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La Policía científica finaliza su trabajo en el edificio calcinado en València

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El juzgado de Catarroja reclama en tres días las imágenes y audios clave de la gestión durante la tragedia que dejó 229 muertos en Valencia

Publicado
hace 2 añosen
En declaraciones a los periodistas, el encargado de la empresa de cerrajería Seguritron, Rafael Rodríguez, ha explicado que la policía les ha contactado para que cerraran los accesos al edificio calcinado.
«Nos han llamado para hacer el cerramiento interior porque, una vez acaben los bomberos, hay que dejarlo todo cerrado para que la gente de la calle no pueda entrar», ha indicado Rodríguez.
Los cerrajeros se encargarán de blindar todos los puntos de entrada de los bajos del edificio para impedir que nadie ingrese al interior de la finca.
«Es una cuestión de seguridad», ha agregado el cerrajero, que tras entrar en los bajos del inmueble ha visto el «desastre» del incendio por dentro.
«Lo he visto todo quemado, un desastre. Me he llevado una impresión muy mala porque yo he trabajado aquí muchos años haciendo trabajos de cerrajería», ha señalado.
La Policía científica ha finalizado ya su trabajo de revisión «palmo a palmo» del edificio incendiado en el barrio valenciano de Campanar, por lo que ha salido ya del inmueble, mientras que todas las muestras de ADN están en la Comisaría central para analizarlas.
Así lo ha señalado este lunes la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, quien respecto a las causas del siniestro ha recordado que el caso está bajo secreto de sumario y no ha facilitado datos al respecto.
Publicado
hace 10 horasen
19 septiembre, 2025Sigue la última hora de la investigación de la justicia en la gestión de la DANA:
VALÈNCIA, 19 de septiembre de 2025 – Europa Press
La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja (Valencia) ha dado un nuevo paso en la investigación judicial por la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024, solicitando oficialmente a À Punt (la radiotelevisión pública valenciana) y a Emergencias de la Generalitat Valenciana que entreguen las grabaciones de imagen y sonido de la reunión del Cecopi correspondiente a ese día.
El requerimiento establece un plazo máximo de tres días para aportar el material audiovisual del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), órgano clave durante la emergencia que acabó con la vida de 229 personas en la provincia de Valencia.
Las grabaciones solicitadas podrían contener información esencial sobre cómo actuaron las autoridades autonómicas en las horas críticas previas y posteriores a las inundaciones masivas provocadas por la DANA.
Este material es considerado evidencia clave en la causa judicial abierta para determinar posibles responsabilidades políticas, técnicas o penales derivadas de una presunta mala gestión de la emergencia.
La jueza ya había solicitado anteriormente este contenido, y este nuevo requerimiento implica que no se ha entregado completamente o no se ha hecho dentro de los términos solicitados por el juzgado.
El Cecopi es el órgano encargado de coordinar la respuesta ante emergencias en la Comunitat Valenciana. Durante la catástrofe del 29 de octubre de 2024, se habría reunido en sesión extraordinaria para gestionar la crisis.
Sin embargo, la falta de respuestas, posibles retrasos en la actuación y algunas declaraciones captadas en vídeos filtrados —como la ya conocida frase de la consellera de Emergencias, Salomé Pradas: «A mí no me apetece llamarlo» (en referencia al presidente de la CHJ, Miguel Polo)— han encendido las alarmas sobre una posible negligencia institucional.
Este nuevo movimiento judicial refuerza la línea de la jueza de recabar toda la información posible para esclarecer los hechos. Si se confirma que las grabaciones no se conservaron o se manipularon, podría derivar en nuevas responsabilidades legales.
Además, la insistencia judicial podría acelerar las citaciones a declarar de miembros del gobierno autonómico e incluso provocar nuevas imputaciones en la causa.
VALÈNCIA, 19 de septiembre de 2025 – EUROPA PRESS
La crisis política y judicial abierta por la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024, que causó 229 muertes en la provincia de Valencia, sigue intensificándose. Este viernes, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, declara como testigo ante la jueza de Catarroja, mientras crecen las acusaciones cruzadas entre la Generalitat Valenciana y el Gobierno de España.
Desde el Consell, la vicepresidenta y portavoz Susana Camarero ha reclamado a Polo que “diga la verdad, lo que pasó ese día, lo que sabía y por qué no se avisó de la crecida de los barrancos”. “Después de diez meses de silencio absoluto, su testimonio es fundamental”, ha afirmado tras la Mesa de Diálogo Social encabezada por el president Carlos Mazón.
Por su parte, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha defendido la actuación de la CHJ y ha afirmado que Polo “aclarará el marco competencial” en su comparecencia judicial, frente a lo que ha calificado como «intento del Consell de reescribir la historia y trasladar responsabilidades».
«El máximo responsable de la seguridad y de la protección de los valencianos ante una emergencia es el Gobierno de la Generalitat», ha recordado Bernabé en una entrevista con RNE, en la que ha acusado al ejecutivo de Mazón de «despreocupación» y falta de reacción durante las horas más críticas del 29 de octubre.
Bernabé ha subrayado que la CHJ envió alertas hidrológicas a la Generalitat a las 10:00 h (Cuenca del Magro) y a las 12:00 h (Cuenca del Poyo), lo que debería haber activado el nivel 0 del Plan Especial de Inundaciones.
