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Valencia

La juez procesa a Consuelo Císcar por fraude millonario en la compra de esculturas de Gerardo Rueda

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VALÈNCIA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) – La magistrada de refuerzo adscrita al Juzgado de Instrucción 21 de València ha abierto procedimiento abreviado contra la exdirectora del Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) Consuelo Ciscar por un presunto fraude millonario con la adquisición de reproducciones de obras del escultor fallecido Gerardo Rueda.

La jueza confirma también la existencia de indicios criminales en la actuación de otros dos investigados: el ex director económico administrativo del museo, Juan Carlos Lledó, y el hijo y heredero del artista, José Luis Rueda.

Estas diligencias constituyen la pieza separada número 2 de las supuestas irregularidades en la gestión del museo público que fueron denunciadas en 2015 por la Fiscalía Anticorrupción, detalla el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en un comunicado.

El auto de transformación de dichas diligencias en procedimiento abreviado, que puede ser recurrido, recoge que los hechos investigados podrían ser constitutivos de delitos continuados de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y falsedad en documento oficial.

La instructora detalla en 109 páginas el supuesto fraude perpetrado por la cúpula directiva del IVAM mediante la compra, con cargo a los fondos públicos, de 58 reproducciones de obras de Gerardo Rueda.

Esas creaciones fueron adquiridas, junto a otras 40 del mismo escultor, fallecido en 1996, a precio de obras de arte originales –explica la magistrada–, «contraviniendo con ello lo suscrito en los contratos y enriqueciendo con ello ilícitamente» a José Luis Rueda en la cuantía de 2.944.325 euros.

Un importe que debe sumarse a los 512.524 euros que pagó el IVAM a una fundación privada para fundir 44 de las obras. Además, algunas de esas piezas fueron promocionadas «de forma indebida» con exposiciones organizadas y sufragadas por el propio IVAM, y que contaron con la intervención directa del hijo de Gerardo Rueda, para «encubrir y extender el engaño», con un desembolso añadido de casi 720.000 euros, precisa en el auto.

EXPEDIENTES BAJO SOSPECHA
Dos son los expedientes de adquisición bajo sospecha. El primero, fechado, en 2004, se inició con una carta enviada por la Fundación Rueda a Consuelo Ciscar en la que se ofrecía al IVAM la obra ‘El Gran Relieve’, que había sido expuesta en el mismo museo en mayo de 1996, por 360.000 euros, como condición previa para la donación de otras trece creaciones del artista.

Todas esas obras, según la instructora, no habían sido realizadas en vida por el escultor, sino que fueron reproducidas tras su muerte en la fundición Eduardo Capa, lo que no concuerda «con lo pactado y estipulado en los diferentes documentos» donde se justificaban esas compras.

El segundo expediente de adquisición analizado es del año 2006 y comprende la compra de otras siete obras de Rueda por un importe total cercano a los 2,6 millones de euros, sin que conste una propuesta de venta previa efectuada por el hijo del artista. El contrato en el que se formalizó esa operación, que incluía la donación de 77 piezas más, obligaba al IVAM a asumir los gastos de fundición de 44 de ellas.

La jueza explica que en los documentos relativos a esa adquisición «no se hace uso de términos como prueba de autor, copia, reproducción, edición de serie limitada o realización post mortem y por el contrario sí que se usa el término obra original u obras cuyo autor es Gerardo Rueda».

«Las obras adquiridas por el IVAM objeto de análisis en la presente resolución, habiendo abonado por ellas con cargo a los fondos públicos la cantidad total de 3.456.876 euros, son simples reproducciones, lo cual en ningún momento se determinó en los contratos suscritos, y a pesar de lo cual, y a sabiendas de que eran copias post mortem, se adquieren a precio de obra de arte original», precisa la magistrada.

La instructora alude a varios correos electrónicos internos de empleados del IVAM y a informes periciales, entre otras pruebas, para concluir que los entonces dirigentes del museo eran plenamente conscientes de que compraban reproducciones y que estaban pagando por ellas precios «desproporcionados» y «desmesurados».

