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La huelga de pilotos de Ryanair de este viernes afectará a más de 10.000 pasajeros españoles

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Ryanair incendio motor Italia

Los pilotos de Ryanair de Alemania, Bélgica, Irlanda y Suecia han convocado para este viernes una huelga para protestar contra las condiciones laborales de la compañía aérea. Por este motivo, la compañía de baja coste ha cancelado alrededor de 400 vuelos, 78 trayectos de ellos con origen o destino a alguna ciudad española, con unos más 10.000 viajeros afectados. Se trata de la segunda huelga en menos de un mes de la aerolínea lowcost líder en Europa y la primera en su historia que efectúan de manera conjunta pilotos de varios países.

La Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (Avacu) ha recordado a los usuarios afectados por la huelga de pilotos convocada este viernes en la compañía aérea de bajo coste Ryanair, que afectará a 24 vuelos con origen o destino en España, que pueden pedir indemnizaciones.

Al igual que ocurrió con los paros convocados el pasado mes por trabajadores de la compañía, los pasajeros afectados tienen derecho a recibir las correspondientes indemnizaciones previstas en el Reglamento 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de febrero por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, según ha informado la entidad en un comunicado.

En este sentido, la asociación ha «animado» a los viajeros damnificados a presentar las reclamaciones pertinentes ante la compañía y ha explicado que los pasajeros afectados tienen derecho a recibir información con las condiciones de asistencia y compensación; recibir asistencia –alimentación o bebida–; y, en caso de que fuera necesaria, la pernoctación, alojamiento y transporte.

Asimismo, han indicado que también tienen derecho a solicitar el reembolso o transporte alternativo, pudiendo elegir entre devolución del importe del billete adquirido en siete días, transporte al destino final a la mayor brevedad posible o transporte al destino final en una fecha distinta y que convenga al pasajero.

Por otra parte, desde Avacu han señalado que los afectados podrán solicitar una indemnización, cuyos importes dependerán del kilometraje del vuelo contratado y siempre y cuando concurra alguno de estos requisitos, como que se informe de la cancelación a los usuarios al menos con dos semanas de antelación a la hora prevista de salida del vuelo.

Otro requisito es que se informe de la cancelación a los usuarios al menos con un periodo de entre dos semanas y siete días y se les haya ofrecido transporte alternativo que les permita salir con no más de dos horas de antelación con respecto a la hora de salida prevista y llegar a su destino final con menos de cuatro horas de retraso con respecto a la hora de llegada prevista.

El último requisito que podría cumpliese es que se haya informado de la cancelación a los usuarios con un plazo menor de siete días de antelación y se les ofrezca un vuelo alternativo que les permita salir con no más de una hora de antelación de la hora prevista inicialmente y llegar a su destino final con menos de dos horas de retraso con respecto a la hora de llegada prevista.

HOJA DE RECLAMACIONES CON DOCUMENTOS ADJUNTOS
Avacu ha explicado a los usuarios que el primer paso para poner una reclamación es ponerlo en conocimiento de la propia compañía y han aconsejado hacerlo a través de una hoja de reclamaciones u otro medio escrito fehaciente, ya sea a través de la propia compañía, en las oficinas de la autoridad aeroportuaria –AENA, en España– o a través de un organismo de consumo.

En este sentido, han indicado que a la reclamación deberán adjuntarse la copia de los documentos pertinentes, como billetes, número de localizador, tiques o facturas y en caso de no recibir «respuesta satisfactoria» a esta reclamación, el consumidor podrá reclamar ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).

Además, han señalado que en caso de que ninguna de las anteriores vías sea satisfactoria, el consumidor podrá acudir a la vía judicial y desde Avacu se han puesto a disposición de los posibles afectados para asesorarles ante cualquier duda o problema, a través del teléfono 96 352 68 65 o mediante el correo electrónico avacu@avacu.es.

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Ribó imputado por supuesta construcción ilegal de piscina en Alboraia

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Joan Ribó imputado

VALÈNCIA. La presunta edificación irregular de una piscina municipal promovida por el Ayuntamiento de Alboraia en terrenos pertenecientes a València está generando controversia legal. Esta situación no solo afecta al consistorio de l’Horta Nord, sino también a la capital del Turia, ya que su exalcalde, Joan Ribó, ha sido citado a declarar como investigado en el proceso judicial.

El Juzgado de Instrucción Nº 19 de València ha admitido la solicitud de comparecencia formulada por la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho, que ejerce la acusación popular y está presidida por la exalcaldesa de Catarroja, María Ángeles López. Según el auto judicial al que ha accedido Valencia Plaza, Ribó deberá comparecer el próximo 22 de julio.

La mencionada asociación, representada por el abogado Víctor Soriano, sostiene que existía conocimiento previo por parte de Joan Ribó y la exconcejala de Urbanismo, Sandra Gómez, sobre la construcción de la piscina, dado que su emplazamiento fue ampliamente difundido en medios de comunicación.

 

Sin embargo, afirman que no se tomaron medidas administrativas para legalizar la situación o iniciar procedimientos sancionadores.

Tanto el Ayuntamiento de València como el de Alboraia están bajo investigación por esta supuesta irregularidad urbanística. Desde 2022, el consistorio de Alboraia impulsó la construcción de la piscina en terrenos propios ubicados dentro del término municipal de València.

Según las declaraciones recopiladas en la instrucción judicial, estos terrenos se encontrarían en un proceso de segregación para ser incorporados al municipio de Alboraia.

Plan General de Alboraia

El Plan General de Alboraia los clasifica como suelo urbano, mientras que el de València los considera suelo protegido no urbanizable.

El complejo acuático en cuestión es una piscina municipal al aire libre, cuyo coste ascendió a 1,2 millones de euros, financiado parcialmente con una subvención de la Diputación de València. Su ubicación colinda con el campo de fútbol del Alboraya UD, pero según la investigación, fue construido en terrenos no urbanizables catalogados como huerta protegida.

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