indicios relacionados con un presunto delito de blanqueo de capitales.

La investigación apunta a que la aerolínea pudo utilizar parte del dinero del rescate para devolver préstamos vinculados a sociedades radicadas en el extranjero, supuestamente relacionadas con una organización criminal dedicada al blanqueo de fondos provenientes de Venezuela, según adelantó ABC.


Una aerolínea con un solo avión y el 0,03% del tráfico aéreo

Cuando la SEPI otorgó la ayuda en marzo de 2021 mediante el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, Plus Ultra solo contaba con una aeronave activa y operaba principalmente rutas entre España y Venezuela. Aun así, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda la clasificó como “empresa estratégica”.

Los datos de actividad previos a la pandemia refuerzan las dudas sobre esa consideración: en 2019, Plus Ultra operó solo 823 vuelos en España, situándose en el puesto 166 del tráfico aéreo. Esto representaba un insignificante 0,03% de las 2,36 millones de operaciones registradas por Aena durante ese año.


Ábalos se desmarca y apunta a Zapatero

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha reiterado que se enteró del rescate en el mismo Consejo de Ministros en el que se aprobó, pese a que correspondía a su ámbito competencial.

En declaraciones a El Confidencial, insistió en que nunca tuvo intervención en la operación y sugirió la posible influencia del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero:

“Me enteré en pleno Consejo de Ministros. Es muy raro que llegue un asunto de Transportes sin informarme previamente. Ahí me di cuenta de que se daba una ayuda a esta compañía.”


Los nombres clave dentro de la SEPI y la sombra de Aldama

En el consejo de la SEPI que autorizó la ayuda participaron la actual ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y Carlos Moreno, director de Gabinete de la ministra de Hacienda, conocido por haber aplazado una deuda tributaria de una sociedad del empresario Víctor Aldama, también implicado en causas judiciales.

La banca española ya había rechazado previamente conceder a Plus Ultra un préstamo avalado por el ICO, por lo que el rescate estatal fue su única vía de financiación.


Un caso archivado… hasta hoy

En 2022, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar si en la concesión del rescate pudieron cometerse delitos de malversación o cohecho, llegando a imputar al expresidente de la SEPI, Bartolomé Lora. Sin embargo, en 2023, la jueza Esperanza Collazos archivó el caso al considerar que se aplicó el decreto de ayudas de manera correcta.

El registro de la UDEF reabre ahora el debate público, reaviva las sospechas sobre la operación y coloca al Gobierno de Pedro Sánchez ante una nueva crisis política vinculada a la polémica aerolínea.

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