«Eso obliga a la Generalitat a desplegar efectivos y, si no los tiene, a pedirlos. Pero no lo hicieron», ha denunciado.
También ha señalado que entre las 17:00 y las 18:43 horas, la CHJ envió 10 avisos pluviométricos al Centro de Coordinación de Emergencias, alertando de lluvias muy intensas. “Eso debió generar una respuesta inmediata”, ha insistido.
La delegada ha calificado de «sorprendente» que la jueza haya tenido que reclamar por tercera vez los audios del Cecopi a la Generalitat y a À Punt. Ha instado al president Mazón a que “deje de hacerse el remolón” y colabore plenamente con la justicia.
«Estoy cansada de escuchar que colaborará. Lo primero es no manipular, y lo segundo es enviar toda la información cuando se le pide. Incluso se le ha ofrecido declarar voluntariamente como imputado», ha señalado con contundencia.
Bernabé también ha criticado la actitud de la entonces consellera de Emergencias, Salomé Pradas, quien fue grabada en un vídeo preguntando si alguien tenía el número de Miguel Polo, para terminar diciendo: “A mí no me apetece llamarlo”.
La salida anunciada del vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social, Francisco José Gan Pampols, prevista para noviembre, ha generado nuevas dudas.
«¿Acaso cree Mazón que en noviembre ha terminado la reconstrucción?», se ha preguntado Bernabé, quien ha asegurado que el Gobierno de España continuará con el proceso de reconstrucción aunque la Generalitat se retire.
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, ha comparecido este viernes ante el juzgado de Catarroja en calidad de testigo en la investigación por la gestión de la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) que dejó un trágico balance de víctimas mortales.
Polo ha llegado a las dependencias judiciales sobre las 9:00 horas, donde ha sido recibido por un grupo de personas que exigían responsabilidades por las 229 víctimas que, según sus pancartas, fueron consecuencia directa de una «mala gestión». A pesar del ambiente tenso, el responsable de la CHJ ha mostrado tranquilidad y firmeza:
“Venir aquí en estas condiciones no es agradable, pero no estoy nervioso ni tengo miedo. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ocultar”.
La comparecencia de Polo se enmarca dentro de las diligencias abiertas para esclarecer las posibles responsabilidades administrativas o técnicas en la gestión del episodio extremo de lluvias que azotó la Comunitat Valenciana. Las autoridades investigan si hubo fallos de coordinación o previsión por parte de los organismos competentes, entre ellos la CHJ.
A las puertas del juzgado, alrededor de una decena de manifestantes han mostrado su indignación por lo que consideran una «negligencia institucional». Entre los carteles, se podían leer mensajes como «229 vidas por vuestra incompetencia», mientras algunos asistentes increpaban verbalmente a Polo en su llegada.
Polo ha asegurado que responderá a las preguntas de los medios una vez concluya su declaración ante el juez. Desde la CHJ, reiteran su colaboración total con la Justicia y defienden su actuación durante el episodio meteorológico.
La DANA, que se produjo en otoño de 2023, provocó graves inundaciones, daños materiales y una cifra de fallecidos sin precedentes en la región. Desde entonces, familiares de las víctimas y colectivos sociales reclaman que se depuren responsabilidades y se esclarezca si la tragedia pudo haberse evitado.
La magistrada del Tribunal de Catarroja amplía el plazo de instrucción para esclarecer las muertes y daños causados por la DANA del 29 de octubre de 2024
VALÈNCIA, 17 de septiembre de 2025 – La jueza titular del Juzgado de Instrucción número 3 del Tribunal de Instancia de Catarroja ha acordado prorrogar seis meses más la investigación judicial abierta por los fallecimientos y lesiones provocados por la gota fría (DANA) que azotó la Comunidad Valenciana el pasado 29 de octubre de 2024.
Según el auto judicial fechado este miércoles, el nuevo plazo de instrucción comenzará a contar a partir del 30 de octubre de 2025, fecha en la que expira el actual periodo de 12 meses.
La instructora fundamenta la necesidad de la prórroga en la «complejidad de la causa», debido a que aún queda por tomar declaración a decenas de perjudicados, testigos y peritos, cuya participación ya ha sido acordada previamente.
Asimismo, el juzgado está pendiente de recibir informes, oficios y grabaciones de audio y vídeo, como las correspondientes a la reunión del CECOPI del mismo día del temporal, documentos que podrían ser claves para el avance de la causa.
“La finalización de la instrucción en el plazo restante de un mes no es factible”, señala la jueza, quien considera la prórroga una medida imprescindible para garantizar la tutela judicial efectiva de todas las partes implicadas.
Junto al auto, el órgano judicial ha emitido una diligencia de ordenación en la que se tramitan varios escritos, entre ellos uno del presidente de la Corporación Audiovisual de la Comunidad Valenciana SA, en respuesta a un requerimiento judicial emitido el pasado 15 de septiembre.
Además, se ha procedido a citar a declarar a nuevos perjudicados durante el próximo mes de octubre, lo que confirma que el caso continúa activo y en proceso de recopilación de pruebas.
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