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La hija de Zaplana y su yerno imputados por blanqueo de capitales en el caso Erial

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VALÈNCIA, 12 Mar.- La titular del Juzgado de Instrucción número 8 de València, que instruye el caso Erial, en el que se encuentra investigado el expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, ha incluido como imputados en la causa a una de las hijas del exjefe del Consell y al marido de esta última por un presunto delito de blanqueo de capitales.

Según han informado a Europa Press fuentes conocedoras de esta citación, tanto María, hija del exministro del Gobierno de José María Aznar, como su marido han sido imputados en esta causa por diversos motivos, aunque el principal está relacionado con el alquiler de la vivienda en la que Zaplana dormía cuando se trasladaba a València para recibir el tratamiento de su enfermedad en el Hospital La Fe.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cifra en 10.521.351,28 euros el montante total de los presuntos sobornos recibidos por las adjudicaciones supuestamente «amañadas» del Plan Eólico Valenciano y de las ITV, que recayeron en sociedades familiares de los Cotino.

Zaplana y sus dos presuntos testaferros –Joaquín Barceló, exdirectivo de Terra Mítica y ex alto cargo en la época de Zaplana, y Francisco Grau, exsecretario del consejo de administración de la CAM– quedaron en libertad el pasado 7 de febrero después de que la magistrada bloqueara 6.330.000 euros que considera que tenían en dos cuentas en Suiza, hecho que para la instructora «minimiza» el riesgo de fuga. En la causa también figura como investigada la mujer del exministro, Rosa Barceló.

Fuente: Europa Press

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Condena histórica al fiscal general: dos años de inhabilitación por revelación de secretos contra el novio de Ayuso

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Álvaro García Ortiz

El Tribunal Supremo (TS) ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, a dos años de inhabilitación y a pagar una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos. La sentencia afecta a Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien el Tribunal ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales.

Según la resolución del Supremo, García Ortíz vulneró la confidencialidad de información sensible relacionada con Alberto González Amador, un acto considerado grave por comprometer derechos fundamentales y la confianza en la administración pública.

Esta decisión del Tribunal Supremo marca un precedente significativo sobre la responsabilidad de altos cargos en el manejo de información confidencial, reforzando la protección jurídica frente a filtraciones o revelaciones indebidas.

 


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