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La OMS insta al uso de mascarillas en las reuniones familiares ante el riesgo de una tercera ola

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reuniones familiares navidad

Copenhague, 16 dic (EFE).- La Oficina regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado este miércoles el uso de mascarillas en las reuniones familiares navideñas y advirtió del riesgo de una tercera ola en los primeros meses de 2021.

«Las reuniones deberían ser en espacios exteriores, si es posible, y los participantes deberían llevar mascarillas y mantener la distancia física. En espacios interiores, limitar el tamaño del grupo y asegurar una buena ventilación para reducir el riesgo de exposición son claves», ha informado la OMS en un comunicado.

La OMS-Europa, que tiene su sede en Copenhague, resaltó que las reuniones en espacios interiores pueden ser especialmente peligrosas porque se juntan grupos de personas de diferentes hogares y edades y que pueden no haber adoptado las mismas medidas de prevención.

«Puede parecer incómodo llevar mascarillas y practicar la distancia física con amigos y familia, pero hacerlo contribuye de forma significativa a que cada uno esté seguro y saludable», resalta este organismo, que aconseja evitar las aglomeraciones en el transporte.

Para las celebraciones y procesiones religiosas y mercados navideños, la OMS propone que se considere «seriamente» su reducción o su aplazamiento en países con amplia transmisión comunitaria.

Los servicios religiosos deberían ser al aire libre, cuando sea posible, o limitados en tamaño y duración, con distancia física, ventilación, higiene y mascarillas, independientemente de la situación epidémica del área en cuestión.

«A pesar de un progreso frágil, la transmisión de la covid-19 en la región europea sigue siendo amplia e intensa. Hay un gran riesgo de una nueva oleada en las primeras semanas y meses de 2021, y necesitamos trabajar todos juntos si queremos tener éxito en prevenirlo», advierte la OMS.

Este organismo hace una llamada a la responsabilidad individual e invita a no subestimar la importancia de las decisiones personales y comunitarias en la evolución de la pandemia de coronavirus.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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