El auto, notificado este viernes, 4 de octubre, a las partes, emplaza a la Fiscalía y demás acusaciones a pedir la apertura de juicio oral, o el sobreseimiento de la causa, en el plazo de diez días.

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Valencia

Ábalos sigue en libertad: El Supremo descarta enviarlo a prisión tras el informe de la UCO sobre sus «ingresos irregulares»

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José Luis Ábalos
El exministro de transporte José Luis Ábalos llega al Tribunal Supremo para declarar como investigado. - Eduardo Parra - Europa Press

El exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, continúa en libertad mientras el Tribunal Supremo analiza su papel en el conocido caso Koldo. A pesar de que la Fiscalía ve riesgo de fuga, no ha solicitado su ingreso en prisión, argumentando que su condición de diputado y aforamiento reduce ese peligro. En cambio, las acusaciones populares, encabezadas por el Partido Popular, sí han reclamado su prisión provisional de forma inmediata.


La Fiscalía reconoce riesgo de fuga pero descarta la prisión por el momento

Durante la vistilla celebrada tras su última comparecencia ante el juez, el Ministerio Fiscal reconoció que existen indicios que podrían justificar medidas más restrictivas, como la prisión preventiva, pero consideró que el aforamiento de Ábalos y su escaño en el Congreso actúan como una garantía de arraigo y control institucional. Por ello, solicitó mantener las medidas cautelares actuales: retirada de pasaporte, prohibición de salida del país y comparecencias periódicas.

Las acusaciones populares, sin embargo, sostienen que el exministro mantiene capacidad para influir o destruir pruebas, y que su libertad podría suponer un riesgo procesal. Argumentan que su posición política no debería servir como escudo frente a las medidas judiciales que se aplican habitualmente a otros investigados por delitos similares.


Ábalos guarda silencio ante el juez por sentirse indefenso

En esta última citación, Ábalos decidió acogerse a su derecho a no declarar. Según fuentes jurídicas, justificó su silencio alegando que se siente “indefenso” ante la interpretación de los documentos económicos que lo implican en supuestos ingresos irregulares. Esta estrategia marca un giro en su defensa, pues en anteriores ocasiones sí había ofrecido explicaciones ante el tribunal.

El exministro mantiene su inocencia y defiende que no existen pruebas concluyentes que lo vinculen con el cobro de comisiones o la gestión de fondos ilícitos relacionados con el caso Koldo.


El caso Koldo y las medidas cautelares vigentes

El caso, centrado en presuntas adjudicaciones irregulares y comisiones ilegales, sigue su curso en el Tribunal Supremo. Ábalos continúa bajo medidas cautelares, que incluyen:

  • Retirada de pasaporte.

  • Prohibición de abandonar el territorio nacional.

  • Comparecencias periódicas ante la autoridad judicial.

Estas condiciones fueron ratificadas por el juez instructor, que por el momento descarta el ingreso en prisión mientras se evalúan las nuevas pruebas presentadas por la UCO.


Implicaciones políticas de la decisión judicial

La decisión de mantener a Ábalos en libertad tiene importantes consecuencias políticas. Si el exministro fuera finalmente encarcelado de forma preventiva, sería suspendido automáticamente como diputado, lo que podría alterar la correlación de fuerzas en el Congreso en una legislatura especialmente ajustada.

Su caso genera además una fuerte tensión interna en el PSOE, que intenta distanciarse de cualquier sospecha de corrupción mientras el proceso judicial sigue abierto.


Conclusión

José Luis Ábalos permanece en libertad, aunque con medidas cautelares y bajo la vigilancia del Tribunal Supremo. La Fiscalía admite la existencia de riesgo de fuga, pero considera que su escaño actúa como una garantía suficiente, mientras las acusaciones populares insisten en su ingreso en prisión provisional.

El exministro, que ha optado por guardar silencio en su última declaración, afronta un proceso judicial de alto impacto político y mediático, cuyo desenlace será determinante para su futuro personal y el equilibrio parlamentario actual.

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